La noticia de que fue apartado el juez Carlos Liporace de la causa por las valijas voladoras con droga debería ser una alerta imperativa de que algo se esconde detrás de este escándalo que pretende cubrirse con el manto del hecho meramente policial.

Mientras una gran parte del periodismo vernáculo se asombra en las últimas horas por lo sucedido, desde este periódico venimos denunciando desde hace varias semanas que hombres de la política de primera línea han metido sus narices desde un comienzo para digitar una causa que los compromete por demás.

Son personas demasiado cercanas al presidente Néstor Kirchner y que han entorpecido este expediente a más no poder. Uno de ellos, ministro del Ejecutivo, pidió sin sonrojarse que el tema de las valijas fuera analizado sólo como un “hecho policial”, sin buscar relación política alguna.

Lo que no tuvo en cuenta este personaje es que el señalamiento a miembros del ejecutivo provino de uno de los testigos estrella de la causa SW: Walter Beltrame. Recordemos que este último aseguró que Ricardo Jaime, secretario de Transporte, se movía dentro de la empresa como un verdadero mandamás, dando instrucciones precisas de lo que debía hacerse -o no- dentro de la empresa.

Recordemos que Jaime, aparte de haber sido el que “gestionó” la sospechosa ruta Tacna-Córdoba de SW, es prestanombre del presidente Kirchner de acuerdo a lo que se desprende de un documento firmado en una escribanía de Puerto Madryn.

En ese marco debe entenderse la protección que se le ha brindado desde las más altas esferas de la Casa Rosada, desde donde se ha influenciado al juez Liporace desde un comienzo y cuyo desempeño ha sido criticado desde las virtuales páginas de este periódico desde el primer día de su gestión en el expediente SW.

No es un secreto para nadie que el magistrado jamás ha hecho lugar a los insistentes pedidos de la fiscal Gabriela Ruiz Morales, quien le ha solicitado medidas concretas para encontrar la "pata política" de un escándalo que se pretende hacer pasar como meramente policial.

Ahora, como era de esperar, Ruiz Morales es acosada por los mismos personajes que ella pidió que sean indagados. Una vieja práctica de la mafia.

La fiscal habla por ahora de "perturbaciones" por parte del Poder Ejecutivo en su tarea para investigar, pero se espera que en las próximas horas, en caso de que no prospere su pedido de auxilio, dé a conocer los nombres de algunos de los que la vienen “apretando”.


Acciones que son aprietes

Dicen que la mejor defensa es el ataque. Es uno de los preceptos de quienes no tienen defensa alguna a su favor y necesitan desviar la atención de quien los observa.

Gabriela Ruiz Morales puede dar fe de ello: en las últimas horas recibió dos denuncias que ella misma considera "ridículas" y que nadie podría denominar de otra manera. Ambas provinieron del Poder Ejecutivo. Una fue formulada por el policía federal Andrés Machado, quien trabajó para SW y aseguró que en la fiscalía de Ruiz Morales, el secretario César Cabrera se puso un arma en su propia sien y le expresó que pretendía que él declarara contra el Gobierno.

La otra denuncia la realizó el director de Aduanas, Ricardo Echegaray, quien aseguró que la fiscal le propuso en un almuerzo que inculpara al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Esto es muy poco creíble, ya que Jaime es uno de los principales sospechosos políticos que aparece en las declaraciones de los primeros testigos de la causa y no necesita ser señalado sin pruebas. Por otro lado, Echegaray es una de las personas a las que más responsabilidad le cabe por el tema de la droga de SW por el cargo que le toca en la Aduana.

Lo más interesante de su denuncia es que fue realizada luego que la fiscal pidiera su indagatoria como sospechoso en base a lo que declararon dos policías aduaneros.

Todo es posible, no olvidemos que Echegaray es un hombre muy cercano al oscuro Rudy Fernando Ulloa Igor, personaje muy cercano a Kirchner, relacionado con los estupefacientes y quien le ha oficiado de matón en más de una oportunidad al primer mandatario.

Por todo lo dicho, Ruiz Morales tiene motivos para estar indignada: "Es lamentable que una pesquisa de tal envergadura y gravedad se pueda llegar a entorpecer o desvirtuar por una constante aparición de denuncias sin sustento a medida que se ve más comprometida la situación procesal de cada uno de los involucrados", aseguró hace unas horas con elocuente enojo.


Concluyendo

Mientras la causa por las valijas blancas aparenta haber caído en manos de un juez más transparente que Liporace, como es el caso de Bernardo Vidal Durand, titular del Juzgado N° 1 en lo Penal Tributario, la fiscal Ruiz Morales le pidió al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que tome medidas ante las injerencias del Poder Ejecutivo. Una pésima decisión, teniendo en cuenta que Righi está más que alineado a las directivas de Balcarce 50.

Restaría esperar que alguien se digne a tomar las medidas que sean necesarias, una de ellas, solicitar un entrecruzamiento de llamadas entre los principales sospechosos de esta causa.

La sorpresa inundará el rostro de más de uno. No tengan dudas de ello.