Nadie puede dudar que en la Argentina kirchnerista se destruyeron todas las instituciones, lejos de toda democracia.

El Poder Ejecutivo hace lo que quiere. El Poder Legislativo se resigna obediente a hacer lo que le manda el Ejecutivo. El Poder Judicial, último bastión y refugio del ciudadano común, ha claudicado y también se somete a los caprichos del oficialismo cleptómano instalado desde el 25 de octubre de 2003.

Cuando en un país ya no se respetan los fallos judiciales adversos a los intereses del Ejecutivo o, lo que es peor, se dictan resoluciones a pedido del Gobierno aniquilándose los principios de independencia y equilibrio de los poderes del estado, la República se desintegra.

El kirchnerismo abortó todas las causas judiciales en que se intentara investigar tremendos actos de corrupción cometidos por sus funcionarios y empresarios cómplices del más descomunal saqueo, alzándose contra pronunciamientos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La prueba de la abyecta administración de justicia que llevan a cabo algunos jueces colaboracionistas la hallamos hoy en la manipulación de la causa judicial en que se investiga la quema de vagones del ferrocarril Sarmiento en mayo pasado.

El viernes último un juez subrogante (es decir, suplente) Juan Manuel Yalj, mandó a detener al líder sindicar Rubén Sobrero, opositor al detenido Pedraza, mediatizando la espectacular detención al igual que con la de Gerónimo “Momo” Venegas.

Obviamente, a la par de esa detención, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal  Fernández, sostuvo que había pruebas suficientes para detener a Sobrero.

Replicando los métodos leguleyos de la abogacía sindical, el pedido de excarcelación —similar al de Venegas— no tardó en hacerse sentir y los paros y amenazas de continuar trabando el servicio de transporte ferrocarril hizo que el magistrado natural de la causa (esta vez el titular del Juzgado Federal nº 2 de San Martín) dispusiera la inmediata liberación de Sobrero, haciendo recular una vez más al kirchnerismo gerenciador de jueces.

Mientras tanto, la Justicia común que detiene, procesa y juzga a ciudadanos sin privilegio gubernamental, sigue —como la telaraña— atrapando a los débiles.

El embate sin cuartel al sindicalismo se vincula a los miles de millones de pesos adeudados a las obras sociales, dinero que de ninguna manera piensa pagar el kirchnerismo, que ya lo hizo desaparecer.

Lástima que estos métodos no pueden manejar la economía.

Enrique Piragini