Javier Alfredo Iguacel no necesita presentación: despunta en estas horas como intendente de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires.

Pero no ha sido ese cargo el que lo hizo conocido, sino su paso por la Dirección Nacional de Vialidad, terruño en el cual fue designado administrador en enero de 2016, en el gobierno de Mauricio Macri.

Tal es así, que esta misma semana Iguacel fue procesado por el juez Rodolfo Canicoba Corral por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a Autopistas por parte del Estado Nacional.

La presentación que dio origen a la investigación judicial fue hecha por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.

Allí, acusaron a Igualcel por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030. Por si fuera poco, pusieron el foco sobre el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas. Y para rematar, denunciaron la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a una empresa, Natal Inversiones.

Entrevistado por el Tribuna de periodistas, Iguacel negará todas y cada una de las imputaciones, y las atribuirá a una operación del kirchnerismo, en un desesperado intento por “desmerecer” su testimonio en otra causa judicial que lo tiene como testigo estrella: la que investiga la obra pública durante el kirchnerismo.

-Me da la sensación de que usted subestimó la denuncia que le hicieron… ¿es así?

-Yo hasta hace 10 o 15 días no tenía idea de qué se trataba la denuncia, solo seguía lo que decía por Twitter Tailhade y la información que había filtrado la prensa.

-Había algunas notas periodísticas también...

-Sí, pero completamente incorrectas y que siguen siendo incorrectas porque hablan cosas que son totalmente falsas.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, el hecho de que se pagó 500 millones de dólares, que es totalmente falso. No hubo ningún pago de ningún tipo en ningún momento ni ningún color. Es solo una de las cosas que me acuerdo que leí y que son falsas. Es una de las mil cosas que hacen para operar en la prensa.

-Sin embargo, al ser procesado por la justicia se supone que hay “semiplena prueba” contra usted. Debe haber alguna evidencia...

-Todavía no tengo acceso a la supuesta prueba, la desconozco. Sí pude leer el auto de procesamiento, que es donde hablan de todo. Imaginate que cuando ingreso a Vialidad tenían miles de tipos de problemas, miles de juicios, entre 1.000 y 4.000. Miles de juicios a Vialidad y al Estado en general. A su vez, había mil millones de dólares en deuda a los contratistas, eran 14.000 millones de pesos de capital más 500 y pico de intereses según los contratos en función al retraso de los pagos. No tenían ninguna obra funcionando. Y en medio de todo eso tenían estos contratos de concesión de peaje que tenían básicamente dos problemas principales.

-¿Cuáles eran esos problemas?

-El primero era que estaban en una renegociación inconclusa del año 2002, cuando el Congreso Nacional da un mandato de renegociar los contratos que fueron pesificados por la ley de pesificación asimétrica. Entonces, el Congreso de la Nación le da un mandato al Poder Ejecutivo para renegociar esos contratos a través de una comisión que se llamaba Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREM), a efectos de encontrar una solución que restablezca la ecuación económica-financiera de los contratos. El problema era que esa renegociación estaba abierta, no se había concluido.

-¿Cuál era el segundo problema?

-El segundo problema es que, como justamente no se había concluido en marzo del 2015 —más o menos— la operadora de las concesiones, de las dos concesiones, de las que ahora están en esta causa que son GSO y Ausol, la operadora que es Abertis, que la principal operadora de autopistas del mundo, inicia los trámites de un juicio en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).O sea que yo tenía un expediente iniciado de juicio en el CIADI, multimillonario, un mandato del Congreso de la Nación de renegociacion que no había sido cumplido después de 13 años, innumerables solicitudes —como el resto de los contratistas de la obra pública o del Estado, de lo que fuera, diciendo: “No se está cumpliendo ni el contrato original ni lo que vinimos renegociando”— y el otro punto es que tenían un montón de obras que no se habían hecho, inconclusas, y que afectaban notablemente a la operación de la autopista y a los usuarios —carril a Tigre, tercer y cuarto carrilde autopista del Oeste a Lujá—, la elevación de los puentes en Panamericana que generaba accidentes, etc.

-¿Entonces?

