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Un simple acto “administrativo-policial” cometido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) fue el disparador de una discusión que comenzó hace años y nunca se terminó de definir: es la que tiene que ver con el difuso límite que impera entre el intercambio libre de información —en el marco del derecho a la libertad de expresión— y los contenidos protegidos por copyright.
Ese debate, que provoca amores y odios en uno y otro extremo, tuvo su pico de tensión este jueves con el cierre del emblemático sitio de descargas online Megaupload. Para algunos, se trató de un acto de justicia; para otros, de un imperdonable avasallamiento contra la libertad de expresión. Sin embargo, no se trató ni de una cosa ni de la otra, sino de ambas situaciones a la vez.
Hay que mencionar a ese respecto que la violación de la propiedad intelectual se ha potenciado cuanto más se ha dinamizado la utilización de Internet en los últimos años. No es una exageración ni mucho menos: por caso, la descarga de música y películas de manera ilegal ha obligado a cerrar a emblemáticos sellos y tiendas comerciales.
Esto lleva a una incómoda pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando no haya mercado legal que sustente al ilegal? ¿A quién copiarán los “piratas” de siempre cuando no haya a quien copiar?
Ese interrogante jamás será respondido por quienes adulteran contenidos, ya que no les preocupa en lo inmediato. Sí debería motivar a quienes manejan el mercado “legal” de contenidos, quienes han mostrado ser los mayores perjudicados por la piratería. ¿No es hora de rever ciertas cuestiones puntuales como los costos de comercialización de CDs y DVDs, uno de los tópicos que impulsan a la adulteración de films y temas musicales? ¿Por qué no ofrecer descargas no onerosas a través de la web, evitando de esa manera el traslado de costos de packaging al precio final?
Esto no culminará con la adulteración de contenidos, pero sí lo hará disminuir de manera exponencial. A esta altura, debe aclararse que no se intenta justificar el imperdonable delito de la piratería; solo aportar ideas para disminuirlo y, eventualmente, finiquitarlo.
Pero el copiado ilícito no es la única cuestión que se discute en estas horas. Si bien Megaupload lucraba con contenidos que ostentaban derechos de autor, el servicio también se utilizaba para alojar documentos y archivos legales o sin restricciones de copyright. ¿Era necesario entonces embestir contra el sitio todo, sin discriminar entre lo legal y lo ilegal? ¿Alguien ha pensado en los usuarios que utilizaban el sitio de manera lícita? ¿Qué ocurrirá con los archivos que estos alojaban allí?
Como puede verse, la discusión no es nada sencilla. Si a ello se agrega que las posturas ciudadanas están marcadamente enfrentadas hacia un extremo o el otro, la solución no parece ser viable en el corto plazo.
Tal vez las respuestas se encuentren a mitad de camino, sin la necesidad de avanzar —y avalar— hacia una “ley SOPA” o la violenta requisa de FBI. Algo de eso arriesgó Alberto Arébalos, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google, en diálogo con MDZ Radio: “No es necesaria ninguna ley, los mismos sitios de Internet pueden controlar la piratería (…) Nosotros a través de YouTube hemos implementado una herramienta que detecta la violación de los derechos de autor, ¿por qué otros no pueden hacerlo?”.
Las palabras de Arébalos no dan una solución concluyente, pero sí permiten enfocar el norte de una brújula que hoy parece desorientada. Esa senda debería transitarse al mismo tiempo que se combate contra leyes como las que impulsa Estados Unidos.
No es poco.
Christian Sanz
Twitter: @cesanz1
