En las últimas horas, ocho policías tucumanos fueron procesados con prisión preventiva, acusados del delito de sedición durante la protesta salarial que durante 2013 provocó una ola de saqueos.

Lo ocurrido vuelve a poner sobre el foco de lo sucedido en esos calientes días de noviembre del año pasado, cuando efectivos policiales de 21 provincias salieron a las calles a reclamar por mejoras salariales.

En los distritos más calientes, los uniformados se salieron con la suya, siempre sobre la base de la fuerza pública. Los distritos que se destacaron en esas negociaciones fueron Córdoba, Buenos Aires y Chaco. Allí, a efectos de desactivar con prontitud los disturbios de los uniformados, se reconoció un incremento relevante a los sueldos de las policías provinciales.

Sin embargo, poco después de otorgado el aumento, el gobernador de Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, dio marcha atrás argumentando que todo el procedimiento de negociación con los amotinados durante los saqueos fue “irregular”.

A ese respecto, el mandatario provincial aseguró: “El Estado provincial realizó la denuncia de que se violó el artículo 7º de la Constitución Provincial, entonces lo que firmó el Ministro de Gobierno Marcos Verbeek es insanablemente nulo”.

A su vez, Bacileff Ivanoff dijo que el acuartelamiento policial “podría comprenderse dentro del artículo 226 del Código Penal, que sostiene que cuando se logren remuneraciones o beneficios para ciertos sectores a través de la fuerza tienen condena a prisión de 15 años”.

Hay un dato no menor: la argumentación del jefe de Estado provincial deberá ser refrendada por el fiscal Federal Patricio Sabadini. Se trata del funcionario que, junto a Federico Carniel y Carlos Amad, integra el equipo de fiscales federales designados por la Procuración General de la Nación para investigar si hubo o no delitos por sedición en el reclamo policial.

El Héctor Recalde es uno de los que impulsa esa hipótesis en estas horas. Para el diputado oficialista los acuerdos son jurídicamente de "nulidad absoluta" porque fueron realizados en medio de la configuración de esa figura penal.

"La sedición de algunas policías provinciales hace a los acuerdos nulos de nulidad absoluta por vicio de la voluntad. Por supuesto, esto es una conceptualización jurídica de lo que pasó, después cada gobernador hará lo que la realidad le permita hacer, pero yo estoy de acuerdo con aquellos gobernadores que están planteando una readecuación de los acuerdos", explicó Recalde al diario Página/12.

Para el legislador, "hay que separar la paja del trigo: el reclamo salarial siempre es justo, acá lo que estamos cuestionando son los métodos, sobre todo tratándose de la policía".

El principio fue el verbo

Para entender esta discusión debe empezarse por el principio: ¿Qué es la sedición? Según especialistas, se trata de uno de los delitos más graves por los que puede ser acusado personal de la fuerzas de seguridad.

El artículo 22 de la Constitución Nacional consigna que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición”.

En ese sentido, el Código Penal es claro con respecto a este delito: En el artículo 229 se detalla que "Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley".

En tanto, el artículo 23a indica que "Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años:

1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional).

2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código".

El abogado de Tribuna de Periodistas Marcelo Suárez, asegura que “la norma es ambigua a la hora de utilizarse y, según cómo se aplique, puede terminar comprometiendo la libertad de expresión”. El profesional se pregunta retóricamente: “¿Cómo separar una petición de una sedición? Es un límite impreciso”.

Algo similar aseguró el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en el marco de la detención del periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, editor del sitio web Última Hora, también por el supuesto delito de sedición.

“La utilización de ese delito tiene un potencial enorme de cercenamiento de la libertad de expresión, por su gran ambigüedad para su aplicación. Es peligroso que la acusación en base a ese delito pueda ser utilizada, en cualquier lugar del país, contra cualquier periodista o medio de comunicación que informe sobre temas de enorme gravedad institucional, como los que se vivieron con los recientes saqueos y la crisis policial”.

Como sea, si la Justicia finalmente determina que los uniformados incurrieron en el delito de sedición, la situación podría llegar a escalar a niveles impensados.

Un prestigioso abogado “civilista” mendocino se animó a comparar la situación con lo sucedido en la tristemente célebre Semana Santa de 1987 cuando Aldo Rico encabezó el denominado “alzamiento carapintada” que forzó la Ley de Punto Final para poner límites precisos a los juicios contra los militares.

“Lo que hizo la policía en sus reclamos es similar a lo de Rico en Semana Santa, también fue sedición. Fueron situaciones diferentes pero en el fondo se trató de lo mismo, a otro nivel”, dijo el letrado a este portal.

Si así fuera, los castigos previstos en el Código Penal son elocuentes y elevados. Y podrían influir en las futuras negociaciones salariales, de las cuales se han agarrado otros gremios para mejorar las condiciones paritarias en 2014.

Habrá que seguir de cerca el tema, será crucial.

Christian Sanz
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