Si fuera una película, sería de aquellas en las que se cruzan varias tramas al mismo tiempo y en las cuales terminan todas confluyendo en un mismo desenlace. De esas historias donde no parece haber buenos y malos y en las que los más perjudicados resultan ser los eslabones más débiles.

Es todo un culebrón que dio comienzo en 2010, cuando tres ciudadanos rusos, rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov, decidieron invertir 22 millones de dólares para llevar adelante un emprendimiento lúdico: un casino en la lejana Mendoza. Lejana para ellos, desde ya.

Por imposibilidad legal, lo hicieron asociados con dos personajes harto cuestionados, Rafael Augusto Garfunkel y Pablo Marcelo Goldszier. A partir de entonces, se decidió refrendar una sociedad denominada KLP, integrada por dos firmas: Grupo 5 y Promotora. Esta última integrada por los rusos.

Ello permitió que en diciembre de ese año el Winland abriera sus puertas, gran pompa mediante.

A efectos de llevar adelante la “gerenciación” del lugar, se conformó una nueva sociedad, Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres. Esta nueva firma, junto a KLP, comenzó un camino que aparecía como de plena bonanza y fortuna. ¿Hay otra alternativa a un casino más que la posibilidad de ganar dinero y más dinero?

Pareciera que sí, ya que prontamente los socios de KLP decidieron tomar el control de la caja del casino y, para lograrlo, iniciaron una denuncia judicial contra Zulú. Las sospechas por supuesta administración fraudulenta habían empezado a hacerse carne a poco de haber empezado la sociedad entre unos y otros.

En la disputa terminó terciando Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez, titular del Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. En el medio, quedó el ostentoso rastro de denuncias cruzadas por irregularidades y desvío de fondos, con un botín nada desdeñable: 30 millones de pesos.

Pronto, la Justicia decidió darle la razón a KLP e impuso que la gente de Zulú no pudiera ingresar más al lugar. Ello se revirtió esta semana, cuando otro juzgado decidió todo lo contrario: los antiguos gerenciadores ahora tienen permiso para hacerse cargo del negocio.

Por si ello no fuera suficiente, casi al mismo momento en que todo esto sucedió, aparecieron en Mendoza investigadores de la Unidad de Información Financiera a efectos de indagar en la misma cuestión, siempre con la sospecha de que en el Winland podría configurarse el delito de lavado de dinero.

A su vez, en el medio también aparece otra disputa dentro de la propia sociedad KLP, toda vez que los rusos sospechan que sus socios argentinos, Garfunkel y Goldzier, los habrían “mejicaneado” en varios millones. La otra sociedad, Zulú, también oculta un conflicto propio, ya que sus socios protagonizan en estas horas un escandaloso divorcio, con sospechas de infidelidad mediante.

La trama, como se dijo, configura una historia de película. Sin embargo, está lejos de culminar: las denuncias judiciales se siguen multiplicando en estas horas.

Frente a todo lo descripto, dos situaciones se vuelven sintomáticas: por un lado, la inacción de Instituto de Juegos y Casinos local; por el otro, el visible desinterés por parte de todos los actores respecto de los empleados del Winland, verdaderos rehenes en toda la disputa.

Ello, a su vez, sucede en una provincia donde la oferta del juego está sobresaturada. “Éste es un mercado que tiene muchas unidades de juego por habitante”, aseguró oportunamente el gerente general de una conocida sala de juego mendocina.

El récord es penoso: especialistas en el sector aseguran que Mendoza está saturada de salas de juego, lo cual la posiciona como el segundo polo de entretenimiento del país, después de Buenos Aires.

Esa triste marca se da en medio del incómodo debate por la creciente ludopatía en la provincia, tópico del cual nadie parece hacerse cargo tampoco. Mientras en Mendoza cada vez se permiten más tragamonedas, en México se decidió prohibir la instalación y operación de esas máquinas, al tiempo que se limitó la extensión del permiso para operar casinos. Quien lo llevó a cabo fue el presidente Enrique Peña Nieto a través de una modificación del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

En sentido similar, en Ecuador y Brasil directamente decidieron no permitir el juego en sus territorios. La decisión tiene mucho que ver con el tema de la adicción al juego, aunque también con otra cuestión: se ha comprobado que detrás de la apertura indiscriminada de casinos se esconde el delito de lavado de dinero, principalmente de negocios como tráfico de estupefacientes.

Genera suspicacia que, a contramano del mundo, Mendoza insista en avanzar en la apertura de más y más salas de apuestas, al tiempo que se implementan nuevos juegos y se multiplican los adictivos tragamonedas.

Para entenderlo, solo basta saber que se trata de un negocio millonario, que genera millones de pesos por mes. Cualquier voluntad puede comprarse con ese dinero. Cualquiera.

El precio es el que hoy se paga: unos pocos se vuelven millonarios, mientras que la sociedad se empobrece, no solo económicamente, sino también a nivel social.

No es poco.