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Lento pero seguro, de manera casi imperceptible y con muy poca resistencia de las grandes mayorías, el kirchnerismo ha ido invadiendo las libertades públicas hasta límites, para muchos, insospechados.
Casi en su debut, el primer gobierno de Cristina Kirchner debió afrontar las protestas del campo, y más allá de las discusiones económico-jurídicas sobre la viabilidad de la famosa Resolución 125, lo cierto es que el triunfo opositor —de la mano de Cobos— dejó de lado un hecho de suma relevancia institucional que se constituyó en un nefasto precedente para el derecho de peticionar a la autoridad. En efecto, una gran cantidad de opositores congregados en
La pretensión hegemónica no admite voces disidentes, menos aún en
Otra represión civil fue la que terminó con la vida de Mariano Ferreyra. El modus operandi de la banda sindical ferroviaria, consistente en desalojar piquetes de las vías mediante el empleo de barrabravas, vio la luz el día en que esta práctica causó una muerte. A juzgar por la metodología aplicada por el gobierno y sus aliados, no cabe duda de que, sin la muerte de Mariano Ferreyra, la patota seguiría operando, y seguiría desalojando vías por mano propia, ante la pasividad policial.
El bloqueo a medios periodísticos con la finalidad de que los diarios no salieran a la calle, el manejo arbitrario de la pauta oficial y una ley de medios de dudosa constitucionalidad, constituyen un claro ataque a la prensa no oficialista y, en suma, a la libertad de expresión. A ello debe agregarse la creación de un aparato informativo estatal y paraestatal destinado a agraviar opositores y a acallar las voces disidentes. Un aparato informativo y de propaganda, en muchos casos ilícito, que tiende a generar un culto al líder con dineros de todos los argentinos, menoscabando así las características republicanas de nuestro sistema de gobierno. Hasta las estadísticas oficiales perdieron toda credibilidad tergiversadas con motivos propagandísticos, viéndose reforzada la mentira con persecución y multas astronómicas a las entidades privadas que proveen datos estadísticos serios.
El asesinato de personas pertenecientes a comunidades originarias con fines económicos en las provincias feudales gobernadas por el oficialismo, es moneda corriente. Y la pasividad del gobierno nacional, tan proclive a inmiscuirse en las jurisdicciones locales por otras cuestiones y negocios, es un respaldo tácito a un feudalismo de características criminales.
Muchos argentinos enfrentan ahora —ley antiterrorista mediante— la represión descarada por parte de las fuerzas de seguridad, con participación y colaboración de civiles aliados a las empresas mineras que se adueñaron de algunos poderes públicos provinciales.
Muchos argentinos han sido objeto de operaciones de inteligencia ilegales tendientes a desmontar cualquier intento de protesta. Y la gravedad de estos hechos, que sólo pueden cometerse con una finalidad persecutoria e intimidatoria, no puede ser pasada por alto. La inteligencia en materia de protestas no sólo constituye la restricción de derechos de la ciudadanía y sus dirigentes, sino que importa conferir a las fuerzas de seguridad una capacidad de intervención en cuestiones políticas que ha sido el principio del fin para más de una democracia.
A la luz de esta cronología, se advierte una creciente afectación de las libertades públicas que cada vez resulta más difícil de ocultar. Es así como un gobierno se transforma en un régimen, poniéndose por encima de las instituciones, modificándolas de facto y entendiendo al opositor como enemigo.
Frente a este escenario, se escucharán argumentos oficialistas minimizando el deterioro de la república y señalando los supuestos logros y conquistas sociales de su autoelogiada gestión de gobierno. No dirán, seguramente, que si las instituciones no funcionan, que si se construye sobre la ilegalidad, todo lo bueno que crean haber hecho puede desaparecer.
José Lucas Magioncalda
