Mientras los principales medios de comunicación van perdiendo interés en la denominada mafia de los medicamentos, Tribuna de periodistas avanza en su indagación sobre el tema, anticipándose a los hechos antes que la Justicia.

En uno de sus últimos artículos, quien escribe estas líneas aseguró que los investigadores judiciales deberían poner la lupa sobre una sociedad llamada Homeland Brokers Security SA, constituida el 30 de noviembre de 2007, dedicada a la "prestación de servicios de asesoría y consultoría integral a empresas o clientes particulares relacionadas con la seguridad en redes de información y comunicaciones; asesoramiento en salvataje de personal y bienes en situación siniestral y/o preventiva; seguridad en la protección de la propiedad intelectual; detección de fraudes, resolución de conflictos con toma de rehenes, secuestros extorsivos, narcóticos y lavado de dinero; Comerciales: Mediante la compra, venta, importación y exportación de materiales para usos especiales: chalecos antibalas, escudos, cascos balísticos, municiones, explosivos, cartuchos especiales, granadas de irrupción y todo otro equipo o elemento relacionado con la seguridad individual o de empresas, inclusive material de uso bélico liviano o pesado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes".

Es dable mencionar que sus socios son Eduardo Ariel Menchi, Miguel Ángel Colella —comisario retirado—, Ricardo Alberto Escudero y el megasospechado Martín Lanatta, vinculado íntimamente con el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández. Lanatta es el personaje central en la trama del triple crimen de Gral. Rodríguez, ya que fue quien "emboscó" a los asesinados "empresarios" justo antes de que fueran ultimados a balazos.

Independientemente a este último dato, otros de los nombres que deben investigarse son los siguientes:

-Rubén Romano: denunciado por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, como responsable de maniobras ilícitas en el gerenciamiento de obras sociales y el PAMI. Forza aseguró a este cronista que Romano quería matarlo por haberse desvinculado de la sociedad entre ambos. Ocaña admitió lo mismo.

-Marcelo Abasto: amenazaba a Forza porque este le debía dinero. Según fuentes cercanas al fallecido empresario, las presiones de Abasto eran sumamente violentas.

-Néstor Vázquez: ex superintendente de Servicios de Salud.

-Ricardo M. Rodríguez: amigo de Martín Lanatta, es dueño de una quinta donde habrían estado los tres "empresarios" antes de ser asesinados.

-Walter Maffini: vinculado a Forza y otros jóvenes "empresarios", es quien buscaba en clínicas y hospitales frascos vacíos de medicamentos para rellenarlos con agua y alcohol.

-Sr. Cabañas: es el "padrino" de casi todos los jóvenes que abrieron droguerías "truchas" en los últimos años.

-Miguel de Marco: vinculado con una droguería a nombre de su hijo.

Asimismo, habría que echar luz sobre la droguería Atlántida Argentina SA, cuyo titular es Julio Alejandro Yahia, hijo de Zafer Yahia. Un dato asombroso: su madre es Lidia Tfeli, hermana de Alejandro ídem, médico personal del ex presidente Carlos Menem.

Gracias a su tío, Alejandro fue hasta hace unos meses Director de Coordinación y Administración de la ANMAT y su prima Alejandra es secretaria del corrupto sindicalista Gerónimo "Momo" Benegas.

Asimismo, el gerente de Atlántida Argentina es Carlos B., ex directivo de laboratorios Gautier, donde trabajaba el fallecido Sebastián Forza. Lo que pocos saben es que, quien le vendía productos a Atlántida era el propio Forza. 

"Julio Alejandro Yahia suele juntarse por lo menos cada quince días a cenar con su tío Alejandro, el Dr. Daniel Stamboulián (Fundación Helios), Andrés Vazquez (asesor del laboratorio Microsules Argentina, merced a ciertos "favores" ante la AFIP), y el infaltable Néstor Vázquez, ex gerente de la SSS. Es escandaloso", admitió una importante fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud consultada para el presente artículo.

Dos datos finales para el expediente judicial: primero, debe investigarse a la concesionaria Lonco Hue, sucursal Valentín Alsina, donde Forza y otros personajes solían cambiar automóviles por ciertos favores. Segundo, habría que indagar sobre una "evaporada" sociedad entre los mencionados Marcelo Abasto y Walter Maffini, vinculada justamente a la comercialización de medicamentos.


Concluyendo

Mientras cientos de personas morían por la ingesta de medicación adulterada, la Superintendencia de Servicios de Salud jamás hizo nada, todo lo contrario. Algunos de sus funcionarios más importantes permitieron la corrupción y hasta la impulsaron, a cambio del más espúrio dinero.

Sólo debe recordarse que ese organismo cuenta con 25 empleados jerárquicos y alrededor de 40 síndicos. A su vez, hay una Gerencia de Control Prestacional que cuenta con más de 60 dependientes, una Gerencia de Servicios al Beneficiario con más de 70 empleados y un Departamento de Defensa del Beneficiario con cuatro funcionarios que deberían velar por el bienestar de los pacientes.

Y ahí viene la pregunta del millón: ¿qué hacía toda esta gente mientras Néstor Lorenzo y sus secuaces estafaban y mataban a los pacientes de las obras sociales con medicamentos adulterados, vencidos o inocuos?

Lo cierto es que, mientras estas líneas son escritas, tanto la causa judicial que investiga el triple crimen, como el expediente que indaga acerca de los medicamentos adulterados, descansan el sueño de los justos, merced al "freno" que promueve el kirchnerismo para con la Justicia.

Una verdadera vergüenza, especialmente habiendo tanta evidencia para avanzar contra esas mafias asesinas.

Christian Sanz

(1) Atlántida Argentina posee hoy dos demandas en curso por falta de pago contra sendas droguerías: una contra Bairesmed y la otra contra San Javier.