El incipiente procesamiento de los “valijeros” Leonardo Fariña y Federico Elaskar por parte del juez Sebastián Casanello, tuvo en los medios nacionales diferentes interpretaciones. Para algunos es una muestra de que la Justicia va ostentando rasgos de independencia y se encamina a avanzar en uno de los expedientes más calientes del kirchnerismo.

Para otros, es la coronación de una estrategia nacida en la Casa Rosada a efectos de poner un techo en la indagación sobre Lázaro Báez. La deducción es casi lineal: si los investigadores llevan tras las rejas al empresario K, ¿quién garantiza que no revele los secretos más incómodos de Néstor y Cristina?

Teniendo en cuenta que Casanello fue impulsado en el fuero Federal por el kirchnerismo en octubre de 2012 y ostenta visible simpatía por La Cámpora, ello parece casi obvio.

Sin embargo, no será tan sencillo: en Mendoza reposa la prueba que puede echar por tierra —si existieran— los planes del Ejecutivo nacional para cubrir a Báez.

Es que, entre las propiedades sobre las cuales la justicia puso la lupa —embargo de por medio— aparecen los campos que Fariña compró “en comisión” para la firma Austral Agro, empresa de Lázaro dedicada a la compra de estancias.  ¿Cómo dejar de lado entonces al empresario K de la indagación de marras?

Ciertamente, Casanello sospecha que parte del blanqueo de dinero que logró acreditar proviene del tráfico de estupefacientes. Los cruces telefónicos con el bahiense Juan Suris aportan suspicacias en ese sentido.

Por lo pronto, Fariña nunca pudo explicar de dónde sacó el dinero para moverse con la solvencia que lo hacía a diario. Lo intentó, pero nunca logró convencer al juez.

Durante más de doce horas explicó lo inexplicable: habló de supuestos fondos que le dejó su padre y de fondos que le habría aportado su ex empleador Carlos Molinari. Casanello nunca le creyó y, por ello, decidió procesarlo ayer.

Mientras tanto, Cristina Kirchner le dio la orden a Báez de liquidar Austral Construcciones SA, teniendo como fecha límite el año 2015, antes que lleguen las elecciones. De acuerdo a fuentes citadas por el portal OPI Santa Cruz, el empresario recibió la seguridad de que estará “blindado judicialmente” hasta entonces y es en ese periodo que debe generar los mecanismos necesarios para liquidar la constructora fundada en 2003, a instancias de Néstor Kirchner.

“La idea es que al estar liquidada Austral y desaparecida como empresa, no puedan avanzar en varios frentes judiciales y seguir investigando a la constructora, lo cual de alguna manera podría terminar en la familia Kirchner”, dijo una fuente a OPI, recordando que la difusión de los contratos de los hoteles de El Calafate fue un golpe muy fuerte para la presidenta quien por primera vez vio involucrados sus intereses familiares, con negocios que ahora son investigados y no pueden ser (al menos racionalmente) explicados ante los organismos de control.

No se trata de ningún mecanismo desconocido: al proceso se lo conoce como “andamiaje de retirada”, donde escribanos, abogados y contadores trabajan a destajo.

Esa es la situación en la cual se enmarca la medida de Casanello, lo cual denota cierta desconfianza por parte de la presidenta. ¿Por qué sino movería la maquinaria de poder para desactivar lo que su marido armó con tanta paciencia a partir de su llegada al poder?

En estas horas, todos desconfían de todos y se miran de reojo. Lo que hoy está garantizado que ocurra, mañana puede variar en 180 grados. Nada es seguro.

Es una suerte de ruleta, solo que para algunos se trata de una ruleta rusa. 

Christian Sanz
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