Un poco de historia

    YPF S.A. es la continuadora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, empresa creada en 1922 —en el marco del gobierno del radical Hipólito Yrigoyen— y dirigida en sus primeros años por el general Enrique Mosconi. Desde sus orígenes, YPF realizó todas las actividades necesarias para la explotación de petróleo, abasteciendo pueblos cercanos a zonas con reservas de petróleo, tales como Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Caleta Olivia en la de Santa Cruz o Plaza Huincul en Neuquén. Pero también fue la “caja” de los gobiernos de turno y de las burocracias sindicales.

    De acuerdo a la visión de Enrique Mosconi, la existencia de un monopolio legal del petróleo permitiría al ente recaudador —fisco— contar con una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.

    Tras su transformación en "sociedad anónima", operada en diciembre de 1990 a través del decreto presidencial menemista 2.778, y el cambio de su tipicidad jurídica, se lanzó la venta de acciones en las principales bolsas del mundo en junio de 1993, de la mano de uno de los mejores presidentes ejecutivos de una empresa multinacional, el ingeniero José Estenssoro, fallecido en un sospechoso accidente aéreo el 3 de mayo de 1995.

    Lamentablemente, tras la prematura muerte de este, la empresa fue vendida a la española Repsol en 1999, denominándose desde entonces Repsol-YPF SA, liderada hasta la actualidad por un "grupo buitre" catalán que la ha convertido en tan sólo ocho años, en una empresa con falsas reservas, financieramente desequilibrada, ineficiente, corrupta y autista.

    Tal como se ha publicado oportunamente, la empresa tuvo que desmentir las reservas probadas que oportunamente había consignado en sus balances. En aquel momento se dijo: “Resulta irónico que algunos analistas energéticos 'independientes' que antiguamente sirvieran como funcionarios públicos, ya sea antes como durante y después de la privatización del sector energético, se sorprendieran cuando Repsol-YPF 'transparentó' recientemente un fraude contable en la declaración de reservas probadas de hidrocarburos ante la SEC: United State Securities Exchange Commission (1).

    Como resultado de tal fraude contable, el 26 de Enero de 2006 Repsol-YPF publicó en su sitio web (2) una nota de prensa titulada “Repsol-YPF anuncia una reducción de sus reservas en un 25%”. En dicho artículo la empresa manifiesta una reducción de reservas probadas equivalentes a 1.254 millones de BEP —barriles equivalentes de petróleo— en todas las áreas en donde explota hidrocarburos en el mundo; es decir, un 25% menos de reservas probadas totales de hidrocarburos al 31 de Diciembre de 2004. También se advierte en la mencionada nota que tales reducciones se refieren "fundamentalmente a reservas de gas": 52,5% en Bolivia, 40,6% en Argentina, 4,7% en Venezuela y 2,2% en el resto del mundo (principalmente Argelia).

    Por otra parte, advierte que en abril de 2005 la compañía "asignó a la "Comisión de Auditoria y Control" la responsabilidad de supervisar el control de reservas". Cabe destacar que el Grupo de Control de Reservas creado en el año 2007 por el equipo directivo de Repsol-YPF para reforzar el procedimiento de reservas, reporta directamente a dicha Comisión. En suma, considerando que las reservas probadas de gas natural del país al 31 de diciembre de 2004, y según la Secretaría de Energía de la Nación, eran equivalentes a 534.217 millones de m3, con el fraude contable de Repsol-YPF han disminuido para igual fecha a 509.843 millones de m3.

    Al nivel de extracción de 2004, el horizonte de reservas probadas de gas natural al 31 de Diciembre de 2004 bajó de 10,2 años a 9,7 años. A su vez, considerando el supuesto nivel de extracción gasífera correspondiente al ejercicio anual 2005, el horizonte de vida de las reservas probadas a principios de 2006 declinó a 8,9 años. Con respecto a las reservas probadas de petróleo, que al 31 de diciembre de 2004 eran equivalentes a 368,9 millones de m3, con el fraude contable de Repsol-YPF no se observa una gran declinación del horizonte de vida de tales reservas, ya que el delito correspondió a 1,3 millones de m3, volumen que representa aproximadamente al consumo petrolero del país de una semana.

