El proyecto impulsado por el impresentable ministro de Justicia, Aníbal Fernández, acerca de la creación de un registro de celulares para supuestamente “hacer desaparecer el mercado negro”, es de una imbecilidad que no tiene parangón y sólo servirá para controlar a aquellos que cumplan con la eventual ley.

Es evidente que los que quieran delinquir no "empadronarán" las líneas de sus celulares y mucho menos sus aparatos. Es lo mismo que sucede con las armas de fuego en la actualidad, donde existe un "mercado negro" que jamás ha logrado ser desbaratado.

Según el ministro Fernández, la idea de reempadronar unos 30 millones de aparatos, es “una razón de seguridad (...) nadie que tenga un celular de buena fe tendrá inconvenientes en registrarlo". Insólito.

La misma medida ha intentado ser aplicada en países europeos y fue un completo fracaso. No sólo no permitió descubrir jamás in fraganti a ningún delincuente, sino que docenas de personas a las que les habían "clonado" sus líneas de teléfono para delinquir, terminaron demoradas injustamente por la Justicia.

Oportunamente, se argumentaron las mismas razones que las esgrimidas por Fernández: la necesidad de "reglamentar el uso del celular", especialmente "en situaciones como intento de secuestros extorsivos, secuestros virtuales o situaciones de acciones delictivas".

El padrón de celulares, más que para combatir el delito, será utilizado para conocer las líneas "secretas" que poseen —poseemos— los periodistas para hablar con importantes fuentes de información —paradójicamente vedadas de hablar con el periodismo por el propio gobierno— o que utilizan algunos políticos de la oposición para hablar en secreto, intentando evitar las pinchaduras de los servicios de Inteligencia vernáculos.

Es evidente que, al conocer los nombres de los titulares de los teléfonos alternativos, se acabará el secreto de las conversaciones mencionadas.

A ese respecto, es dable mencionar que este último es un tema que desvela a Aníbal Fernández desde épocas en las que era ministro del Interior y contrataba puntuales hackers para hacerse de los secretos de ciertos funcionarios y periodistas.

Por tal motivo, sería oportuno que, en lugar de seguir insistiendo en este tipo de imbéciles proyectos —no olvidar la sospechosa arenga a favor de la despenalización del consumo de drogas—, el ministro de Justicia se abocara a trabajar en las áreas que le competen y que por su ineficiencia dejan mucho que desear.

Le haría un gran bien al país.