En el día de ayer —2 de septiembre— le pregunté al juez Federico Faggionato Márquez si llamaría a declarar a Ibar Esteban Pérez Corradi, la persona que Sebastián Forza había denunciado en dos oportunidades por amenazas y que la embajada de Estados Unidos ha sindicado como el intermediario entre narcotraficantes y droguerías vernáculas. Esto significa que Pérez Corradi es un eslabón clave en la investigación por la muerte de los empresarios en General Rodríguez.

Sin embargo, el magistrado aseguró que iba a ver cómo se iban dando los acontecimientos antes de avanzar contra este, demostrando que sólo se seguirá una línea de investigación: la de los cárteles de la droga mexicanos, dejando de lado todo lo vinculado a laboratorios medicinales —aún cuando se trata de la otra cara de la misma moneda— y la relación política consecuente.

La mera aparición de Faggionato Márquez en esta trama fue un mal presagio para muchos y así se hizo saber pertinentemente a través de las virtuales páginas de este periódico. Se trata de un magistrado fuertemente alineado con Balcarce 50 y condicionado por la media docena de denuncias que penden sobre su cabeza en el kirchnerista Consejo de la Magistratura. "Es el Norberto Oyarbide de la provincia de Buenos Aires", me dijo un colega, en referencia al fuerte alineamiento que este último posee con la Casa Rosada.

Esto significa que Faggionato Márquez jamás profundizará su investigación en los vínculos políticos de los asesinados, ni en los verdaderos dueños de ciertas droguerías y laboratorios medicinales, ni en los sospechosos aportes a la campaña a Cristina Kirchner.


La trama y el revés

Como aseguró este periódico —en exclusiva— el viernes 29 de agosto próximo pasado, agentes de la Policía Federal detectaron varios cruces de llamados telefónicos entre el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti y el asesinado Sebastián Forza. Inmediatamente, apareció en la mira de la investigación el nombre de Manuel Poggi, un funcionario de la localidad de General Rodríguez que, se especula, será el nuevo "perejilazo" de la investigación.

No sólo el contacto con Uberti es real, sino que Forza tenía un fuerte vínculo con Victoria Bereziuk, la secretaria de este. El dato fue oportunamente confirmado por Solange Bellone, viuda del asesinado empresario.

Esta es la parte de la trama que teme el oficialismo que se haga pública y es en ese contexto que debe entenderse la sorpresiva irrupción de Faggionato Márquez.

Mal que le pese al kirchnerismo, una importante e independiente revista de actualidad e investigación llevará a su portada los detalles de este tema.

La otra punta que se intenta tapar en estas horas es la vinculada a ciertos personajes —poderosos ellos— relacionados a lo más granado de la política provincial. El ex senador Horacio Román (1), el intendente de Merlo, Raúl Otacehe y hasta el propio Hugo Moyano son algunos de los nombres que aparecen mencionados en boca de los pocos "arrepentidos" del expediente.

No casualmente Moyano es quien más defiende en estos días la gestión de Héctor Capaccioli al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este último es quien ha manejado a su antojo —siempre con la venia de Néstor Kirchner— los aportes en torno a la campaña de Cristina Fernández en octubre de 2007.

A pesar de los dichos oficiales a este periódico, sobre que Capaccioli sería eyectado de su cargo en breve, nadie se ha animado a tocarlo aún.

Tendrá que ver con los secretos que guarda el funcionario respecto del verdadero origen de los fondos de la campaña de la ex primera dama?


Lo que no se dice

Insólitamente, las hipótesis más fuertes de los investigadores del triple crimen de General Rodríguez van en contra de los intereses del kirchnerismo y, a la sazón, del sospechado juez Faggionato Márquez. Mientras el magistrado asegura que todo es parte de un ajuste de cuenta de narcos mexicanos, los especialistas están casi convencidos de que se trató de mano de obra local.

"Los que mataron a estos pibes conocían la zona como la palma de sus manos. Acá los narcos no tienen nada que ver (...) ¿Les convino acaso la repercusión negativa que tuvo todo esto y que les cortó un negocio millonario? Acá está la policía de la provincia de Buenos Aires, tal vez con la connivencia de alguien más", aseguró uno de los investigadores a Tribuna de periodistas hace pocas horas.

Otra hipótesis que crece con fuerza tiene que ver con el móvil del crimen: a esta altura, se cree que Forza quiso acaparar un mercado millonario, el de la efedrina, que perjudicaría a pesados personajes del "submundo" de la mafia de las droguerías y laboratorios medicinales. En ese marco se entenderían las amenazas contra su persona por parte de Pérez Corradi, las cuales quedaron refrendadas en la Justicia.

Para poder resolver el caso, hay que escarbar en este último punto, donde los negociados con medicamentos se mezclan con la importación de precursores químicos e importantes droguerías que poseen jóvenes testaferros al frente de ellas.

En esa línea, Pérez Corradi, hombre de Aníbal Fernández, sería la cabeza más visible, seguido por un grupo de personas que aún no aparecen siquiera mencionadas en la causa judicial. Uno de los que debería investigarse es Marcelo Abasto, un joven sanjuanino titular de droguería Multifarma que ostenta el mismo récord que el de los asesinados: aportó dinero a la campaña presidencial y posee docenas de cheques rechazados por un total de $1.361.872,22.

Otra vez la misma pregunta ¿Cómo se entiende que todos estos empresarios, con negocios millonarios a través de organismos públicos y privados, tengan sus cuentas en rojo? ¿Quién está detrás de todos ellos?

Abasto está fuertemente vinculado con el procesado Luis Marcelo Tarzia, otro de los "empresarios farmacéuticos" que están en la mira de los investigadores —fundador de Pharma Trade Group—, ya que se presume fuertemente que fue él quien presentó a Forza a un grupo de narcotraficantes.

Ambos, dicho sea de paso, están relacionados al sospechado Pérez Corradi.


Concluyendo

A medida que avanza la causa, aparecen más elementos de prueba, los cuales son oportunamente manipulados de acuerdo a los intereses que se mueven en las sombras. Asombrosamente, los medios de información se mueven al compás de esta manipulación.

Si realmente se quiere hacer justicia, debería investigarse la "sociedad" integrada por las personas mencionadas anteriormente, a las que debe agregarse los nombres de los hermanos Marcelo y Diego Colosa, proveedores de la obra social del Hospital Militar y que sugestivamente suelen viajar permanentemente de Perú a Buenos Aires.

El nexo entre estos y los demás mencionados es un supuesto abogado llamado Guillermo Martinero, quien no sólo cambiaba cheques a los hermanos Colosa, sino también a Pérez Corradi, Forza y los otros nombrados.

Todo es parte de un mismo rompecabezas que, de a poco, va mostrando ser parte de una novela maldita.