En el día de hoy, diario El Cronista revela sobre la última estrategia del gobierno para combatir la inflación: intimidar el periodismo que hable sobre ella.
El director periodístico del diario, Fernando González, indica que envalentonados con el porcentaje conseguido en las últimas elecciones primarias, algunos funcionarios parecen estar convencidos de que pueden impulsar medidas disparatadas, subidos al caballo del éxito en las urnas y tener impacto en el ambiente judicial.
“Sólo de este modo se entiende el oficio que recibió El Cronista en el que un juez (Alejandro Catania, titular del Juzgado en lo Penal Económico Número 4) solicita los nombres, las direcciones y los teléfonos de contacto de los periodistas que suelen informar sobre los índices de inflación. La medida, que incluye a quien esto firma y al menos a una decena de periodistas más de este diario, es claramente intimidatoria y constituye un cercenamiento a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional”, expresa González en ese matutino.
Hay que recordar que ya en 2006, el Gobierno nacional comenzó a practicar cambios en las mediciones del Indec y en el personal técnico encargado de llevar a cabo esa tarea, siendo que incluso algunos de ellos denunciaron presiones destinadas a manipular las cifras del índice de precios al consumidor. Desde entonces, los medios de comunicación sulen informan la evolución mensual de la inflación que suministra el Indec, pero también los índices estimados por las provincias, las consultoras privadas y las universidades que se dedican a hacerlo. Muchas veces, dichos resultados indican el doble de los resultados oficiales.
Frente a estos indicadores y según varios estudios y encuestas, se demostró que la opinión pública descree en los índices del Indec, si bien no influye en el voto, y que ni los gremios ni el FMI realiza sus mediciones basados en los datos oficiales.
“El descrédito en el que cayó el Gobierno por estas prácticas lo llevó a designar un director técnico a cargo del Indec (Norberto Itzcovich, habitual columnista de El Cronista); llevó al Congreso a elaborar también un índice de precios propio. Y llevó al ministerio de Economía a iniciar una negociación con técnicos del Fondo Monetario Internacional para explorar la elaboración de un nuevo índice de precios en el futuro”, indica el diario.
Así, considera que esa medida judicial implica “distraer tiempo y fondos de todos los ciudadanos para averiguar datos personales de los periodistas que informan sobre esta puja de datos que se da en la Argentina desde hace cinco años. Con métodos que retrotraen a los tiempos más oscuros de la dictadura militar, se busca intimidar al periodismo (el pedido incluye a El Cronista pero también a Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y Página 12) con un objetivo que se ve venir desde lejos: lograr que se consigne sólo la información del Indec, es decir, que a la ciudadanía sólo le lleguen los datos del gobierno de turno”, finaliza González.
A pesar de que González nombra a otros medios, El Cronista fue el único que denunció la medida de Catania.
Equipo de Economía de Tribuna de Periodistas