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¿Quién tiene alguna duda de que Cristina Kirchner intentó entorpecer el expediente que investiga la muerte de Alberto Nisman? ¿No hay suficientes elementos de la realidad cotidiana como para comprobarlo?
Las diferentes exposiciones públicas efectuadas por la presidenta de la Nación —un par de ellas por cadena nacional y otras a través de su página web— son solo una mínima muestra de lo antedicho.
Allí, no solo puso en duda la investigación judicial, sino que además la jefa de Estado arriesgó absurdas hipótesis que intentaron ¿explicar? la muerte del fiscal especial del caso AMIA.
Al tiempo que la mandataria hacía públicas sus propias teorías, algunos de sus funcionarios de mayor confianza hicieron lo propio. Se destacó en ese sentido el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, quien aportó sus propias “conclusiones”, dando por culpable al exSIDE Antonio Stiuso y el ladero de Nisman, Diego Lagomarsino.
Si esto no es entorpecer una causa judicial, ¿qué es entonces? ¿Cómo denominar la acción de altos funcionarios del gobierno opinando con insensatez sobre una investigación de otro poder de la República? ¿No existe acaso la división de poderes?
No solo la ciudadanía está convencida de la acción de entorpecimiento por parte del gobierno, sino también puntuales funcionarios del poder judicial y hasta prestigiosos juristas. Por caso, el fiscal general Ricardo Sáenz admitió que la fiscal Viviana Fein se sentía "preocupada" y "presionada" por el poder político. Hay mucho más, pero no viene al caso.
Lo importante es que, con esos y otros elementos a cuestas, el viernes 6 de febrero pasado decidí presentar una denuncia judicial contra Cristina por entorpecer la causa Nisman. Lo hice a conciencia y aportando elementos concluyentes y verificables.
El expediente recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien lleva adelante otra denuncia mía, es la que tiene imputado a Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. El fiscal a cargo, Miguel Ángel Osorio.
Días más tarde, luego de analizar mi presentación, la Justicia me convocó para ratificar el planteo contra la presidenta. Por ese motivo, debí viajar a Buenos Aires y regresar a Mendoza —donde vivo— en tiempo récord. Ello por cuestiones laborales.
Fuentes del propio juzgado me habían anticipado que necesitaban mi ratificación para poder imputar a Cristina. Por ello, hice el esfuerzo pertinente. Valía la pena.
Sin embargo, una vez en sede de Comodoro Py, me llamó la atención que la causa hubiera cambiado de fiscalía —pasó a manos del poco confiable fiscal Diego Iglesias— y que el interrogatorio que me hicieron fuera tan breve.
Más aún, el certificado que me extendieron para acreditar mi declaración, tenía mal la fecha: en lugar de 19 de febrero, le pusieron 19 de enero. Esto es, 18 días antes de presentar la denuncia en cuestión.
Volviendo al relato central: con la promesa certera de que se impulsarían las medidas de prueba propuestas por mi abogado, salí del jugado con un dejo de esperanza.
Sin embargo, hace instantes me notificaron que el expediente fue archivado bajo un pretexto casi pueril: no hay elementos "que permitan sostener que, en un caso concreto por parte del fiscal, deba ponerse en funcionamiento un control por parte del órgano jurisdiccional, que resuelva acerca del fondo de la cuestión planteada".
En buen romance, para la Justicia no existe la más remota posibilidad de que el gobierno haya metido sus narices en el expediente Nisman.
Es pertinente insistir con lo antes mencionado: ¿No son obvias y elocuentes las movidas del kirchnerismo para entorpecer el caso? Es tan claro y evidente, que hasta un niño de cinco años se da cuenta.
¿Acaso habrá que decirle a Lijo que preste atención a las conferencias de prensa que cada día lleva a cabo Aníbal Fernández? ¿Será menester enviarle un enlace a los escritos y videos de Cristina hablando sobre este tópico?
Tal vez sea tal cual me reveló una inobjetable fuente de información: "El hijo de Lijo, estaba 40 en ranking de pilotos para entrar a Austral, y Mariano Recalde lo puso en el cuarto lugar. Todo a cambio de desestimar mi denuncia.
Como sea, solo mi enojo supera mi decepción, es la pura verdad. Escribo estas líneas con desazón e intermitente molestia ciudadana.
De más está decir que voy a apelar la medida, esperando que la Cámara Federal demuestre algo más de seriedad que Lijo. Si hacen lo que tienen que hacer, no les será nada complicado.
