Mientras la Argentina va volviéndose una zona cada vez más permeable al narcotráfico y, mientras cada día mueren jóvenes y niños por los efectos de las drogas como el Paco, el ministro de Justicia insiste con la despenalización de la tenencia de estupefacientes.

En sentido contrario a lo que sucede en el mundo, donde se está volviendo a penalizar la tenencia de narcóticos, la Argentina retrocede varios pasos y parece decir a los cárteles de drogas "vengan, son bienvenidos".

¿Es casual esto, es adrede? ¿Hay algún interés puntual en que crezca el narcotráfico, o es mera imbecilidad?

Por lo que se contará en el presente artículo, pareciera que nada es casual. Veamos.

Zona liberada

Uno de los lugares más convulsionadas en lo que respecta a la violencia relacionada a las drogas, es la zona sur, especialmente la localidad de Quilmes. En su momento, han existido varios hechos delictivos que se produjeron en un radio de proximidad tan cercano que hacen sospechar de mensajes mafiosos más que de hechos aislados.

Sólo por citar algunos de ellos, podemos nombrar los secuestros de Mariel Filomeno, productora de TyC Sports, que a su vez es esposa de un sobrino —y socio— de Julio Grondona  y de Gabriel Mércuri, hijo del diputado del PJ Osvaldo Mércuri.

Asimismo, el empresario de la construcción Jorge Fernández Prieto, amigo y socio del presidente de la AFA, fue asesinado a balazos cuando llegaba en auto a su casa, en un lujoso edificio del centro de Avellaneda. El ataque todavía no se esclareció y las hipótesis van del robo con final trágico hasta la venganza por razones comerciales.

Y es en medio de estos hechos de violencia y otras cuestiones oscuras que aparece la sombra inequívoca de un personaje muy poderoso vinculado al municipio de Quilmes: Aníbal Fernández, actualmente a cargo de la cartera del ministerio del Justicia.

Las principales sospechas nacen de su histórica y extraña relación con un conocido delincuente integrante de la barrabrava de Quilmes, Osvaldo “Dedo” Becerra.

“Dedo” maneja la explotación de varias parrillas ubicadas en puntos estratégicos de la zona sur y que se sospecha que están relacionadas con la venta de drogas. Una docena de vecinos consultados hace unos años por este medio, aseguran sin dudar que en esos establecimientos —al que sugestivamente ellos llaman “parrillas blancas”— se comercializan estupefacientes. Tres de ellos juran que la impunidad histórica de este negocio tendría que ver con la protección del actual ministro —ex intendente—, Aníbal Fernández.

Resulta llamativo que cada una de estas parrillas, que están identificadas con el escudo de la municipalidad de Quilmes, permanezcan abiertas durante toda la noche, sin control municipal de lo que se vende y “colgadas” de la energía eléctrica.

Hace unos años, un abogado llamado Antonio Liurgo se animó a presentar una denuncia formal por la presunta cesión irregular de algunos de esos predios “a la barrabrava del Club Quilmes” y solicitó a la Justicia que tome declaración testimonial al propio Aníbal Fernández quien, según el letrado, "parece ser la persona indicada para iluminar tanta oscuridad".

Liurgo también señala a “Dedos” en su denuncia y asegura que “sería un conocido delincuente integrante de la barrabrava y militante del PJ (...) sobre quien pesaría en su haber una condena por homicidio".

Finalmente, el abogado aseguró que algunos de los locales allí ubicados "son administrados para mantenimiento de la actividad política y futbolística por (el propio) ´Dedos´ (sic), ´el Marciano´ y ’Carlitos Cabezón Geniol’".

Aníbal, el caníbal

Aníbal Fernández es contador y se convirtió en jefe comunal de Quilmes en diciembre de 1991. Bajo su brazo llevaba promesas de austeridad y eficacia y, cuatro años después, tuvo que escaparse por la puerta de atrás del edificio municipal.

Fernández dejó a Quilmes con una deuda de 11 millones de dólares, un déficit de 1.400.000, un incremento en los tributos del 40 por ciento, y apenas 200 mil dólares en la cuenta bancaria, según el balance que hizo su sucesor.

Pero Aníbal también cargó con una deuda moral: “No puedo demostrar a la gente que las denuncias judiciales son falsas”, reconoció públicamente al explicar el tipo de impedimento que lo frustró de un nuevo período en la intendencia.

Nunca se sabrá si los fueros que le otorgó su banca fueron la razón de su libertad ambulatoria. Pero esas denuncias que no pudo desmentir lo pusieron en fuga de la Justicia.

Daniel Sueldo, director propietario del periódico Redacción, recordó ese episodio en enero de 2002 con estas palabras: “(Fernández tiene) en su trayectoria política un dato muy particular que se recuerda en su pasado como intendente: el de haberse escapado recóndito de la justicia en el baúl de su automóvil…”.

Entre los escándalos que estallaron durante su gestión, podemos citar los siguientes: alquiló por 36 meses las instalaciones de una vieja clínica para destinarlas a los Tribunales a un precio similar al de su compra —$ 792.000—; impulsó y obtuvo el nombramiento como juez del último intendente de Quilmes durante la dictadura militar; contrató los servicios de una empresa que entregaba comida con materia fecal a los empleados del área de salud del municipio. Cuando se descubrió el condimento de las viandas no suspendió el contrato; pagó 720 mil dólares anuales en la telefonía celular del municipio, el doble de lo destinado a Acción Social y la mitad de presupuesto de Salud; a uno de los directores técnicos del club Quilmes, incluso, le cedió un Movicom de la intendencia; y privatizó de modo ilegal la cobranza de deudas municipales. Los estudios beneficiados iniciaron 12 mil juicios de apremio y en muchos casos los honorarios superaban la deuda.

Estos —y otros escándalos— fueron los detonantes para que Aníbal Fernández estuviera a punto de ser linchado por los vecinos de Quilmes.

Son los mismos vecinos que años después lo señalarían como protector de una banda de traficantes de drogas relacionados a la barrabrava de Quilmes.

Concluyendo

Las sospechosas declaraciones —y acciones— del ministro Fernández en los últimos meses, respecto a la despenalización de las drogas, merecen una investigación rigurosa sobre sus eventuales vínculos con cárteles de drogas.

Fernández no es un recién caído del catre como para desconocer la grave situación en la que se encuentra el país frente a los estupefacientes. Afirmar cosas tan imbéciles como que el Paco no mata a nadie en el país o que no existen cárteles de droga, sino "tres o cuatro mexicanos que están en la Argentina para hacer una diferencia", deberían ser causales de remoción al frente de la cartera de Justicia.

Lo mismo cabe a su intento de frenar la ley de precursores químicos en el Congreso de la Nación. ¿Qué intereses hay detrás para que esto suceda?

Peor aún ¿Qué intereses gravitan en el kirchnerismo para sostener a un ministro tan cuestionado?

Sobradamente se han desnudado en estas virtuales páginas los vínculos de no pocos funcionarios relacionados al matrimonio Kirchner con el tráfico de estupefacientes.

Es probable entonces que, por carácter transitivo, sean los propios Néstor y Cristina los que estén vinculados a tan oscuro negocio.