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“Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho daño. Una práctica que enturbia y entorpece la gestión pública”. La frase fue pronunciada por Mauricio Macri el 10 de diciembre del año pasado, luego de asumir formalmente como presidente de la Nación.
En sucesivas entrevistas y comentarios públicos, el hoy jefe de Estado supo insistir en la diferenciación que su gobierno tendría respecto de la etapa kirchnerista, principalmente en lo que refiere a hechos de corrupción.
Todo muy poético y florido… pero la verdad pasa por los hechos, no por las palabras. Y los hechos indican otra cosa.
Macri se convirtió en aquel que eligió poner bajo su ala a funcionarios cuestionados y volar a los honestos, aquellos de la talla de Juan José Gómez Centurión. Las mafias, agradecidas.
A lo antedicho hay que agregar algo ocurrido hace algunos meses, cuando el actual oficialismo empezaba a ejercer su potestad, un hecho que empañará aún más la gestión macrista, sobre todo porque se vincula a un tópico que está a la cabeza de las preocupaciones ciudadanas: la inseguridad.
De acuerdo a una serie de documentos a los que tuvo acceso este periodista en exclusiva, el Ministerio de Seguridad de la Nación incorporó un centenar de empleados que están fuera de nomenclador. Su ingreso fue irregular, a tal punto que la decisión jamás pasó por el Boletín Oficial.
Es que, de acuerdo a fuentes del propio Ministerio, la gran mayoría fueron contratados de manera directa cuando debieron hacer pasar por el pertinente concurso público.
El argumento utilizado a nivel oficial para avanzar de esa suspicaz manera es que se encontraban vacantes puntuales cargos dentro de esa dependencia, muchos de enorme relevancia. Los contratados son casi cien, los que aparecen a continuación son solo algunos de ellos:
El listado es parte de la Resolución 016 que fue refrendada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De hecho, parte de los que fueron incorporados de manera subrepticia son gente de su propio riñón; también de la órbita de Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad.
Pero hay más: los mismos funcionarios decidieron reincorporar a casi 400 trabajadores que ellos mismos habían echado a mediados de enero de este año, acusándolos de “ñoquis”.
Esto último habría sido parte de un acuerdo implícito entre el gobierno y los gremios estatales UPCN y ATE, a cambio de aminorar de alguna manera las manifestaciones contra el macrismo. Un verdadero escándalo.
Al igual que al principio de esta nota, es bueno recordar algunas de las palabras pronunciadas por Macri el día que asumió como presidente: “Este Gobierno va a combatir la corrupción, voy a ser implacable con aquellos que dejen de cumplir lo que nos dice la ley. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios”.
Nada que agregar. Como suele decirse, uno es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras.
