Hace unos años, publiqué una serie de artículos periodísticos referidos a un personaje llamado Marcos Nuarte, entonces secretario de Hacienda del municipio de Santa Rosa, Mendoza, gobernado por la radical Norma Trigo.

Gravitaban esas notas en torno a sobreprecios y otros hechos de corrupción, en obvio detrimento de los ciudadanos santarrosinos.

El trabajo periodístico molestó a Nuarte, quien decidió iniciarme una juicio por daños, al igual que al medio donde yo trabajaba —Diario Mendoza Post— y a sus accionistas.

Fue una contienda nada sencilla, porque se trataba de un personaje muy cercano a quien gobernaba Mendoza en ese momento, Alfredo Cornejo. Con todo lo que ello implica, porque este último puso todo el aparato del Estado a favor de su amigo, con quien incluso jugaba picados de fútbol y con quien se sacaba fotos abrazándose.

Todo ello derivó en una condena contra mi persona en primera instancia, que fue morigerada en una segunda y terminó en un sobreseimiento en la Suprema Corte de Mendoza, hace solo algunas horas.

Se trata de un fallo ejemplar, que advierte que “la investigación periodística sobre los asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano, por lo cual, todo acto que pueda implicar censurar dicha labor debe ser restrictivo”.

Por si no fuera suficiente, los jueces explican: “Los demandados obraron en el marco de una investigación periodística que tuvo por objeto publicar distintas irregularidades, de público y notorio conocimiento, que se dieron en la comuna de Santa Rosa. El actor, funcionario de dicha comuna, Secretario de Hacienda en concreto, fue parte de dicha investigación. El interés público comprometido en la labor periodística resulta innegable y ello amerita una especial protección a la libertad de expresión”.

Finalmente, la sentencia entiende pertinente “someter al debate y opinión pública, los actos que involucren al Secretario de Hacienda de esa intendencia”.

Por ello, “lo relativo a un viaje al extranjero o la construcción de una vivienda o si se encuentra demandado en algún proceso judicial, son todos hechos que afectan o pueden afectar el desenvolvimiento de la función pública comprometida”.

El fallo judicial se suma a los más de 40 que llevo ganados a lo largo de mis años de trabajo como periodista de investigación.

Agradezco por ello a la Suprema Corte mendocina. Acaso por hacer su trabajo, con responsabilidad y ciñendose a las normas básicas del republicanismo.

No es poco…