"Hoy hice mi declaración jurídica, la política la dejaré para otra instancia". Esas fueron las palabras que pronunció Amado Boudou tras casi ocho horas de declaración ante el juez Ariel Lijo en el marco del expediente Ciccone.
Quienes lo escucharon, al pie de las escalinatas de Comodoro Py, se sorprendieron por demás: ¿No iba a contar su verdad? ¿Acaso no había prometido el vice desovillar la madeja política que supuestamente envuelve a su tragedia?
"Mirándolo a los ojos, en la cara le voy a decir muchas cosas al juez", dijo Boudou horas antes de declarar. Sin embargo, quienes fueron testigos de su indagatoria, aseguran que fue en tono amable y nada inquisidora.
Apenas sí cuestionó a Lijo por no dejarlo filmar el acto en cuestión y volvió a repetir, cual mantra, que estaba siendo víctima de un “linchamiento mediático”, siempre perpetrado por los diarios Clarín y La Nación.
A fojas 13 de la declaración de Boudou puede percibirse su malestar: allí el vice le pide al juez que pruebe que él es dueño de Ciccone. Acto seguido, el magistrado le recuerda que el acto ad hoc no es un diálogo, sin una declaración indagatoria.
Boudou insiste entonces a través de una frase que sorprendió a propios y ajenos: “Yo no soy abogado, pero me considero avezado en lógica formal”. Lijo insistió en frenarlo y pedirle que se circunscriba a declarar: “Lo que pide el compareciente no es propio de este acto procesal”, señaló.
Dicho esto, Boudou retomó una vieja estrategia: poner la lupa sobre la acción de la AFIP en torno al salvataje de Ciccone. Si bien aseguró que Ricardo Echegaray —jefe de esa dependencia— “actuó bien”, pronto puntualizó respecto de una serie de medidas que, más que ayudarlo, lo complicaron.
Capdevilla
A pesar de la documentación que trascendió merced al aporte del ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Capdevilla —hoy fuera del país—, el vice negó enfáticamente haberse interesado en el trámite de la AFIP relativo a la quiebra de la calcográfica y su posterior levantamiento.
Al mismo tiempo, volvió a la carga respecto de su titular: "Es evidente que no cometí ningún hecho ilícito, pues sino el licenciado Echegaray tendría que haberlo denunciado", dijo a fojas 17.
Luego, declaró lo que se esperaba y no dio mayores sorpresas: juro que jamás se apropió de la ex Ciccone y que la avanzada de la familia que es dueña de la calcográfica fue una "gran puesta en escena".
Según Boudou, Lijo nunca investigó a los "empresarios de fuste" que sí tuvieron que ver con el traspaso de la imprenta.
Cuando el juez le requirió nombres concretos, el vice solo apuntó al banquero Raúl Moneta, de quien siempre se sospechó que fue aportante de parte de los 50 millones de pesos que permitieron levantar la quiebra de la empresa. “El señor Moneta ha movido decenas de millones en este expediente”, aseguró a fojas 25.
No obstante, evitó mencionar a Jorge Brito, el otro gran sospechoso de ser el financista de la operación según el fiscal Jorge Di Lello.
¿Acusó Boudou a Moneta por el hecho de que no puede defenderse debido a la enfermedad degenerativa que hoy lo domina? ¿Pudo haber sido el banquero mendocino el único aportante? Son algunas de las dudas que quedaron flotando y que no pudieron evacuarse ayer.
Respecto de la figura de Moneta, sorprendió que el vice lo comparara con Alfredo Yabrán, quien supo controlar Ciccone a través de una deuda que la calcográfica mantenía con un banco suizo en los años 90.
Si bien Yabrán nunca apareció mencionado en los papeles, se sabía que estaba detrás de algunos de sus millonarios negocios, de los cuales el menemismo no era ajeno. ¿Acaso ahora ocurre lo mismo? ¿El kirchnerismo dejó a "financistas fantasma" hacer y deshacer dentro de Ciccone? Si es así, ¿a cambio de qué?
Está claro que Boudou jamás hubiera hecho estos señalamientos si este escándalo no hubiera salido a la luz. Hoy, por caso, nadie estaría hablando ni de Moneta ni de Brito.
Más adelante, en tren de quitarse más responsabilidades de encima, el vice negó su participación en el freno de un proyecto de modernización de la Casa de la Moneda que beneficiaba a Ciccone. Ello a pesar de la evidencia fáctica que obra en el expediente de marras, aportada por el ex titular de esa entidad, Ariel Rebello.
Boudou aseguró que el desguace de la Casa de la Moneda —curiosamente hoy comandada por su amiga Katya Daura—fue responsabilidad de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa.
A uno y otro los acusó de haber vehiculizado jugosos negocios que beneficiaron a la empresa Boldt, competencia directa de Ciccone en puntuales contratos.
No fue un señalamiento casual: Boudou insiste en culpar a la familia Tabanelli —los dueños de Boldt— de los pesares judiciales que hoy lo aquejan. Ese clan supo tener alquilada la planta de Ciccone en los días en que la calcográfica fue adquirida por personeros vinculados a su persona.
Para cerrar el capítulo sobre la Casa de la Moneda, el vice aseguró —sin que nadie se lo preguntara— a fojas 21: “Nadie puede pensar que un miembro del Poder Ejecutivo puede influir en las decisiones de un organismo como la Casa de la Moneda”.
Sus palabras dejaron más dudas que certezas.
