La Corte del Banco Mundial aceptó la demanda presentada hace quince días por la empresa de capitales españoles Repsol contra el Estado argentino por la expropiación de YPF. Ésta podría constituirse en la más grande de todas las presentadas ante el CIADI contra nuestro país.
El dato no es menor, dado que en los últimos diez años, ya existen en dicho organismo al menos unas cincuenta quejas formuladas por inversores extranjeros perjudicados.
El argumento sostenido por Repsol es que al expropiar el 51 % de YPF, la Argentina violó el acuerdo de protección recíproca de inversiones con España.
Argentina por su parte, justificó la expropiación en la falta de inversiones en las que incurriera el grupo español, sosteniendo que fueron las causantes de la caída en la producción de hidrocarburos, obligando al Estado Nacional a realizar importaciones energéticas por importes millonarios, afectando de este modo el superávit comercial.
La compañía, como era previsible, negó tales acusaciones, afirmando que la medida tomada por el Gobierno de Cristina Fernández obedecía exclusivamente a su conocida política de control en todos los ámbitos, coincidente con su arenga del “vamos por todo”.
La comunicación oficial remitida por el CIADI tanto a Repsol como al Gobierno argentino, invita a las partes a que en el plazo de 30 días, designen a un árbitro cada uno para que conforme el panel que estudiará el caso.
Por último cabe señalar que el Ejecutivo Nacional, no ha negociado hasta ahora una compensación con la petrolera española, la que además denuncia que la comisión designada por el Ministerio de Planificación Federal a tales efectos, aún sigue sin expedirse al respecto.
Nidia Osimani
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