A pesar de los tibios intentos mediáticos para defender la indefendible postura del sacerdote Julio César Grassi, la verdad se impuso ante todo. En las últimas horas, el fiscal Alejandro Varela pidió 30 años de prisión para el cura, al encontrarlo responsable 17 hechos de abuso sexual y corrupción de menores.

    Este periódico —particularmente quien escribe estas líneas— ha sufrido el acoso permanente por parte de algunos de los abogados de Grassi y el feroz apriete de personajes de su entorno, luego de dar a conocer media docena de abusos que eran desconocidos por la sociedad y la Justicia (1).

    Asimismo, pocos saben que existe un expediente judicial —independiente de la causa Grassi— en el cual se investigan las graves amenazas sufridas por ex empleados del sacerdote que se animaron a contar la verdad de lo sucedido en Felices los niños. Se trata de Amalia Castro —ex panadera de la Fundación—, Julio Villagra, Marta Díaz y al menos otros diez testigos.

    Por otro lado, existe un costado poco explorado en torno al tema Grassi: el relacionado con sus manejos financieros dentro de la fundación. Existen enormes sospechas de posible lavado de dinero y desvío de fondos de sumas realmente importantes. En uno de los artículos publicados por este periódico se hacía referencia a cómo, en privado, importantes obispos del conurbano acusaban irregulares manejos económicos de Grassi, pero no se atrevían a afirmarlo en público. "Pregunten averigüen, a ver si lo que se declaraba como donado era el monto que efectivamente aportaban algunos empresarios y políticos", recomiendan, sugiriendo maniobras de evasión tributaria y blanqueo de plata non sancta.

   Wenceslao Bunge, ex vocero del desaparecido narcolavador Alfredo Yabrán, admitió que el empresario postal “realizó aportes en efectivo (a Grassi) y, si no me equivoco, donó algún vehículo y materiales para edificación”.

    En el mismo sentido opinó una de las fuentes consultadas por quien escribe estas líneas, vinculada a la contaduría de Felices los niños: "Desde que el sacerdote se vio envuelto en este escándalo, uno de los benefactores máximos, proveniente de Canadá, retiró sus aportes y con esto cayeron la totalidad de las posibilidades de cubrir los sueldos, lo cual llevó a tener muchas dificultades sindicales y de protesta de la gente que allí trabaja".

    El informante confirmó a este periodista lo publicado en un artículo anterior por Tribuna de periodistas: el contacto permanente de Grassi con un directivo de Telemundo de EEUU llamado Marcelo Marini. "Pudieron contactarse con unos empresarios italianos para poder cubrir parte de los gastos que ahora la fundación por sí sola no podía cubrir. Por eso es que, de forma desprolija y con la ayuda de Marcelo Marini, esta gente empezó aportar alrededor de 60.000 dólares mensuales, lo cual parecía no alcanzar. El dinero nunca llegó a poder cubrir los gastos porque caían en un bolso sin fondo, y esto se nota por la falta de alimentos de los niños, medicamentos, sueldos y demás. Nunca existieron controles ni justificaciones concretas de adónde iba a parar este dinero, lo cierto es que esta situación se daba en total complicidad con el contador Hector Fabri (ex directivo del correo privado de Alfredo Yabrán) puesto allí por decisión del grupo  (Yabran era amigo del sacerdote)  y por qué digo con su complicidad, porque fue este señor, debido al conflicto con los sueldos de la gente allí. Con el rumor de que llegaba este dinero, sumado a la situación del embargo de las cuentas de la fundación (debido a los juicios ) fue el contador Fabri quien se las ingenió para derivar esa plata de Italia por otra cuenta personal y así el dinero que entraba de Italia no se lo 'chupaban' los embargos que recaían en la institución".

    Lo cierto es que la situación de "nulo control" del dinero terminó llegando a oídos de los "inversores" italianos y, a partir de ese momento, impusieron como condición —para poder seguir aportando— que se contratara a una consultora para verificar el destino de los envíos. Luego de una breve búsqueda, se contrató finalmente a la empresa Price Waterhouse y se empezó con el relevo de las cuentas, siempre con la supervisión de Grassi, quien controlaba todo desde la quinta La Blanquita, ubicada frente a Felices los niños. 

    "Al final, la consultora llegó a la conclusión de que el dinero literalmente caía en un 'barril son fondo'. La respuesta del sacerdote fue su ira y desprestigo de los dichos de la consultora. Finalmente el contador se fue de la institución y la gente de Italia retiró los aportes", aseguró el mismo informante, coincidiendo con las palabras de otra fuente consultada por este periodista.

    Según ambos interlocutores, las gestiones habrían continuado a través de la Hermana María Elena Ferracutti, presidenta formal de Felices los niños. "El sacerdote puso en manos de la religiosa estas tratativas de restituir esta donación, aprovechando su imagen de religiosa (según palabras del sacerdote). La pregunta es: ¿A dónde iba este dinero? Nunca se supo", finalizó uno de los entrevistados.


Concluyendo

    Nadie puede dudar de la gravedad de las conductas que se le imputan a Grassi. Hay al menos 17 hechos concluyentes que la Justicia se apresta a juzgar y demasiada evidencia colectada que demostrarían la culpabilidad del sacerdote.

    En ese marco, Grassi intentó eludir la acción de los jueces de toda manera posible, desde el entorpecimiento de las investigaciones hasta el más desvergonzado apriete a los testigos.

    "Desde la primigenia detención de Grassi se han diseminado un sinnúmero de conductas procesales encaminadas directamente en este sentido. Agudizadas ahora desde el 22 de Diciembre de 2003 en que debió realizarse la audiencia preliminar del juicio, a partir de la extensa serie de articulaciones y recursos manifiestamente improcedentes —que incluso exteriorizan la propia falta de interés del recurrente—, que han impedido que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural", manifestó con indignación una de las fuentes consultadas.

    La palabra ahora es de los jueces. Si existe real vocación para que se haga justicia, se dará curso al pedido del fiscal Varela.

    No es poco.

Christian Sanz

(1) Ver Grassi, el cura del poder