No sabe, no contesta
La declaración de Boudou abundó en contradicciones y olvidos. Entre otras cosas, jamás pudo responder por qué hay llamados de su secretario privado, Eduardo Romano, hacia un teléfono de la sospechosa firma The Old Fund.
"Cuando vi esto en los medios, le pregunté a Romano y me dijo que no había hablado nunca con The Old Fund", dijo el vice.
En el mismo sentido, juró desconocer a los destinatarios de algunas de las llamadas que aparecen en el expediente y que lo comprometen.
Aseveró asimismo no recordar qué número de teléfono poseía entre 2009 y 2012, años clave en la avanzada sobre la empresa Ciccone.
A ese mismo respecto, Boudou insistió en desconocer a María Florencia Stamato, Juan Biasin y Pedro Pablo Crohare, quienes aparecen comunicándose a su celular en el mismo lapso.
Los sospechosos de siempre
A la hora de puntualizar sobre sus socios y supuestos testaferros, Boudou insistió en la estrategia de negar vínculos y apelar al célebre “no recuerdo”.
Por caso, dijo desconocer a su amigo Sergio Gustavo Martínez, quien hasta compró en su momento dos camionetas a efectos de impulsar su precandidatura a jefe de gobierno porteño.
Martínez, hoy prófugo de la justicia norteamericana, es socio minorista de la misteriosa The Old Fund y aparece complicado en el otro expediente que jaquea a Boudou, el de enriquecimiento ilícito.
Allí, aparece vinculado de manera indirecta con el vice a través de la firma Beaver Cheek.
Luego, llegó el momento más esperado, cuando el juez le preguntó a Boudu acerca de su eventual relación con Alejandro Vandenbroele, quien apareció repentinamente como director de Ciccone.
El vice insistió en no conocerlo, ello a pesar de que Lijo le recordó que este vivía en un departamento a su nombre en Puerto Madero y hasta había pagado algunas facturas del mismo. Boudou aseguró que él alquiló ese inmueble a un abogado argentino que vive en España llamado Fabián Carosso Donatiello y que este a su vez lo subalquiló.
A la hora de hablar sobre el primer vicepresidente de la “nueva” Ciccone, Jorge Capirone, el vice volvió a apelar a la misma estrategia: si bien reconoció que lo conoce históricamente, aseguró no verlo desde el año 1998.
Al único que Boudou admite frecuentar en la actualidad es a su socio y amigo José María Núñez Carmona, quien aparece claramente relacionado con varios de los nombres que investiga Lijo y que él insiste en desconocer.
Un dato: Núñez Carmona debía presentarse hoy a declarar ante el magistrado pero se excusó asegurando estar fuera del país. En realidad, su temor redunda en la posibilidad de ser procesado y, eventualmente, detenido en el mismo acto por el juez.
¿Cómo podría negar Núñez Carmona sus vínculos con Vandenbroele y otros de los investigados por Lijo cuando la evidencia abunda en este y otros expedientes?
Hay un tópico que lo preocupa por demás: sabe que el magistrado lo investiga, no solo como socio del vice sino como su posible testaferro. ¿Es apenas coincidencia que Boudou y Núñez Carmona hayan incrementado sendos patrimonios a partir del año 2008? Mal que les pese a ambos, Lijo no cree en casualidades.
Colofón
¿Cuán factible es que se den tantas coincidencias alrededor de Boudou y que este no esté al tanto de nada? ¿Es posible que tantos amigos y conocidos suyos hayan avanzado en un negocio de semejante talla sin que este lo supiera? Ninguna ley de probabilidad puede sostener esa chance.
A esta altura, dos cosas son seguras: el vice volverá a declarar, tal como anticipó al final de su propio escrito; por otro lado, Lijo tiene decidido procesarlo en los próximos días.
Para hacerlo, aprovechará los fundamentos que le "regaló" ayer mismo la Sala I de la Cámara Federal —otrora kirchnerista— respecto de la validez de los testimonios del clan Ciccone.
Luego, comenzará a impulsar otra causa por la cual ya ha imputado a Boudou en el año 2012: la de enriquecimiento ilícito. Allí, también buscará indagar y procesar al vice.
A diferencia del caso Ciccone, en ese expediente se investiga un delito que no es excarcelable y que puede llegar a los seis años de prisión efectiva.
Está claro que Boudou tiene de qué preocuparse, no tanto por el hecho de poder terminar tras las rejas —lo cual no es menor—, sino por ser el primer vicepresidente en ejercicio que llega a una instancia penal de semejante relevancia.
Christian Sanz
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Sin una Justicia fuerte e independiente, no hay República. Ojalá este caso sea el comienzo de un renacer de la Justicia y que los jueces, por fin, asuman sus responsabilidades.
Simplemente desearía una justicia independiente para que toda la escoria pudiera ser barrida de un plumazo. No nos olvidemos que Carlos Menem y su troupe están libres y sin castigo. El actual ejecutivo perpetró la mas brutal destrucción de las instituciones que comenzó el riojano. No perdamos la memoria.
no se ha leído nada en los medios nacionales sobre la Estafa producida en la administración Uribarri, con las compensaciones que la ATER hizo con deudas de contribuyentes por obligaciones tributarias de ingresos brutos, muchos funcionarios ligados al tema, ojalá se investigue 10 años no solo 2, ya que la maniobra fraudulenta ya alcanza los 20 millones de pesos, ah ciertas empresa que compensaban sin ser proveedor del estado eran empresas amigas del poder. Supuestamente compensaban créditos contra el estado y deudas al fisco, pero los creditos adivinen...nunca existieron