Dije y escribí muchísimas veces que no existe acto más cobarde y traicionero que el de poner una bomba.

Cuando se comete semejante acto de delincuencia, nadie, absolutamente nadie, puede pronosticar cuáles serán los daños y quiénes las víctimas.

Solo por citar un ejemplo, en el atentado a la Embajada de Israel no murieron cientos de chicos de un jardín de infantes lindero solo por milagro, pero sí murieron personas que nada tenían que ver con nada, y ni hablar del atentado a la AMIA.

Repito: el daño y las eventuales víctimas son tan incalculables como impredecibles, con el agravante de que toma por sorpresa a todos. Por eso, ¿existe acto más criminal que el de poner una bomba sin saber quienes y cuántos van a morir? No.

Como todos sabemos, esta era la metodología de los terroristas Montoneros, quienes además de gozar de libertad absoluta, muchos de ellos hoy ocupan lugares de privilegio en el gobierno de los Kirchner, cobran suculentos sueldos y beneficios y, lo que es peor, en el futuro gozarán de jubilaciones más que envidiables. Lo que se llama un verdadero despropósito.

Pero claro, en la Argentina K todo es posible y ya nada nos asombra ni llama la atención. Tal es así, que con fecha 31 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prescripción y cierre de una causa contra la agrupación Montoneros.

Se trata del tristemente célebre atentado de la agrupación terrorista contra el edificio de Coordinación Federal de la Policía, ocurrido en julio de 1976 y en el que murieron 23 personas.

 Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, ese tribunal declaró “inadmisible” e “improcedente”, un último recurso intentado por las familias de las víctimas.

Este fallo favorece, obviamente y, como no podía ser de otra manera, a ex líderes montoneros, entre los que se encuentran Mario Firmenich, el periodista Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Marcelo Kurlat, Miguel Ángel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Victoria Pastoriza, todos ellos acusados por el ataque.

Antonio Cepeda, María Alejandra, Gabriel y María Carolina Cepeda, viudo e hijos de Josefina Melucci de Cepeda, uno de los 23 muertos de aquel hecho, habían presentado un recurso por el hecho que dio origen a la causa que fue la bomba que estalló en el edificio policial situado en Moreno 1417, del barrio porteño de Balvanera. La misma estalló a las 13.20 en el comedor del edificio donde había alrededor de 100 personas.

Curiosamente, en primera instancia la causa había sido declarada “prescripta” por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría; luego la resolución fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y, en marzo de 2011, ratificada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal; pero ahora la Justicia rechazó declarar “imprescriptible” el hecho, en el que a través de un pedido, los querellantes sostienen que se trata de un crimen de lesa humanidad. El argumento de la Corte es que “un crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático y organizado contra una población civil” y que en el Estatuto de Roma, que consagró internacionalmente el concepto, “no hay nada que exija que sólo el Estado puede cometer tales crímenes”.

Pero como en nuestro país la Justicia está y estuvo manejada siempre por el poder de turno, hoy les toca fallar a favor de los ex terroristas, que son quienes nos gobiernan, esos mismos que se llenan la boca hablando y enarbolando las banderas de los derechos humanos, pero que no tuvieron ningún tipo de prejuicio al matar a miles de personas.

Muchísimas de ellas civiles y tantísmos otros simples conscriptos.

Pablo Dócimo
Twitter: @pablo_docimo