    Ahora ¿Por qué semejante firma comete este tipo de delitos? Para responder claramente, veamos el siguiente ejemplo ilustrativo: si Repsol-YPF dice extraer en un año 10 metros cúbicos, sólo paga regalías por esos 10 metros cúbicos y puede ocultar en sus declaraciones juradas los 18 metros cúbicos restantes de un total real de 28 metros cúbicos.

    Lo mismo se aplica para el caso de las exportaciones, donde se declara un valor mínimo para pagar menos "retenciones"; y todo lo contrario ocurre cuando declara niveles de reservas probadas, ya que deben ser “infladas” para que la cotización de la compañía en las bolsas internacionales rinda cada año de acuerdo a sus intereses particulares, como sucedió hace un tiempo con la petrolera anglo-holandesa Shell. El problema es que Repsol-YPF debió transparentar sus propios delitos ante la SEC, y el futuro de las autoridades presentes —y pasadas— de la empresa está comprometido... al menos en Bolivia.

     Además, se sabe a ciencia cierta que los actuales administradores de la sociedad, para exhibir ganancias sustanciosas para sus accionistas, permitieron —o bien instruyeron— a la "Dirección de Asuntos Legales" de la compañía en Argentina —a cargo de los Dres. Alejandro Diego Quiroga López, y Rogelio Driollet Laspiur— a "direccionar" a estudios jurídicos externos la forma de presentar sus notas para los auditores (3).

     Prueba elocuente de ello lo constituyen los juicios caratulados “Citioil S.A c/YPF S.A. s/Ordinario”, “Parodi Combustibles S.A. c/YPF s/Ordinario” y “Autogas S.A c/YPF S.A. s/Ordinario”, pleitos en los que, a pesar de la realidad que se va exhibiendo, la empresa Repsol-YPF insiste en minimizar. Se asegura que la previsión de los litigios es "cero", cuando ya se puede estimar lo onerosa que será la condena que recaerá junto al dictado de las sentencias.

    Por caso, el último de los casos señalados es un juicio radicado por la friolera de ¡184 millones de pesos!, el cual el área legal de la compañía entendió “prudente” previsionarlo respecto de las costas.

    Por lo que puede verse, no sólo los juicios se incrementaron ante la burocracia de los españoles a cargo de la empresa, sino que las previsiones contables fueron engañosas, ya que en lugar de señalar los números reales derivados de los pleitos en la forma exigida por las normas internacionales de aplicación a una empresa multinacional de esas características, se limitaron a modificar la estimación del resultado de dichos pleitos, alternando de manera ostensible la verdadera situación de la empresa.

    Lo cierto es que los abogados que actualmente se encuentran a cargo de la Dirección Legal —mencionados precedentemente—, en lugar de bregar por la legalidad, han permitido el incremento alarmante del índice de litigiosidad y, a sabiendas de los términos de duración de un pleito, han ocultado de manera irresponsable el resultado presumido, con las consecuencias irreversibles que ello arrojará en unos años, cuando haya que hacerse cargo de las condenas. Obviamente, al ritmo de cambio de accionistas promedio —adviértase que desde 1990 ya ocurrieron al menos tres adquisiciones—, cuando ello ocurra probablemente estos ineptos letrados seguramente ya no estarán en la empresa. 

Con una ayudita de mis amigos

    Otra de las absurdas medidas implementadas por los "cerebros" —con rango decisorio— del área legal, ha sido la de designar abogados "de la matrícula", en su mayoría dependientes de la empresa y/o de sus estudios jurídicos externos, frente a las Comisiones Fiscalizadoras de todas las empresas que integran el grupo económico, lo que lisa y llanamente importa suprimir, por obvia incompatibilidad, el control de los síndicos respectivos en torno a los actos de los administradores y gerentes a cargo de estas compañías. Para que dicho cargo sea bien desempeñado, debieron hacer lo que toda empresa seria —y bien asesorada legalmente—, debe hacer. Designar abogados o contadores, totalmente independientes, y con retribución por ello, ya que la actividad de los síndicos es onerosa e independiente. La contravención de estas máximas conllevan a la inexistencia de control, y la falta de control incita y crea corrupción.

