Dado que “todos y todas” dan por descontado un triunfo del kirchnerismo en las elecciones presidenciales del 23 de octubre próximo, es necesario tal vez hacer una pequeña sugerencia para tratar de neutralizar parte de ese amañado resultado.

Envalentonado el kirchnerato por el éxito del fraude electoral cometido el pasado 14 de agosto, en elecciones primarias absolutamente ilegítimas (ya que no hubo puja interna para los candidatos a presidente), ahora viene por más, es decir, por la obtención del premio mayor: la titularidad del Ejecutivo Nacional.

La indolencia del pueblo, sumado a la falta de una verdadera oposición determina que nuestro país quede sumido en la molicie, la indiferencia y la más absoluta cobardía para combatir la corrupción escandalosa enquistada en el poder desde el 25 de mayo de 2003.

Nos esperan otros cuatro años de calvario que seguramente serán sucedidos de otros tantos más de kirchnerismo puro, y sin solución de continuidad, intercambiando personeros del partido gobernante.

Aniquilada la oposición, nada ni nadie podrá entorpecer el camino de la destrucción de nuestro país y sus instituciones, a la par que seguirán llenando los bolsillos de aquellos inescrupulosos que integran el séquito de obsecuentes de la asociación ilícita instalada en la Casa Rosada.

Desde esta humilde tribuna es necesario que, para garantizar el resultado de las próximas elecciones, y mientras no se sustituya el modo de sufragar mediante el voto electrónico, o cuando menos, la boleta única, se comisione a todos los escribanos públicos del país a que en ese día trascendental cubran la función de delegados certificantes de los resultados de cada una de las mesas donde se vote, verificando la identidad de las personas y el conteo real de los votos emitidos, para oportunamente contrastarlos con la carga virtual en el centro de cómputos del Ministerio del Interior, interviniendo con su firma los telegramas correspondientes.

De por sí los escribanos revisten la calidad de funcionarios públicos, están 365 días detentando la calidad de fedatarios y bien vale que el día en que se eligen autoridades de tamaña envergadura hagan un sacrificio por el país y en beneficio de la sociedad, dotando de transparencia tan sospechado acto ciudadano. Obviamente el Estado deberá compensar adecuadamente a todos esos colaboradores, acorde a su responsabilidad y especial dedicación.

También es necesario que se mantengan las urnas, las boletas y sobres allí contenidos, como así también los telegramas y planillas que reflejen documentadamente el acto comicial, como soporte documental de las respectivas actas notariales de constatación.

 Actualmente todo el control de dichos escrutinios lo hacen autoridades dependientes del Ministerio del Interior, es decir, que lo realizan los propios funcionarios interesados en que se mantenga el mismo aparato cleptómano de gobierno, manejando el padrón de ciudadanos en condiciones de votar como el manejo del sistema informático de conteo y resultados, todo cual constituye un andamiaje formidable para garantizar el resultado deseado, con independencia de la realidad.

El haberle quitado atribuciones a la justicia Federal electoral atenta contra la veracidad y aniquila la transparencia que se pretendió instalar a partir de la reforma política.

Todo sistema, por seguro que fuere, puede ser vulnerado, pero si se arbitrasen más y mejores medios para intentar impedirlo, podremos esperar que se minimice el estruendoso triunfo que se avecina.

Enrique Piragini