El oficialismo hizo pesar hoy su mayoría en el Senado y aprobó la ley que declara de interés público la producción y distribución de papel para diarios y que habilita al Estado a incrementar eventualmente su presencia en la empresa Papel Prensa, compañía que también participan Clarín y La Nación..

El proyecto enviado por el Ejecutivo contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue convertido en ley con 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención, del senador Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta.

El debate comenzó a las 13:00, tal como estaba previsto, luego del cuarto intermedio declarado durante la madrugada tras la aprobación del Presupuesto 2012 y un paquete de leyes económicas y preventivas de delitos fiscales. 

La ley posiblemente sea cuestionada en la Justicia por presunta inconstitucionalidad por los diarios Clarín y La Nación, hasta ahora principales accionistas de Papel Prensa junto al Estado nacional.

La norma tampoco es bien recibida por un conjunto de diarios del interior del país, que fueron históricamente relegados por Papel Prensa pero que ahora temen que se les afecte el derecho a importar papel, dado que la nueva normativa faculta al Estado para fijar amplias regulaciones en ese sentido.

La encargada de presentar el proyecto fue la senadora oficialista y presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, Liliana Fellner, quien aseguró que "la empresa Papel Prensa ejerce una posición  monopólica".

"Clarín dice que no se perjudica a quien no tenga cupo para comprar papel porque el importado sale 680 dólares y en Papel Prensa sale 750 dólares, entonces importar sale más barato. Pero para conseguir ese precio es necesario hacer una compra de cinco mil toneladas juntas", argumentó Fellner.

Por su parte, el senador Aníbal Fernández sostuvo que "del total producido por Papel Prensa, Clarín y La Nación utilizan el 70 por ciento para cubrir sus necesidad, el resto se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15 por ciento mayor".

La oposición no acompañó el proyecto por considerar que existe "una colisión constitucional", como aseguró el radical Ernesto Sanz, quien sostuvo que "la idea del interés público justifica el control estatal sobre una actividad privada pero en el caso del papel para diarios es impensable, porque la Constitución impide dictar leyes que restrinjan la actividad de imprenta".

NA