El día que ocurrió la tragedia de Once, Cristina estaba en El Calafate. Quedó paralizada por lo ocurrido y, a lo único que atinó, fue a decretar dos días de duelo. Luego, llegó el más doloroso silencio. El mismo que la rodeó a fines de diciembre de 2004, cuando se incendió el boliche República Cromañón.

¿Qué pasó por la cabeza de la Presidenta en una y otra oportunidad? Es imposible saberlo,  aunque nada de lo que se diga podrá justificar ese mutismo.

¿Cómo entender que la misma persona que supo abusar de la cadena nacional en cuestiones triviales no se haya tomado cinco minutos para referirse a las víctimas de una tragedia que enlutó a toda una sociedad?

Los familiares de las víctimas del luctuoso hecho, no toleran ese silencio. “Para el Gobierno, la tragedia no existió”, acusaron en plena conferencia de prensa hace apenas unas horas. Ese dolor sea quizás más elocuente que el de la muerte de sus seres queridos. “Nos mataron dos veces a nuestros familiares, la primera con una formación ferroviaria; la segunda con la indiferencia oficial”, dijo uno de ellos para intentar graficar la situación.

Hoy se cumple un año de esa tragedia y nada sustancial ha ocurrido. Por caso, no hay ningún funcionario preso por lo sucedido, ni de primera ni de segunda línea. ¿Hace falta mencionar los nombres y apellidos de los que hoy deberían purgar pena por lo sucedido?

No se trata solo de nominarlos e identificarlos, sino también de desnudar el sistema de corrupción que permitió que ocurriera lo que ocurrió. Millones y millones de pesos se destinaron a subsidiar un sistema de transporte que jamás dejó de ser obsoleto. Si ese dinero no sirvió siquiera para reemplazar los durmientes de las vías, ¿dónde fueron a parar tantos billetes? ¿Acaso alguien controló alguna vez qué hacían los hermanos Cirigliano con la palada de plata que recibían por mes por parte del Estado?

A ese respecto, debe mencionarse que, solo entre 2003 y 2011, el holding comandado por Claudio y Mario Cirigliano llegó a percibir la friolera de ¡3 mil millones de pesos!

Sin embargo, la mitad de ese dinero supo regresar a los bolsillos de puntuales funcionarios del kirchnerismo.

El camino de los fondos fue determinado en el expediente judicial que instruye el siempre errático juez Claudio Bonadío. Allí pudo precisarse cómo alrededor de la firma TBA se conformó un grupo artificial de empresas cuyos reales dueños resultaron ser directivos o accionistas de la primera y su controlante, Cometrans. Estas firmas facturaban distintos servicios cuya motivación no era otra que hacerse de los recursos económicos de la empresa prestataria del servicio ferroviario, “de modo de presentarla como deficitaria, a fin de continuar con la obtención de subsidios del Estado Nacional, para cubrir los déficit operativos de TBA, artificialmente creados”.

 Esa parte está clara en la voluminosa causa judicial, aunque no así el destino posterior de los fondos que ingresaron a las cuentas bancarias de los Cirigliano. ¿Por qué aún no se hicieron peritajes para determinar cómo siguió el derrotero de ese dinero?

La responsabilidad de los últimos dos ex secretarios de Transporte de la Nación en la trama descripta, está clara en ese mismo expediente. No es casual que, tanto Ricardo Jaime como Juan Pablo Schiavi aparezcan hoy imputados por Bonadío. No obstante ello, los familiares de las víctimas se preguntan por qué ambos no están tras las rejas a esta altura. ¿No fue condenada por mucho menos la ex ministra Felisa Miceli?

La impunidad de ambos ex funcionarios no es casual teniendo en cuenta la clase de secretos oficiales que guardan uno y otro.

Por caso, Jaime fue quien pergeñó el sistema de “retornos oficiales” en los subsidios al transporte. Quienes caminan los pasillos de Casa de Gobierno aseguran que, al menos una vez a la semana, el ex funcionario cordobés sabía dirigirse al despacho del entonces presidente Néstor Kirchner aferrado a un desvencijado portafolios lleno de billetes. Siempre lo hacía después de haberse reunido con empresarios del transporte.

La moraleja es clara: si los subsidios destinados a mejorar la infraestructura ferroviaria no se utilizan para ello, los trenes no se mantendrán por su propia cuenta.

El resultado es el que se vivió hace exactamente un año: 51 muertos, más de 700 heridos y una sociedad en permanente luto.

No es poco.