La historia detrás de esta historia, es escandalosa, ya que se trata de la descripción de una serie de hechos se parecen haberse concatenado “a efectos de defraudar al Estado provincial”. Al menos así lo aseguran los denunciantes.

El nudo del escándalo se da en el marco de la habilitación del “Casino Enjoy”, el día viernes 28 de mayo de 2010. Ese día, Juan Manuel Nasif, director del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, suscribió una resolución disponiendo la apertura de esa sala,  que pertenece a la empresa Cela, “por calle San Juan” —dato que obra a fs. 1221 del Expediente Nº 0767-C-0802690—, incumpliendo una orden anterior emitida por la jueza Federal mendocina Olga Pura de Arrabal.

¿Por qué el funcionario desoyó la orden de la Justicia?

El propio Nasif jura que hizo caso a una Resolución emitida por el Directorio del Instituto —la 187 de 2010—, en la cual se asegura que se da “cumplimiento de la orden del Poder Ejecutivo a través del Secretario General de la Gobernación, Luis Alejandro Cazabán”. Cazabán, hombre oscuro si los hay, ha entrometido de esta manera al poder Ejecutivo en un asunto que ya había resuelto la Justicia.

La irregular situación motivó una oportuna compulsa penal ante la Cámara Federal. La tercera contra la figura del gobernador Celso Jaque, por el tema Casinos.

La velocidad del trámite

El trámite de habilitación del Enjoy-Cela se efectuó con una inusitada rapidez. Se inició el pasado 20 de mayo, se avanzó el 21 y se culminó el 28. Es decir, se firmó y se dictaminó la Resolución en vísperas del fin de semana largo del Bicentenario. Y, se notificó pasado el mediodía del viernes siguiente, previo a otro fin de semana.

1-La Cámara Civil y Comercial Primera publica la resolución revocando una medida cautelar en la acción de amparo promovida por Miguel Bergamín, el día 20 de mayo.

2-El mismo día, conforme surge de la Resolución Nº 187 del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, se recibe una “orden” del Poder Ejecutivo en la persona de propio Cazabán, de informarse sobre la misma y emitir los actos conforme el Decreto Nº 3036.

3-Un día después, el 21 de mayo, el área Legal emite un extenso dictamen que sirve de fundamento a la Resolución Nº 187, la cual es suscripta ese mismo día. La firman el presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, y el director Nasif.

4-El segundo día hábil siguiente, el 28 de mayo, Nasif emite la notificación que es puesta en conocimiento de Gabriel Kemelmajer, de Cela – Enjoy, a las 13 horas.

5-Minutos más tarde, a las 13:05 horas, toma conocimiento de la medida el Jefe de Fiscalización del Instituto, Mauricio del Vito, a los fines de que se proceda a la cuestionada apertura del Enjoy – Cela por calle San Juan.

Esta misma velocidad acreditó el Poder Ejecutivo cuando al levantarse la cautelar de Proconsumer, el mismo día emitió los Decretos Nº 3.137 y Nº 3.138 de acogimiento a favor de Diplomatic y de “Desarrollos Maipú”.

Similar situación sucedió con la firma del Decreto Nº 3.687 a favor de “Clad Developer”, en San Martín, y del Decreto Nº 512, a favor de “Fuente Mayor”, en Vista Flores, Tunuyán.

Las responsabilidades oficiales

Frente a la Resolución firme de la Juez Federal de Mendoza, Olga Pura Arrabal, ratificada por la Excma. Cámara Federal, el accionar de los funcionarios podría constituir desobediencia a una Resolución de la Justicia, resistencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La orden de Cazabán estaría pasando por encima de Leyes vigentes, de Resoluciones de la Justicia y son acatadas por quienes conforme la Ley Nº 6362 deberían resolver.

Desde el momento del acogimiento de “CELA” a la Ley Nº 5.775 y la habilitación concretada, cuando aún el edificio estaba sin terminar, pasaron 10 años, superando en más de 7 años el plazo que en forma concluyente concede la norma.

Esta suma de incumplimientos a la Ley Nº 5.775 se agrava con la firma del Decreto Nº 3.036, que le posibilita ampliar la superficie de su sala a CELA cuando todos los plazos estaban vencidos. A su vez, el Decreto se emite con posterioridad a la sanción de la prohibición de acogimientos, ampliaciones, y prórrogas dispuesto por la Ley Nº 8.040.

Las medidas del Gobierno acreditan que el Poder Ejecutivo no tiene “incertidumbre” alguna sobre la superficie que es el 4% del total edificado. Tanto así que el día 25 de noviembre del 2008 emitió el Decreto Nº 3.339, mediante el cual notificó a los diferentes organismos del Estado y a los hoteles sobre la Resolución de la Juez Federal.

Por otro lado, a emprendimientos que no son “nuevos”, como dispone la Ley Nº. 5.775, y que además tienen Decretos de acogimiento desde hace 8, 10 o 16 años, no se les ha declarado la caducidad a los tres (3) años como dispone la norma.  Como son los casos de “SMATA” en San Rafael (16 años); de “Diplomatic” y las ampliaciones de “CELA – Enjoy” (8 años) por calle San Juan en la Ciudad de Mendoza; y de “KLP Emprendimientos”, en Guaymallén.

Ni la Ley Nº 5.775 ni su Decreto Reglamentario Nº 2.235 permiten el otorgamiento de prórrogas, ampliaciones de plazo y menos aún acordar 2 o 3 acogimientos a un mismo emprendimiento.

Como se mencionó al principio del presente artículo, en agosto del 2008 el gobernador Jaque aseguró a diversos legisladores que no quería más salas de juego. Poco después, firmó los Decretos:

1) Nº 3.137/2008 a favor de Diplomatic, en Ciudad de Mendoza;

2) Nº 3.138/2008, a favor de “Desarrollos Maipú”, en Maipú;

3) Nº 3.687/2008, a favor de Clad Developer, en San Martín;

4) Nº 512/2009, a favor de “Fuente Mayor”, en Tunuyán;

5) Nº 784/2009, autorizando la ampliación al doble de la superficie y realizando un “nuevo” acogimiento a favor de KLP Emprendimientos S. A., en Guaymallén;

6) Nº 2.595/2009, interpretando con efecto retroactivo la Ley Nº 5.775, 19 años más tarde de su sanción para permitir las ampliaciones de los casinos de “KLP” y “CELA-ENJOY” y

7) Nº 3036, a favor de CELA – ENJOY, para permitir su ampliación y salida por calle San Juan.

Nuevas acciones legales

Por estas horas, una nueva acción judicial se prepara contra el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza. Se trata de una compulsa penal que se lleva adelante por supuestos actos reñidos con la ley por parte de importantes funcionarios a cargo de esa institución y que provocó que la Justicia enviara, en el día de ayer, una oportuna intimación legal.

Dicho requerimiento ha sido silenciado por los funcionarios de ese organismo, quienes desconocen que se trata sólo del principio del escándalo en ciernes.

Christian Sanz