Hace unas horas, frente al silencio de la mayoría de los medios de información, el Consejo de la Magistratura cerró una causa en la que investigaba a varios jueces federales por el presunto cobro de sobresueldos con fondos reservados durante el gobierno de Carlos Menem.

Insólitamente, el plenario del Consejo desestimó un proceso de juicio político contra los jueces federales Luis Ballestero, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío —todos aparecidos en la célebre "servilleta de Carlos Corach"—, promovidos a raíz de declaraciones del ex presidente Fernando De la Rúa y del ex juez de la Corte Augusto Belluscio.

En el marco de la investigación hubo evidencia contundente como para avanzar, pero la presión política fue más fuerte que la búsqueda de la verdad. Una de las pruebas más elocuentes la aportó el perito contador Alfredo Rubén Popritkin, quien determinó que en el período de los años 1990-2000, los "gastos reservados" treparon 3.758 millones de pesos-dólares, que se repartían en por lo menos 13 estamentos oficiales.

Tal vez por esa misma elocuencia, el 3 de febrero de 2004 Popritkin fue separado de la investigación, aduciendo puerilmente que habia "dado publicidad a diversos medíos gráficos los resultados de su peritaje". 

Lo cierto es que el Consejo de la Magistratura cerró la investigación aduciendo que "no se ha comprobado conducta alguna que configuraría causal de mal desempeño ni reproche disciplinario alguno por parte de los señores jueces federales denunciados, no existiendo elementos ni motivos para proseguir con el trámite de este expediente".

Con esas palabras de "fanfarria", el organismo archivó una investigación que desde hace años acumula evidencia concluyente. A continuación veremos los motivos por los cuales esto ha sucedido.

El consejo de la vergüenza

El 17 de noviembre del año 2006, algunos medios dieron cuenta de la cooptación kirchnerista en el Consejo de la Magistratura. "Reducido casi a la mitad, hoy empieza a funcionar un nuevo Consejo de la Magistratura", aseguró diario La Nación haciendo mención a que ya no tendría 20 consejeros, sino 13. "Dispondrá de menos margen para disputarle facultades de administración a la Corte Suprema y no podrá acusar ni elegir a ningún juez sin el aval de alguno de los cinco representantes del oficialismo".

Meses antes, en febrero de ese mismo año, Néstor Kirchner y su mujer, Cristina, habían hecho una encendida defensa a la vergonzosa modificación propuesta y frente a la resistencia casi unánime del mundo jurídico y la oposición política.

La resistencia estaba más que fundamentada y nacía del hecho de analizar los antecedentes de algunos de los miembros del mencionado organismo, los cuales fueron puestos "a dedo" por el oficialismo K. Veamos sólo algunos casos de muestra.

-Nicolás Fernández: Senador por Santa Cruz y alcahuete de Cristina Fernández de Kirchner. Aseguró sin ponerse colorado que “Kirchner es un hombre de grandes realizaciones". En el marco del conflicto docente santacruceño declaró a los medios: "nadie puede dudar ni siquiera minimizar el hecho de que los docentes de Santa Cruz son los mejores pagos del país".

-Carlos Kunkel: Diputado por el Frente para la Victoria, fue funcionario -municipal en Florencio Varela donde hizo varios “negocios” en su propio provecho. Entre otros, hacer firmar un contrato a la municipalidad de ese distrito con una empresa de su propiedad -la constructora Podic- para hacer onerosas obras en la zona. Pesan sobre él varias denuncias (1).
 
-Diana Conti: Diputada por el Frente para la Victoria y alcahuete del matrimonio presidencial ha llegado a afirmar: "soy hiperkirchnerista. Néstor y Cristina me sedujeron 'convictivamente'". Sus mayores esfuerzos han sido en pos de lograr despenalizar las drogas, debido a que su hija suele ser detenida en posesión de estupefacientes. En la madrugada del 28 de marzo de 2003, Conti fue una de las mayores defensoras contra la destitución del corrupto Luis Barrionuevo. 

-Marcela Losardo: Abogada y muy cercana a Alberto Fernández, con quien constituyó con una sociedad anónima en 1999. Sus vínculos con el jefe de Gabinete, además de comerciales, son políticos. Losardo acompañó a Fernández en todos sus cargos, públicos y privados, desde 1989 hasta que fue nombrada secretaria de Justicia. 