-Entonces al principio no le pude dar ni bola a esto porque tenía dos millones de cosas. La mitad del año 2016 era empezar a entender de qué se trataba. Ellos me venían mandado cartas para iniciar sus expedientes en el CIADI, querían negociar para cerrar la negociación amigablemente, no abruptamente, así que empezamos a revisarlo. Ahí el Poder Ejecutivo saca un decreto que dice que se desarman las UNIREM y que, en su lugar cada Ministerio tiene que reconcluir, renegociar y terminar la renegociación de los contratos que estaban inconclusos. Insisto, venía del Poder Legislativo, el Congreso le da un mandato al Ejecutivo para el cual se habían formado las UNIREM. Hubo un trabajo conjunto, donde participaron abogados, técnicos y demás para llegar a una solución.

-¿Qué reclamaban puntualmente las empresas ante el CIADI?

-Lo que ellos decían era que se cansaron, hacía 12 años que venían dando vueltas, y era algo que venía del gobierno anterior. Se cansaron de esperar y fueron al CIADI, era un derecho que ellos tenían, lo decía el contrato original y por ser inversión extranjera tienen el derecho, no es una decisión del Estado, no es que nosotros fuimos al CIADI, fue una decisión de la empresa.

-¿Qué hizo Vialidad ante esa situación?

-Se trabajó en Vialidad, en entender cómo había sido el proceso hasta ese momento, cómo era la situación y tratar de llegar a una propuesta que se elevara al ministerio conforme al nuevo decreto, que decía que el trámite de renegociación lo tenía que hace el ministerio. Así lo trabajamos como organismo técnico, y una vez que tuvimos un borrador se envió a la AGN, como decía el procedimiento, a la Sindicatura General de la Nación, que nos hizo observaciones, las corregimos, las volvimos a mandar, nos dio el Ok, Lo mandamos después a la Oficina Anticorrupción. Luego a la Procuración del Tesoro, que también nos hizo alguna observación, todo esto por escrito.

-Luego se hizo una audiencia pública...

-No, se hicieron dos, una en Luján y otra en Pilar, que son las cabeceras de las dos autopistas. Ahí podrían haber ido los que nos denunciaron, porque incluso lo publicamos en los diarios y en internet. Se recibían preguntas o sugerencias. Recién después de todo eso, cuando estaba todo liquidado, elevamos la propuesta al Ministerio y fue el que resolvió. Todo ello bajo los lineamientos de las contrataciones y normativas que llevó adelante Néstor Kirchner en su momento. Todo ajustado a derecho.

-Usted decía hace un momento que era falso lo del pago de 500 millones de dólares a empresas de Macri, ¿de dónde salió esa versión entonces?

-No lo sé, no sé de dónde sacan que se le pagó a la familia de Macri 500 millones. Ni tampoco sé de dónde sacan que fue una contratación directa. Insisto, fue un proceso completamente legal, yo no soy abogado pero es lo que dicen los abogados.

-Usted sostuvo en un tuit que todo esto es parte de una operación política para impugnar su testimonio en la causa de Vialidad que complica a Cristina, ¿de qué manera lo podrían impugnar?

-Mirá, por lo que me dijeron los abogados a mí, los letrados defensores de la otra causa pueden presentar un reclamo diciendo que el testimonio de una persona que está procesada por un acto similar a la que se le imputa a su propio defendido, no es un testimonio válido, sobre todo si es el denunciante. Porque una cosa es un testigo normal y otra cosa es el denunciante. Segundo, está la cuestión de la imagen pública, porque la gente dice: “Esto es todo lo mismo, esto es vendetta contra vendetta, esto está todo embarrado, es todo la misma porquería, entonces ninguna cosa es válida”. A su vez, el propio juicio de los tribunales se ve afectado.

-¿Por qué?

-Porque no es lo mismo el testimonio de alguien indiscutible que alguien discutido, sobre todo al momento de tomar la decisión jurídica de declarar inimputable o inocente a alguien.

-Finalmente, ¿vio el expediente que lo complica o no?

-Recién ahora pude ver algo, porque no pude ver nada cuando fui procesado, y te digo que falta justamente la prueba más importante que no la ponen, que es todo lo que yo te conté.

-En esta causa, ¿usted llegó a declarar en algún momento?

-No, porque me citan a declarar pero cuando Canicoba me cita y fija fecha es el día de su renuncia, y en su propia carta de renuncia se declara parcial al hacer un alegato político. Por eso, ya fue recusado en ese momento. El juez no tuvo el más mínimo respeto por el derecho a defenderme normalmente ante una acusación de este tipo. No pude ver la supuesta prueba contra mi persona antes de la indagatoria. Por eso, también hemos pedido la nulidad del procesamiento.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados