Si bien la presión impositiva alcanzó niveles inéditos, aún así resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Tal vez esa sea la razón por la cual el Gobierno nacional apela constantemente al “impuesto inflacionario”, o sea, apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público.

Sin embargo, este mecanismo resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos, ya que, según un informe reciente de Idesa, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Acorde al Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), según datos que se despren del Ministerio de Economía, la presión impositiva (nacional y provincial) viene creciendo a razón de 1,6 puntos porcentuales del PBI por año desde el año 2003. Así, se pasó de una presión tributaria del orden del 22% del PBI en el año 2000 al 35% del PBI en el año 2011. Si además se le suma las imposiciones que aplican los gobierno locales, la presión impositiva total llega a un nivel del orden del 38% del PBI.

“Es difícil encontrar antecedentes en el mundo crecimientos tan vertiginosos de la presión tributaria”, resalta el informe. Sin embargo, resulta extraño que los recursos fiscales resulten insuficientes para sostener el crecimiento del gasto público.

Para entender la importancia de la inflación como fuente de financiamiento del Estado es necesario hacer el siguiente ejercicio con datos oficiales: 

-El monto total de dinero en poder del público asciende a aproximadamente $250 mil millones.

-La tasa de inflación promedio medida por la inflación de las provincias asciende a 22% anual.

-Esto implica que, en un año, el monto de dinero en poder del público pierda $56 mil millones de su valor por efecto de que los precios de los bienes aumentan.

Esto quiere decir que en los últimos tiempos, la gente recibe del Estado billetes por un valor nominal que se va deteriorando a lo largo del tiempo, es decir que cuando son utilizados sirven para comprar una menor cantidad de bienes debido al aumento de los precios. Esa diferencia opera como un tributo que paga la gente y que es apropiado por quién ostenta la facultad de emisión de los billetes, que es el Estado. Por eso, se usa la denominación “impuesto inflacionario”. Tal impuesto es altamente regresivo, especulativo y tiene la capacidad de alterar el régimen federal, ya que el Estado nacional cuenta con una fuente de financiamiento que usa discrecionalmente sin obligación de coparticipar a las provincias.

Desde el punto de vista social, no es menos macabro, siendo que la población soporta el sacrificio de pagar cada vez más impuestos sin que se traduzcan en mejor educación y salud pública y más calidad de vida.

Click aquí para leer el informe completo.

Redacción de TDP
Seguir a Tribuna