-María Laura Leguizamón: Impresentable, estuvo con todos los arcos políticos: Domingo Cavallo, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, entre otros.

-Federico Storani: Diputado y ex ministro del Interior durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Storani fue denunciado por su responsabilidad en la causa que investiga la represión del 17 de diciembre de 1999 en el puente General Belgrano, en la provincia de Chaco. Su mayor logro político fue ser uno de los fundadores de la siniestra "Junta Coordinadora Nacional".

-Santiago Montaña: Abogado, especialista en asesoramiento jurídico "online", pertenece a Gente de Derecho, el grupo que preside el Colegio Público de Abogados de la Capital. Acusado de tener "doble moral" por el prestigioso abogado Bernardo Nespral (2).

-Luis María Bunge Campos: Juez correccional. El 1º de septiembre de 2006 dos abogados pidieron su juicio político por haberle otorgado la excarcelación a cambio de una fianza de 400 pesos a un detenido que una semana más tarde quedó acusado de matar a dos personas en un asalto a una parrilla del barrio porteño de Colegiales.

Es obligatorio, en sentido contrario, destacar a uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura por su probidad: Mario Candioti, quien fuera designado recientemente como presidente de ese organismo. Lamentablemente, Candioti es el único representante de los "académicos", el grupo más débil dentro del cuerpo que elige y controla a los jueces.

Su designación al frente del Consejo de la Magistratura fue el producto de un consenso poco común: fue propuesto por el kirchnerismo y apoyado por el radicalismo y la abogacía. Es dable destacar que Candioti ha sido puesto en tan importante cargo para "limpiar" la imagen alicaída de dicho organismo.


Juez y parte

Si cupiera alguna duda respecto a lo errónea que ha sido la decisión del Consejo de la Magistratura de "salvar" a los cuestionados jueces federales, baste saber que ninguno de ellos puede justificar su patrimonio y todos ellos han aparecido en la tristemente famosa "servilleta de Corach", ministro del Interior de Carlos Menem. He aquí un breve resumen de los antecedentes de cada uno de ellos:
   
-Rodolfo Canicoba Corral: actualmente a cargo de la causa AMIA, es el responsable de librar las insólitas órdenes de detención que en estos días desvelan los sueños de Irán. El magistrado pidió el arresto de quien era presidente de Irán en 1994 y de otros 8 ex funcionarios a pedido de los servicios de inteligencia norteamericano e israelí respectivamente, sólo basado en documentación secreta que jamás pudo ver (3).

Mencionado en los pasillos de Comodoro Py como "canicoima" —por motivos que uno desconoce, obviamente—, el juez llegó a la Justicia de la mano de Carlos Corach y Elías Jassan (4), este último personero del narcolavador Alfredo Yabrán.

A mediados de los años 90 compró en la zona de Florida, provincia de Buenos Aires, un garaje con capacidad para treinta coches, al 1200 de la calle Juan B. Justo y comenzó a ostentar un nivel de vida que no puede justificar con su salario judicial.

Fue uno de los señalados por el reconocido perito contador Alfredo Popritkin de ser posible beneficiario de la "cadena de la felicidad" menemista, nombre con que se conoció al sobresueldo pagado a los jueces en los años 90.

-Norberto Oyarbide: fue el hombre de la Policía Federal en la Justicia federal. Llegó a su puesto para cerrar la causa por la "Tangente" italiana y debió pedir licencia cuando se vio envuelto en el escándalo.

Oyarbide jamás pudo contestar a una buena cantidad de testigos que aseveraron haber escuchado las amenazas de muerte que profirió contra el argelino Zinnedine Raschem en el marco de la tristemente célebre causa Spartacus. Tampoco pudo evitar que, como una catarata, se desplegaran ante legisladores y fiscales sus nexos con el negocio de la prostitución, su vocación por los gustos caros y un cambio de nivel de vida que coincidió con su llegada al fuero federal.

-Jorge Ballestero: Amigo de Alberto Piotti y de la camarista Luisa Riva Aramayo, fue quien dictó el sobreseimiento del ex secretario privado presidencial, Miguel Angel Vicco en la causa por leche adulterada. También sobreseyó a Gerardo Sofovich en la causa por corrupción en ATC.

