Luis Petri, diputado nacional por la provincia de Mendoza, habló con Tribuna de Periodistas sobre la decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en 32 causas de las cuales seis pesan sobre la vicepresidenta Cristina Fernández.

En ese sentido, analizó que “es una pésima noticia porque los querellantes son los que impulsan la investigación, evitan que se cajonee o están ayudando a la labor del fiscal” ejemplificando que “Apelan sobreseimientos o impugnan ciertos actos procesales”.

“El director de la Oficina Anticorrupción (Felix Crous) insiste en desistir” argumentando que “no tiene recursos”, sin embargo el Gobierno “intenta avanzar con la reforma judicial que costará 10 mil millones de pesos”.

“Recursos hay si tenemos en cuenta que el NODIO y la Defensoría del Público, que es esta suerte de Ministerio de la Venganza, surgió de la Ley de Medios” aseguró el legislador nacional, fundamentando que “en una Ley de la venganza surge una Defensoría del Público y como correlato está el comisariato sobre la libertad de expresión”.

También justificó su argumentos sobre que recursos no faltan al mencionar que “ese NODIO tiene 128 personas nombradas, entonces digo, en lugar de intentar avanzar contra la libertad de expresión, deberían” avanzar en las investigaciones.

Aseguró además que “ya no pasa por un tema de recursos, sino una cuestión de voluntad política. No hay en este gobierno voluntad política para investigar causas de corrupción”.

“El kirchnerismo apunta a la absolución, no por inocencia sino por el retardo de la justicia” esbozó y añadió que “van por el retardo para declarar que deben se declarados libres de culpa y cargo porque la justicia no los juzgo en un plazo razonable”

“Hemos pedido es que se disuelva al NODIO” aseveró y agregó que “no le hace bien a la democracia que sea el estado el que controle lo que publiquen los medios”.

También se preguntó: Si la Oficina Anticorrupción no va a impulsar las causa que involucran grandes hechos de corrupción, si no va a hacer que esas causas lleguen a buen puerto ¿Cuál es el sentido que tiene?”.

Consultado sobre si la decisión se puede caer, Petri aseguró que “se puede volver atrás, (aunque) yo no lo veo posible porque la Ley no lo obliga. En un país normal debería retroceder y volver en sus pasos”.

Sobre el Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego que impulsó el Gobierno nacional, Petri opinó que “lo cierto es que el Gobierno ni bien asumió fue contra los protocolos que había dictado (la ex ministra de Seguridad) Patricia Bullrich que establecía reglas y procedimientos”.

“Además eran de alguna manera coincidentes con las reglas internacionales por lo cual no había razón para derogarlos” dijo, analizando de esa manera que “el Gobierno buscaba distanciarse del Gobierno anterior y ponerse en las antípodas”.

“Esto generó una desprotección en las fuerzas de seguridad” aseguró argumentando que “un policía que hacía uso de arma terminaba en el banquillo de los acusados y terminaba en el mismo rol de los delincuentes”.

“Este Gobierno avala que ese policía esté sentado en el banquillo de los acusado. A partir de allí se presenta esa anomia” evocó el diputado.

Además aclaró que “es insuficiente porque vos necesitas reglas claras que digan en qué condiciones puede usar el arma reglamentaria” y eso “tiene que surgir del propio Código Penal”.

“El Gobierno debería dejar de crear estos programas vacíos, pero no le dicen al policía cuándo pueden usar el arma reglamentaria” finalizó.