El kirchnerismo lo dejó claro hace rato: no le gustan las protestas sociales, y las reprime o minimiza cada vez que tiene oportunidad, no importan cuántas personas hayan acordado congregarse o cuál sea el motivo del reproche.

En esta oportunidad, y queriendo imitar la convocatoria del 8N, las redes sociales actuaron como el antiguo “de boca en boca” para volver a ser el medio por el cual varios comenzaron a acordar agruparse el 18 de abril próximo.

"Digamos basta 18A", "#18A, por vos, por mí, por nosotros", "Yo también estoy indignado, 18A todos a la calle", y "#18abril, sí a la justicia independiente", son solo algunas de las consignas que invitan nuevamente a mostrarse en desacuerdo a las políticas planteadas por el actual gobierno, las cuales tomaron impulso por el desempeño de la clase política ante las últimas inundaciones.

Al principio, el slogan del anuncio era algo fuerte: “Ahora nosotros vamos por todo”, aunque después de algunas críticas se dejó de utilizar y ahora hasta la diputada Elisa Carrió se anima a pedir públicamente salir a la calle el próximo jueves.

Ese llamamiento público —que no es nuevo en la Diputada— servirá como prueba para la campaña de desactivación que por estar horas bosqueja el Gobierno, donde también se añadirá al PRO para demostrar “los vínculos de la oposición a la marcha del 18A”.

“El Gobierno está muy preocupado”, confesó a este medio una fuente oficial.

Hace algunos meses, otra alta fuente había contado la preocupación que se vive entre los funcionarios por este tipo de marchas. "Moreno está apretando a la Sala II de la Cámara Federal para que la reabra, porque se prevé que habrá manifestaciones este año y quieren bloquearlas", había confesado una importante fuente oficial a Tribuna de Periodistas cuando el secretario de Comercio Interior pidió seguir investigando a los caceroleros que se congregaron en la puerta de su casa.

Es que recientemente solicitó ampliar la investigación, la Cámara Federal porteña aceptó y dispuso la medida de seguir averiguando sobre presuntas  amenazas dirigidas el año pasado a Moreno, luego de que el funcionario apareciera en una ilustración dentro de un ataúd y con un tiro en la cabeza. Imagen que tomó repercusión en la convocatoria que se hizo en la casa del hombre fuerte del Gabinete.

La investigación había sido archivada en primera instancia por el juez inicial de la causa, Daniel Rafecas, al considerar que no hubo delito porque todo de suscitó en las redes sociales y al amparo de la "libertad de expresión".

El Gobierno ha intentado controlar y amedrentar a los que intentan congregarse por Internet, incluso armó mapas conectores sobre quiénes eran los “desestabilizadores del 8N”, sin contar los cientos de cibermilitantes a sueldo que tratan de desconcentrar este tipo de protestas, sin embargo, las redes sociales quedaron lejos del control estatal y el Gobierno decidió ir por la vía judicial, un camino cada vez más exprés para el kirchnerismo.

María Luisa Torres