En el despacho de Guillermo Moreno, además de fotos de Perón y de Evita, y de varios modelos de camisetas de Racing, hay un caballete en el que el ya legendario secretario de Comercio Interior despliega sus cartulinas estratégicas. En estos días, mantiene extendido allí un organigrama del Grupo Clarín que le sirve al funcionario para recordar en todo momento la batalla que considera más importante el gobierno de Cristina Kirchner. La novedad es que, al pie del caballete, hay dos cartulinas misteriosas enrolladas esperando a ser desplegadas en el futuro cercano. Son los organigramas del Grupo Techint, el otro frente empresario que el kirchnerismo abrió en las últimas semanas luego de anunciar su intención de incorporar nuevos integrantes del Anses en el directorio.
El parte de guerra K indica, en este mes de mayo y a seis meses de las elecciones, que la apuesta final contra Clarín se hará luego de los comicios presidenciales (siempre y cuando Cristina logre la reelección) y que la ofensiva contra Techint todavía tiene chances de negociación si la multinacional de origen argentino que conduce Paolo Rocca encuentra un canal de diálogo que modifique el estado de confrontación que hoy se dirime en los estrados judiciales.
Moreno se lo resume así a sus visitantes. “La Presidenta me mandó los rollitos de cartulina de Techint y ahí los tengo; cuando ella me lo ordene los pongo en el caballete y empezamos a trabajar...”, explica con una sonrisa. De todos modos, el funcionario que ha crecido a partir de sus discusiones a los gritos con muchos empresarios argentinos diferencia las situaciones de enfrentamiento con Clarín y Techint. Para él, y para casi todo el kirchnerismo, la batalla con el grupo de medios de comunicación que lidera Héctor Magnetto es irreversible e irán a fondo para estrangular su poder económico y, de ser posible, aniquilar su histórica influencia política.
El ataque K contra Clarín tiene varios frentes. El más importante, y en el que está empeñado personalmente Guillermo Moreno, es la causa Papel Prensa. El esfuerzo judicial del Gobierno está concentrado en demostrar que la compra de la planta de fabricación de papel, con la que Clarín y La Nación lograron posiciones dominantes en el mercado de los diarios, es un acto de “lesa humanidad” consumado durante los años oscuros de la última dictadura militar. Si la Justicia termina avalando esa hipótesis, el Gobierno pedirá que el CEO de Clarín vaya preso.
Los abogados defensores del grupo periodístico celebraron hace una semana los términos en los que el juez de La Plata, Angel Corazza, se declaró incompetente en la causa Papel Prensa porque creen que es el inicio de un camino que debería finalizar con la desestimación del pedido. Confían en que Magnetto pueda salir del acoso judicial kirchnerista aunque hay otra posibilidad que estremece a Clarín: que el caso, ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas, termine siendo sorteado y recaiga en el juzgado oportuno de Norberto Oyarbide. Allí, lo admiten hasta los directivos del grupo en la intimidad, deberán trabajar muy duro para resistir la andanada oficial que intenta la máxima fantasía K: empujar a Magnetto hasta prisión.
Además de la causa Papel Prensa, el Gobierno presiona al Grupo Clarín con la denuncia contra los hijos de su directora, Ernestina Herrera de Noble, donde cuenta con el apoyo de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero este caso no pudo avanzar todavía más allá de las presunciones y hay funcionarios que ya admiten en privado su escepticismo en cuanto a descubrir pruebas que demuestren que Marcela y Felipe Noble sean hijos de desaparecidos. La disputa gira en torno a las pruebas de ADN, que los hijos de Noble aceptan hacerse en el Cuerpo Médico Forense pero rechazan hacerlas en el Banco Nacional de Datos Genéticos tal como lo pidieron siempre los organismos de derechos humanos.
Ya en el plano más económico, el Grupo Clarín resiste con medidas cautelares la ofensiva kirchnerista contra Cablevisión y Fibertel. El Gobierno cree que, después de las elecciones, podrá desguazar la compañía cableoperadora más grande del país surgida de la fusión entre Cablevisión y Multicanal que firmó el fallecido ex presidente Néstor Kirchner en 2007. De ese modo, también intentaría reducir la facturación del grupo, hoy sostenida en buena parte por las ganancias de la compañía líder del mercado de cable. “La pelea con Clarín va a tener una resolución política después que gane Cristina”, es la frase con la que Moreno suele cerrar la polémica sobre la cuestión.
El fortalecimiento de Moreno en la gestión de Cristina ha complicado la situación del Grupo Clarín. Casi afuera del gobierno tras la muerte de Kirchner, a quien le rendía cuentas de sus actos personalmente, Moreno resistió los embates de sus adversarios internos y poco a poco fue ganándose la estima de la Presidenta. Son varios los ministros que pasan por su despacho de la calle Diagonal Sur para pedirle datos económicos y actúa con un grado de independencia similar o superior al de los integrantes más encumbrados del gabinete nacional.
Aunque suelen trazarse paralelismos con el Grupo Clarín, el escenario es menos dramático cuando en la Casa Rosada hablan del enfrentamiento con el Grupo Techint. La intención del Gobierno, luego del estallido que produjo la movida oficial para nombrar como director por el Estado al economista Axel Kiciloff, ligado a la agrupación La Cámpora que fundó Máximo Kirchner, es discutir con la conducción ejecutiva de la multinacional el destino de la reinversión de utilidades. Sin dar precisiones, los funcionarios K aseguran que Techint financia la expansión global de la compañía con ganancias obtenidas en la Argentina. El grupo empresario más importante del país ha decidido dar batalla judicial y su máximo referente, Paolo Rocca, le dijo a El Cronista hace dos semanas en Houston que, si las grandes empresas nacionales no se globalizan corren el riesgo de ser adquiridas o absorbidas por la competencia extranjera. Y estimó que “si hay un clima de negocios hostil para las empresas, todos los activos del país irán perdiendo valor”.
El martes, el Grupo Techint ratificó su postura al inaugurar un centro productivo en Veracruz, México, con la presencia del presidente mexicano, Felipe Calderón. Pero el Gobierno le sigue reclamando un diálogo directo por fuera de los despachos judiciales y sugiere un camino hoy inaceptable para la compañía: excluir de una eventual negociación a Luis Betnaza, el actual vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina y el representante institucional del grupo en todas las mesas del poder en la Argentina. “Está demasiado pegado a Clarín y tienen que entender que eso se acabó”, se envalentona un ministro de los que tienen a su cargo la relación del kirchnerismo con el empresariado.
Este es el escenario antes de la elección que definirá el mapa del poder nacional a partir del 2012. Una batalla sin retorno con el Grupo Clarín, que alienta la Presidenta en los hechos pero nunca en el discurso público, a diferencia de lo que hizo Kirchner hasta el día de su muerte. Y una disputa tal vez reversible con el Grupo Techint, que aún tiene las puertas abiertas para la negociación, siempre que sea en los términos del Gobierno. La reelección de Cristina (que hoy anticipan las encuestas de la Casa Rosada) o su eventual derrota definirán hasta dónde podrá el kirchnerismo concretar sus planes, esos que descansan en papel de cartulina en el despacho de Moreno.