    Párrafo aparte nos merecen las escandalosas contrataciones, la burocracia reinante, la lentitud exasperante y el abuso de autoridad de sus actuales autoridades, circunstancias que debieran ser conocidas por la Security Exchange Comission de Estados Unidos de Norteamérica, Bolsa de Buenos Aires, Bolsa de Valores de San Pablo y Bolsa de Valores de España.

    Si bien como regla los administradores no responden —en principio— por los actos de la sociedad, la ley de sociedades refiere e impone ciertos tipos de conducta —deberes— a los cuales los administradores deben ajustar su accionar para evitar ser solidaria e ilimitadamente responsables. Al señalar el deber de lealtad exigido al director, la norma tiene en miras evitar que éste se desempeñe en procura de su beneficio personal por sobre el interés de los accionistas. Por su parte, el deber de diligencia exige la sujeción del administrador a un estándar legal. Ninguno de estos deberes está siendo satisfecho por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Repsol-YPF ni, por ende, de su directorio, quien seguramente desconoce o conoce poco detalle de lo que en verdad y en forma subrepticia realiza su "Dirección de Asuntos Legales" al abonar cifras escandalosas por un servicio legal ineficiente.

    Uno de los puntos a los que debe ponerse atención es la figura del abogado Alejandro Quiroga López, quien, tras ser la persona que dictaminara a favor del grupo Repsol para la compra de las acciones de YPF en su carácter de Subsecretario de Bancos y Finanzas del Ministerio de Economía durante la gestión de Roque Fernández —y revestir el carácter de socio del estudio jurídico Nicholson & Cano, abogados—, decidió en su primer día de gestión al frente de la "Dirección de Asuntos Jurídicos" de la petrolera la contratación del estudio al que pertenecía, desvinculando a otras firmas para cumplir su propósito.

    El premio obtenido por Quiroga López, por el “favor” de permitir el acceso del grupo español a la petrolera YPF, fue ser nombrado director de Asuntos Jurídicos de la firma, el cual detenta hasta el día de la fecha.

Concluyendo

    La evidencia empírica demuestra que la petrolera otrora estatal fue responsable del descubrimiento del 95% de las reservas de hidrocarburos del país durante sus 70 años de existencia y es más que probable que el único presidente capaz, responsable, inteligente e idóneo, que "eficientizara" la compañía y la hiciera crecer —el extinto José Estenssoro— hubiese impedido su venta; más aún, de haber permanecido con vida, muy posiblemente la historia hubiese sido otra, tal vez, YPF S.A. hubiese adquirido a Repsol.

    Ahora la situación parece empeorar aún más, ya que en diciembre de 2007 el Grupo Petersen, conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique Eskenazi —presumible testaferro de Néstor Kirchner y su esposa—, compró el 14,9% de la firma, lo que lo convierte en "controlante" de Repsol-YPF.

    Más allá de lo mencionado, es deseable que esta nueva gestión devuelva el prestigio que supo tener esta empresa en su momento. Sería la oportunidad de que Repsol-YPF vuelva a ser el orgullo nacional argentino, independientemente de quien sea el gobierno de turno. Puede hacerse, basta trabajar honestamente y aplicar el olvidado código de ética existente en la empresa y castigando a los responsables de las circunstancias reseñadas en este artículo.

    No es poco. 

Christian Sanz

(1) US-SEC, es un organismo público que controla a las compañías que cotizan en la bolsa de EE.UU., similar a nuestra Comisión Nacional de Valores, y que en este caso sólo acepta registros de reservas probadas, no de probables y menos aún de posibles.

(2) http://www.repsol-YPF.com.ar

(3) Ha llegado a conocimiento de este medio que la nueva gestión convocará —en reemplazo de las actuales autoridades legales de la compañía petrolera— a quien se atribuye haber sido el cerebro del cambio jurídico operado en la empresa desde el año 1990, hasta su desvinculación en el año 2001, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, actual titular del estudio ASK Abogados, a la sazón sponsor de nuestro periódico digital.