La noticia escandalizó a propios y ajenos. Se trata del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el manejo de recursos destinados a obras sociales por parte de la Administración de Programas Especiales (APE), en el que se denuncian numerosas irregularidades y fraudes ostensiblemente millonarios.

En realidad, el documento no revela nada novedoso, sino la impune continuidad de lo que en la Justicia Federal se investiga como la “mafia de los medicamentos”. Allí, el titular de la AGN, Leandro Despouy —junto a la unanimidad de los miembros de la AGN— hace hincapié en la existencia de "troqueles falsos" de remedios por los cuales se otorgaban subsidios a obras sociales sindicales, además de prestaciones de usuarios ya asistidos o fallecidos. ¿Algo que no se haya mencionado antes a nivel judicial?

Para nada, incluso el documento resalta la "reticencia y dilación en la entrega de información y documentación" por parte de la APE, lo que "motivó la demora en la finalización de la auditoría" y para lo que se requirió "la intervención de la Justicia penal". Todo ello, hay que decirlo, ya existe en sendos expedientes que llevan adelante los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío.

Sin embargo, hay un dato que escapa a los medios, y es el que tiene que ver con el impulso oficial al informe de marras. Si bien es cierto que los siete auditores de la AGN refrendaron el documento, han sido los cuatro miembros del oficialismo los que “introdujeron” —e impulsaron— la repentina discusión del tema. No ha sido casual.

El nombre que se encuentra detrás de ese envión gubernamental es el de Hugo Moyano. No solo por sus incesantes amenazas de paros y movilizaciones de las últimas semanas, sino también porque el próximo 12 de junio se dirime quién será el nuevo titular de la CGT y el kirchnerismo busca desplazarlo para colocar allí a un hombre —¿Un triunvirato?— de su confianza.

Es por eso que el informe de la AGN subraya especialmente la "discrecionalidad o favoritismo en el tratamiento de las solicitudes" en torno a obras sociales “de los gremios de Camioneros, Gastronómicos, UPCN y la UOCRA”. No es coincidencia que la entidad que comanda Moyano sea la primera en aparecer mencionada en el paper.

Entre las "irregularidades" que se le endilgarán al titular de la CGT, se encuentra la presencia de "beneficiarios de las obras sociales" que figuran como solicitantes de subsidios, pero que "negaron haber recibido las prestaciones". Un dato curioso: el informe también denuncia de manera vehemente a la Obra Social Bancaria. ¿Nueva embestida oficial contra Juan José Zanola?

En realidad, no hay nada que pueda sorprender a los “gordos” del sindicalismo —quienes, dicho sea de paso, le han hecho un gran daño al sistema de salud público—, ya que el esmerilamiento de sus negocios venían dándose en los últimos meses con una eficacia pocas veces vista.

Por caso, la eyección de la gerencia general del APE del otrora abogado de Moyano, Daniel Colombo Russell, fue un mensaje directo del kirchnerismo hacia los mismos que se enriquecieron haciendo dudosos negocios a través del APE.

Por si el mensaje no hubiera sido suficientemente claro, Cristina Kirchner motorizó la transferencia de la entidad de programas especiales a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud y designó a la “pingüina” Liliana Korenfeld al frente de este organismo. El dato preocupa —y mucho— a Moyano, no solo porque se acabaron sus rentables negocios, sino también porque lo ocurrido es sinónimo de que el Gobierno no está dispuesto a liberar el millonario fondo de las obras sociales —de “Redistribución Solidario”—a su órbita.

Se trata de más de 12 mil millones de pesos que reposan en una cuenta del Banco Nación, dinero que el camionero necesita para refrendar algunos de sus acuerdos políticos de cara a julio de este año.

No debería ser esa la principal preocupación de Moyano en estas horas: hoy mismo, el ministro de Justicia, Julio Alak, recibió la orden de entregar a la Justicia Federal el mencionado informe de la AGN. La buena noticia para él, es que probablemente el documento pase a engrosar el mismo expediente “amodorrado” que ya investiga la mafia de los remedios.

La mala nueva es que esa causa judicial la maneja Norberto Oyarbide, el juez más permeable a los humores oficiales.