El expediente no es nuevo, pero promete regresar cual mala secuela con fuerza. Tiene que ver con aquella causa que investiga el robo de miles de mails a cientos de funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y personalidades del espectáculo, iniciado en el año 2006 y caratulado  como "violación de secretos políticos o militares".

Según publicó esta semana Ámbito Financiero, la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de esa causa judicial, citó a indagatoria a un grupo de personas sospechadas de comprar "material" sustraído ilícitamente por dos hackers que supuestamente reportaban a las órdenes del exjefe de la SIDE, Juan Bautista "Tata" Yofre.

Entre los periodistas a quienes la fiscalía habría imputado por haber "adquirido" información se encuentran Carlos Pagni, de La Nación; Héctor Alderete, del sitio Seprin; Edgard Mainhard, de Urgente24; y Roberto García, ex Ámbito Financiero, hoy diario Perfil.

¿Quiénes habrían sido las víctimas del espionaje? En el largo listado judicial figuran Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Ricardo Lorenzetti, Jorge Taiana, Héctor Timerman, Jorge Argüello, Nilda Garré y Julio De Vido. Pero también habrían sido pinchados los mails de Susana Giménez, Celeste Cid, Andrea Del Boca, Gerardo Sofovich, Marcela Tinayre, Iván de Pineda y Camila Gastaldi, entre otros.

La duda recrudece al paso de las horas: ¿Qué ha hecho que un expediente que tiene más de cinco años de iniciado haya cobrado repentino impulso judicial? La respuesta es sencilla: en medio de un año que se avecina complicado, el kirchnerismo precisa acallar el relato de los periodistas críticos. En realidad, por lo que pudo saber Tribuna de Periodistas, la embestida busca aleccionar principalmente al columnista Pagni, otrora difamado como “nazi” por parte de la Presidenta de la Nación en plena conferencia oficial.

Como se dijo más arriba, lo que buscará la Justicia es condenarlo por el delito de "violación de secretos políticos o militares", el cual prevé de uno a seis años de prisión. Si bien se trata de una figura excarcelable, fuentes judiciales de San Isidro se han encargado sugestivamente de recordar públicamente que su “repetición sistemática” puede agravarlo, e incluso llevar al culpable a prisión.

En tal sentido, el fiscal Sebastián Basso asegura que Pagni —y los demás periodistas investigados— está seriamente comprometido por la eventual "sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento, por haber conocido el origen ilícito de la información y haberla utilizado, a sabiendas de su ilegalidad, en beneficio propio y de terceros".

Haciendo historia (judicial)

Hace cinco años, Tribuna de Periodistas dio cuenta de cómo el kirchnerismo había avanzado sobre la Justicia, "creando un tribunal que le permita embestir contra sus enemigos, dentro y fuera de la política. Se trata del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro a cargo de la Dra. Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, cuya designación fue fogoneada por la Secretaría de Inteligencia, dependiente —más que nunca— de la Presidencia de la Nación".

En ese juzgado, no casualmente, se han concentrado decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política K.

Su titular es Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, CUIT 23-20729803-4, nacida el 1º de julio de 1969, y designada jueza gracias al oportuno lobby hecho por el kirchnerismo sobre la Comisión de Acuerdos del Senado, que la calificó con el mayor puntaje de su terna a pesar de que los candidatos con los que compitió —Juan Pablo Salas, Raúl Maria Cavallini y Jorge Ariel Apolo— tenían un conocimiento mucho mayor sobre derecho.

Oportunamente, el sitio La política on line aseguró: "La elección (de Arroyo Salgado) sorprendió en el Poder Judicial, teniendo en cuenta la experiencia judicial de los candidatos que compitieron por el cargo. Tiene un postgrado en Derecho en la Universidad Austral (Opus Dei) y unos pocos artículos publicados".

No bien fue refrendada su designación por Néstor Kirchner —a través del decreto 713/2006—, la novísima jueza comenzó a trabajar en algunas de las causas que quitaban el sueño al oficialismo, una de ellas relacionada a una supuesta intrusión o hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Arroyo Salgado es una persona obsesionada con el bajo perfil —no da entrevistas y no le gusta que se hable de ella— y es vista por sus colegas como una persona adicta a su trabajo, siempre relacionado a la temática judicial. La mayor parte de su carrera la hizo como defensora pública, comenzando a los 18 años como "meritoria" en un juzgado federal porteño. Más adelante, llegó a ser relatora del camarista Gerardo Larramberre.