Ballestero comenzó su carrera judicial en 1975, como auxiliar de séptima y siempre se mantuvo con su escaso salario judicial. El diploma que se presenta en su pliego tiene demasiadas erratas: la UBA lo extiende el 5 de diciembre de 1984 pero el pliego asegura que se recibió el 29 de abril de 1988; está a nombre de otra persona –dice “Ballestrero”– que nació en otro sitio –dice “oriundo de Río Negro”–, aunque Paty nació en Capital el 13 de enero de 1956.

En julio de 1995, comenzó una etapa de gran prosperidad para el magistrado: mientras se interrumpía la instrucción en la causa del oro, compró un dúplex de 310 metros en Figueroa Alcorta al 3000, pisos segundo y tercero, entre Tagle y Mariscal Castilla.

Una investigación publicada en el año 1998 por la entonces prestigiosa revista Veintiuno, demostró que Ballestero no puede justificar su nivel de vida: "Ballestero le compró su dúplex a Ricardo Yofre en 295 mil pesos, cerrando el acuerdo en la inmobiliaria Exa de la calle Arroyo. Paty asegura que, para financiar la operación, obtuvo un préstamo de ciento cincuenta mil dólares del Banco Macro, una entidad mayorista que habitualmente no entrega préstamos a particulares, aunque sí lo hizo en este caso (...) Por el contrario, un testigo de la operación le aseguró a esta revista que el juez pagó 195 mil dólares al contado y los restantes cien mil fueron financiados por el Macro.

Otro dato que revela una importante cantidad de efectivo en el bolsillo de Ballestero durante esos años refiere a que, antes de mudarse, el juez remodeló los cuatro baños, cambió los pisos y pintó todo el dúplex. Dos vecinos coincidieron en afirmar que esa tarea puede haberle costado entre 40 y 50 mil pesos. La cifra del arreglo, sin embargo, no amilanó al juez, que semanas más tarde viajó a Estados Unidos en compañía de su familia y compró al volver, en otros cincuenta mil, una camioneta Toyota Runner azul cero kilómetro que podía verse en la playa de Tribunales hasta que se desatara el escándalo de enriquecimiento ilícito de los jueces".

-Claudio Bonadío: fue subsecretario de Carlos Corach cuando éste se desempeñaba como secretario Legal y Técnico y, antes, asesor del bloque justicialista en el Concejo Deliberante desde 1983. Aunque formalmente había renunciado a su cargo político quince días antes de su jura como juez, atendía llamados en su despacho de Balcarce 50 la misma tarde de su debut como magistrado, y usó un tiempo considerable un Peugeot 504 de la empresa Localiza afectado a Presidencia.

Su carrera como cuentacorrentista fue estrepitosa: el Banco Ciudad cerró su cuenta en 1991 y fue inhabilitado por el Banco Central hasta 1993. Designado juez, Bonadío recuperó su cuenta en el Ciudad (banco al que le debe 10.100 pesos).


Concluyendo

Por lo que se ha visto, no hay duda alguna de que los verdaderos motivos de la reforma al Consejo de la Magistratura tienen que ver con el intento de cooptación por parte del kirchnerismo, quien no dudará en utilizar al organismo para proteger o castigar indistintamente a los jueces de todo el país, de acuerdo a su alineación —o no— a los caprichos del oficialismo.

En este marco, ¿cómo puede esperarse que alguien investigue realmente los negociados en la obra pública por parte de Julio De Vido? ¿O los interminables ilícitos cometidos por el secretario de Transportes, Ricardo Jaime? ¿O los evaporados fondos de Santa Cruz? ¿O la eventual falta de título por parte de la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner?

No hay palabras para semejante final.

Christian Sanz

(1) Ver Ver https://periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?Articulo=1026

(2) Ver http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2006/05/26/%C2%BFme-usaron-o-me-traicionaron/

(3) Según relatara diario La Nación el 19/11/2006: "En el dictamen de Nisman no brillan las pruebas sólidas, pero Canicoba Corral consideró que en esta instancia los indicios alcanzaban".

(4) Entre 1992 y 1993 Canicoba fue asesor del gabinete de Elías Jassan, quien a su vez era secretario de Justicia de Carlos Menem.