Este lunes, en el marco del acto de inauguración de una fábrica de electrodomésticos en Haedo, Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández volvió a advertir al Grupo Clarín sobre la aplicación de la ley de medios.

"Seguramente, la cadena nacional del miedo y del desánimo no va a transmitir la inauguración de estas empresas nuevas", dijo la mandataria en referencia a las múltiples críticas que se plantearon en los últimos días por el uso discrecional de ese recurso.

"¿Vieron que hay una cadena nacional del miedo y del desánimo que te larga todos los días pálidas y cada media hora, cuando dan los títulos, te dicen cosas y nunca una buena?” A la vez que advirtió que la "mala onda propalada" durará "hasta el 1º de diciembre, cuando deberá cumplirse de una vez por todas con la ley de medios".

De esta manera, la Presidenta reveló algunos puntos llamativos: en primer lugar, que los problemas de los argentinos radican principalmente en su “desanimo”, un sentimiento que florece ante la falta de aliento o quite de ánimo o moral. Luego, que esa desmoralización es propagada por la prensa (Clarín y sus medios) y, finalmente, que si TN cada media hora mostrara títulos más felices, los argentinos estaríamos sin lugar a dudas más contentos.

Bajo ese concepto, Cristina no solo manifestó una profunda ignorancia hacia el trabajo periodístico independiente, que radica justamente en publicar aquello que los poderes no quieren, sino que también dejó en evidencia que ha tenido que recurrir a incesantes transmisiones de actos, anuncios e inauguraciones interrumpiendo las señales de radio y televisión públicas y privadas del país en simultáneo, esencialmente, porque Canal 13 no los televisa y no le dejan otra opción que emitirlo “por la fuerza”, apelando al recurso de la cadena nacional.

La presidenta mostró una profunda subestimación a la población al desconocer la realidad económica y social que atraviesa el país, y que si bien no se compara con las últimas crisis, la incertidumbre provocada por los protagonistas políticos parecen haber calado más fuerte en el desanimo de la gente que un canal de TV.

Después de todo, el claro apriete con nombre y apellido al dueño de la inmobiliaria que reconoció un declive en su negocio, el descrédito al jubilado que no pudo comprar una cantidad menor de dólares para sus nietos, la justificación de la tragedia de Once porque esos trabajadores “tenían a dónde ir”, fueron claras palabras de “miedo y desanimo” transmitidas en paralelo para una sociedad cada vez más temerosa del timón oficial.

Opresión y descalificación a quien piense distinto, poca tolerancia a la crítica y la imposibilidad que tiene la sociedad de poder elegir libremente el modo de administrar su dinero, fueron mensajes desalentadores y transmitidos por cadena nacional.

De esta manera, la mandataria también dejó demostrado que los millones de pesos destinados a la publicidad oficial —que en definitiva es la que debe dar a conocer la actividad gubernamental— ha sido exagerada, mal invertida, sobredimensionada e inútil. ¿Desconoce Cristina que incluso interviniendo las señales a través de la cadena nacional es cada vez mayor el público que opta por cambiar de canal cada vez que esto ocurre? ¿Olvida la mandataria que la gente tiene el poder del control remoto, tanto para dejar de ver la inauguración de una fábrica de lavarropas como el noticiero central de Canal 13? La imposición, por lo visto, sigue siendo el tópico preferido.

Otro punto (tal vez fallido) que dejó expuesto la Presidenta fue el aseverar que “la mala onda durará hasta el 1º de diciembre, cuando deberá cumplirse de una vez por todas con la ley de medios". En realidad quiso referirse al día 7 de diciembre, plazo que estableció en mayo la Corte Suprema a raíz de una acción de amparo presentada por el Grupo Clarín, y que viene manteniendo suspendida la aplicación del artículo, el 161 —artículo que obliga a los holding de medios a desprenderse de algunas de sus licencias de radio o televisión— argumentando que las cautelares no pueden sustituir la solución de fondo.

Sin embargo, si bien el fallo establece que la medida cautelar vence en diciembre, puede darse que el juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone —quien debe resolver el pedido de inconstitucionalidad planteado por Clarín— se pronuncie antes de esa fecha sobre el expediente que aún tiene a su cargo. Según el investigador del Conicet y especialista en medios, Martín Becerra, si Carbone "fallara a favor del Grupo Clarín, el Gobierno Nacional debería apelar y se entraría de nuevo en un ida y vuelta judicial".

En caso de que la Justicia resuelva que el artículo 161 (llamado de desinversión) es inconstitucional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no podría exigir la desinversión del Grupo Clarín y no estaría obligado a desprenderse de las señales, aún cuando esa sentencia fuera luego apelada por el Estado nacional. Y si, contrariamente, no hubiera pronunciamiento antes del 7 de diciembre, el Clarín puede pedir una extensión del plazo de la cautelar, según aclara el propio fallo.

Ante este panorama, resta preguntarse por qué Cristina se mostró tan segura en cuanto al plazo de vencimiento de la “mala onda”. Quedan menos de cinco meses para saberlo y todavía muchas cadenas nacionales de por medio.

Eliana Toro
Twitter: @toroeliana