En las últimas horas, frente al elocuente desinterés general —la sociedad ya se ha hartado de este tipo de temas—, fue desbaratada una banda que comercializaba medicamentos truchos, vencidos y adulterados. Los procedimientos fueron realizados en Capital Federal y Paraná, en el marco de una organización que vendía remedios a enfermos de cáncer y sida.

    Según cuenta la oficiosa agencia Télam, "Cuatro consultorios porteños y uno de Entre Ríos fueron allanados y sus médicos afectados a una causa iniciada hace dos meses, por la que fue desbaratada una organización acusada de vender medicamentos oncológicos y contra el VIH vencidos y adulterados.

    'Durante los allanamientos realizados en las últimas horas detectives de la División Investigación Técnica del Delito, de la Superintendencia de Investigaciones Federales, secuestraron frascos y ampollas medicinales con falsa crotoxina y complejo proteico que eran fabricados por la banda', dijo a Télam una fuente policial.

    También se secuestró una gran cantidad de recetas y documentos que los médicos de los consultorios allanados utilizaban para concretar sus maniobras".

    Lo interesante de lo publicado es que, aunque no se lo haya mencionado, el procedimiento está íntimamente relacionado a la estructura de negocios que Sebastián Forza integraba hasta que fue asesinado, donde se vendían remedios adulterados y se hacían otro tipo de negocios vinculados con la salud pública. En esa estructura aparece la mano de importantes funcionarios oficiales que han permitido que esto suceda.

    Tribuna de periodistas aportó vasta documentación en ese sentido: la primera vez fue el 29 de septiembre de 2008, en el marco de una causa por adulteración de remedios y otros negociados relacionados al PAMI, en el juzgado Federal a cargo de Julián Ercolini. Allí se dio el nombre de funcionarios, empresarios y laboratorios medicinales que han hecho oportunos negociados en detrimento de la salud pública. Son datos que fueron aportados por el asesinado Sebastián Forza en el marco de la entrevista que tuvo con quien escribe estas líneas en mayo de 2008.

    Poco después, el 2 de octubre del mismo año, se aportó similar prueba ante la fiscalía Nacional de Instrucción en lo Criminal número 32, encabezada por la Dra. Ana María Yacobucci, en el marco de la causa judicial que investiga el triple crimen de General Rodríguez.

    Es dable mencionar los detalles de estos expedientes, ya que es probable que la causa judicial que dio pie al operativo de marras, se cierre sobre los perejiles de siempre, sin hacer mella sobre las cabezas de estas estructuras mafiosas que han crecido al calor de la protección oficial de los últimos años.

    "El día que a (Héctor) Cappacioli le quiten la protección que le están dando, medio gabinete de los Kirchner va en cana por los remedios truchos", admitió hace meses una fuente de la mismísima Superintendencia de Servicios de Salud.

    Como se ha denunciado en este sitio docenas de veces, existe una asociación ilícita conformada por dos grandes droguerías, cuatro laboratorios medicinales y media docena de importantes funcionarios públicos que han permitido semejante desmadre.

    ¿Avanzará la Justicia hasta ese nivel?

Christian Sanz