 Uno de los antecedentes que querría borrar de su pasado está relacionado a su desempeño como asesora del impresentable embajador argentino en México, Jorge Yoma, cuando este era senador nacional y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yoma, es dable recordarlo, ha sido una de las espadas del saqueo menemista dentro del Senado en los años 90.

Oportunamente, diario La Nación describió a Arroyo Salgado como "fanática" de la tarea judicial: "el trabajo es una de las principales prioridades de su vida. Tanto, que hace que el grueso de las decisiones pase por ella misma. Le cuesta mucho delegar y ella misma intenta llevar adelante audiencias y entrevistas (...) Cuando tiene tiempo libre, suele dedicarse especialmente al deporte. Es del estilo de mujeres que ponen un toque de atención especial a su figura. Juega al tenis todos los fines de semana, va al gimnasio cada vez que puede y suele salir a correr. Una preocupación por la actividad física a la que sólo es capaz de renunciar por una buena película en el cine".

Aunque no suele mencionarse, Arroyo Salgado tiene dos hijas y está casada con Alberto Nisman, a la sazón fiscal especial de la causa por el atentado a la AMIA. Este último detalle es clave, no sólo para entender el sospechoso desempeño de la jueza, sino también su nombramiento.

La historia detrás de la embestida K

La investigación judicial que lleva adelante Arroyo Salgado por el hackeo a diversas cuentas de correo electrónico, esconde una interesante historia detrás.

Es que, si bien es real que existe una especie de "organización" dedicada a vender secretos privados, no todo es como se ha hecho trascender públicamente. Por caso, hay una docena de documentos que prueban que el pedido de hackeo de cuentas de funcionarios partió desde el despacho de al menos tres poderosos ministros del Poder Ejecutivo, sin mediar orden judicial alguna, como exige la ley. "La verdad es que muchos de los que ahora putean porque les hackearon el mail se lo merecen, porque ellos primero pidieron hackear a otras personas y terminaron burlados. Lorenzetti es uno de ellos", aseguró en su momento a este periódico una muy confiable fuente tribunalicia de San Isidro.

Más allá de la acusación formal de Arroyo Salgado, pocos saben que el "expediente Lorenzetti" se viene utilizando para dirimir internas entre funcionarios públicos y aleccionar a medios críticos. Veamos.

Hace unos años se hizo célebre el enfrentamiento que nació entre altos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia —uno de ellos es el incombustible Fernando Pocino— y el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández —otro impresentable—. Un sector supo acusar a otro de "operar" y viceversa. Lo único cierto es que ninguno de los dos grupos es trigo limpio.

Como se dijo anteriormente, Arroyo Salgado fue bendecida por funcionarios de la SI para que pudiera recalar en San Isidro. A su vez, la jueza responde a los intereses del Poder Ejecutivo, sitial al que hasta hace unos meses perteneció, por transición, el hoy senador Fernández. Un verdadero dilema para la magistrada quien, luego de la salida de este último del Ejecutivo, ha optado finalmente por seguir a pie juntillas el guión que el kirchnerismo lleva adelante contra la prensa crítica.

¿Cómo se entiende que los mismos periodistas que fueron allanados en junio de 2008 recién ahora sean indagados, casi cuatro años más tarde?

Independientemente de la cercanía o lejanía ideológica que se pueda tener respecto de los medios y periodistas que sufren la embestida judicial de estas horas, debe tenerse en cuenta que se trata de una movida que afecta gravemente la calidad institucional.

Quien escribe estas líneas es uno de los mayores conocedores de ese expediente —brindé mi propio testimonio en el año 2009— y bien puede confirmar que se trata de un real fiasco. Si bien todo ha sido armado sobre la base de un hecho que es real —la venta de información reservada—, la embestida contra el periodismo es exagerada y, en la mayoría de los casos, falsa.

Declaración de Christian Sanz en el expediente de los hackers

Si se permite que la prensa sea falsamente acusada y condenada judicialmente, ¿qué vendrá después?

Cualquiera sea la respuesta que pueda imaginarse, es inevitable que esta provoque insistentes escalofríos en el cuerpo.