Las derivaciones del expediente que investiga la denominada mafia de los medicamentos parecen no tener fin. A las múltiples derivaciones que ostenta esa causa judicial —que hoy jaquea a poderosos sindicalistas y funcionarios públicos— se ha sumado en las últimas horas la denuncia efectuada por el empresario Gabriel Brito, otrora encarcelado por supuesta extorsión, en la que solicita que se investiguen los fondos que financiaron la campaña que llevó a Cristina Kirchner y Julio Cobos a ocupar el Poder Ejecutivo en el año 2007.
“Que sin haber sido convocado a ratificar la denuncia impetrada el pasado 8 de abril de 2010 y encontrándome en condiciones de hacerlo, pido a VS se sirva de convocarme con carácter urgente a fin de refrendar dicha presentación, teniendo en cuenta la magnitud del ilícito enrostrado y ante la posibilidad de que alguno de los imputados abandone el país”, asegura el escrito de marras, el cual puede descargarse al pie de la presente.
Asimismo, Brito solicita que se inhabilite a la actual Presidenta: “En atención que las presentes actuaciones dan cuenta de la violación flagrante y dolosa de la ley de financiamiento de partidos políticos (26.500) se requiere que la señora jueza federal maría Romilda Servini De Cubría proceda a inhabilitar para cualquier cargo electivo a la actual mandataria Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente Julio Cleto Cobos”.
Y lo argumenta de la siguiente manera: “Se trata de una abierta violación a la legislación que impide recibir y computar como validos aportes sospechosos y contribuciones de campaña de laboratorios y empresarios vinculados a la mafia de los medicamentos sin perjuicio de reparar en otras irregularidades como las relacionadas con la famosa valija de dinero que ingresaron al país Claudio Uberti y Antonini Wilson habiéndose probado el origen de esos fondos aportados por Venezuela en abierta transgresión a la legislación nacional.
Queda claro que la campaña presidencial del FPV habría sido financiada casi íntegramente con fondos negros siendo que los cheques eran aportados por empresarios de segunda línea ligados a funcionarios del oficialismo en su gran mayoría proveedores de la superintendencia de salud que se encontraba a cargo del señor Héctor Capaccioli”.
Finaliza el escrito: “El responsable del partido justicialista es quien debió aclarar el origen de los fondos y esa persona es el Dr. Néstor Carlos Kirchner siendo en consecuencia uno de los sujetos pasivos de las sanciones que prescribe la norma”.
Más allá de que pueda inhabilitarse a Cristina o no, lo cierto es que la simple investigación de los fondos que financiaron la campaña oficial del año 2007, arrojará que se ha blanqueado dinero espúreo.
Será Justicia.
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Christian Sanz