"Pasan cosas raras". Textuales fueron las palabras que un importante funcionario de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) dijo a este medio hace algunas semanas en relación a ciertas "irregularidades" en cuestiones contables y financieras dentro de ese organismo. Es dable recordar que Juan González Gaviola, ex superintendente de AFJP, fue denunciado oportunamente por Tribuna de Periodistas, por algunas anomalías en su gestión.

Luego de que este periódico desnudara esos hechos, González Gaviola fue eyectado de la SAFJP y recaló en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, decisión insólita si las hay, teniendo en cuenta que el mismo funcionario debió anteriormente dejar la intervención del PAMI —el 6 de enero de 2004— acusado de pagar sobreprecios en la compra de sillas de ruedas y por nombrar parientes en el organismo.

Ahora, su salida de la SAFJP, puede traer aparejado un nuevo escándalo, ya que en las últimas horas se han desnudado una serie de cuestiones que lo salpican.


Malversación de fondos

A principios del año 2008, asumió como superintendente de AFJP Carlos Weitz, funcionario que había ocupado el mismo cargo a principios del gobierno de Néstor Kirchner y, paradójicamente debió cederlo a González Gaviola.

En esta nueva gestión, Weitz se encuentra con una dura herencia de problemas a resolver. Por un lado, existen más de 15.000 expedientes sin resolver por las Comisiones Médicas de la SAFJP; por el otro, hay un grave problema legal respecto a los sueldos del personal del mismo organismo. Veamos.

La ley 24.241 —Sistema integrado de jubilaciones y pensiones— establece en su artículo 121 que "las remuneraciones y beneficios que perciba el superintendente, los funcionarios y los empleados técnicos y administrativos de la Superintendencia no serán inferiores al promedio de las remuneraciones y beneficios que perciban los directores, gerentes, personal superior y empleados del 50 % de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que mejor remuneren a su personal, conforme las equivalencias por categorías que determine por resolución la Superintendencia".

Desde que creó la figura de las AFJP, hace más de 10 años, jamás se hizo el cálculo pertinente para saber cuál era el promedio que menciona la ley. Esto se potenció durante el mandato de González Gaviola quien, no sólo aumentó su propio salario y el de unos pocos directores de manera discrecional, sino que ocultó los datos técnicos pertinentes para corroborar las liquidaciones de sueldo del personal de la superintendencia a su cargo.

Conoce Weitz la irregularidad mencionada y teme que se destape semejante "olla"; sabe que quedaría al descubierto el eventual delito de "malversación de fondos públicos" de la Seguridad Social durante casi 12 años y eso pondría en problemas a algunos de sus viejos amigos. Uno de ellos es Enrique Buscio, gerente de Recursos Humanos, quien extrañamente ha sobrevivido a todas las gestiones de la SAFJP y que está fuertemente comprometido en el ilícito mencionado.


Piratas del nuevo siglo

Hace algunas semanas, este periódico denunció que González Gaviola, justo antes de irse de la SAFJP, se aumentó el sueldo a casi 40 mil pesos —más algunos adicionales—, lo cual le permitió cobrar una jugosa indemnización de "despedida". Esto no sólo lo benefició a él, sino al séquito de incompetentes que lo acompañan, como Fabián Báez y Lorenzo Domínguez, este último otrora procesado en Rosario por los hechos de diciembre de 2001.

Toda esta runfla de personajes, dicho sea de paso, se ocuparon con gran eficacia de desmantelar cualquier actitud molesta para con ellos. Por caso, desafectaron a ciertos empleados que les resultaban "molestos", como ha sucedido en el área de auditoría de las Comisiones Médicas donde se dio la orden de que los informes elaborados por los médicos deben ser "livianos" (1). Este hecho es más grave de lo que parece, sobre todo por la magnitud que representan esas auditorías a nivel económico y sanitario.

Uno de los responsables de que se "laxaran" los controles es el mencionado Domínguez, quien llevó adelante la idea de que los damnificados fueran examinados en un lugar determinado y que el dictamen de los expedientes los hicieran médicos de otras provincias —los cuales obviamente no habían examinado a la persona—. Esto significa que los médicos indican tratamiento e incapacidad, a una persona que nunca examinaron. En este marco, existen infinitas quejas que nunca han sido resueltas ni por la SAFJP ni por la SRT, implicando la violación de normas vinculadas al ejercicio de la profesión.

Existe el caso de un paciente que fue examinado en Buenos Aires y cuyo expediente ha sido dictaminado por médicos de Tucumán que nunca lo vieron. Por uno de estos casos, cuatro médicos de las Comisiones fueran demandados.

Aparte de la cuestión legal, hay otra cuestión de fondo que tiene que ver con las matrículas para el ejercicio profesional de la medicina que cada provincia regula. Aparentemente, habría un dictamen de la SRT que afirma que ese método no era legal, pero todo fue tapado o destruido.


Concluyendo

El éxito de la gestión de Carlos Weitz dependerá de cómo se maneje a futuro. Tendrá que ser un verdadero "equilibrista", ya que, por un lado, está rodeado de un equipo en el que todos se han puesto de acuerdo en delinquir; por el otro, no puede ocultar bajo la alfombra toda la basura que dejó González Gaviola y otros superintendentes, a riesgo de ser cómplice de esos delitos.

Como botón de muestra, es dable mencionar que la SAFJP tiene varias demandas en su contra y ya perdió un oneroso juicio laboral que le costó al Estado —jamás a los funcionarios— más de 400 mil pesos.

A aquellos que se desempeñan en el mencionado organismo, desde este sitio se les recomienda que reclamen la nómina —con el promedio de los sueldos de las principales AFJP— con la cual se debe integrar los salarios desde el año 1994.

Se llevarán una interesante sorpresa.

Christian Sanz

(1) Lorenzo Domínguez fue gestor de la fórmula "flujo/stock", que estableció en carácter imperativo a la Comisión Médica Central que resolvieran el 80% aproximadamente de los expedientes que estaban "en plazo" y el 20% de los viejos expedientes "fuera de plazo", sin importar ni el problema de salud o la gravedad del caso. La cuestión era el "plazo" y el trabajador que estaba en la cola debía seguir en la cola. Pocos saben —y es muy bien ocultado— que hace unas semanas, Domínguez debió declarar en un juicio laboral que le inició un médico a la SAFJP debido a que sus órdenes eran contrarias a la ley. Este médico, junto a otros, se negaron a dictaminar expedientes sin examinar a la gente y esto derivó en acciones judiciales contra la SAFJP.