Los cierres de año no han sido fáciles en la Argentina en los últimos tiempos y el corolario de 2017 es poco probable que logre convertirse en una excepción.

Diciembre se perfila tenso, con variados frentes de conflicto ya abiertos y otros aún en estado de gestación que amenazan con generar turbulencias a un Gobierno que, de por sí, optó por postergar hasta después de las elecciones de octubre pasado su paquete de reformas, con iniciativas se mantienen inquieto a un sector de la población.

En lo inmediato, después de la multitudinaria movilización sindical del 29 de noviembre frente al Congreso de la Nación en contra de las políticas de la Casa Rosada, una nueva marcha de agrupaciones gremiales y agrupaciones de izquierda está prevista para el próximo miércoles a Plaza de Mayo, la que dicho sea de paso, se encuentra en obra por estos días.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron a esta movilización en rechazo a las reformas laboral y jubilatoria que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.

En este contexto, se renueva el desafío planteado a la cúpula de la CGT por dirigentes gremiales disidentes, con el líder camionero Pablo Moyano a la cabeza.

El triunvirato que gobierna la central obrera avaló la reforma laboral que motoriza la Casa Rosada —no así la previsional—, una postura que terminó de marcar un quiebre con sectores gremiales más críticos de la propia CGT y de ensanchar las diferencias políticas con las dos CTA.

Zarandeo legislativo

También se espera que organizaciones sociales y piqueteras se movilicen en las próximas jornadas en la ciudad de Buenos Aires en demanda de un bono de fines de año y/o mayor asistencia estatal.

Protestas callejeras, además, podrían desencadenarse a partir de la realización de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que se celebrará aquí en la Capital Federal, del 10 al 13 de diciembre.

El acontecimiento supone un verdadero reto para las fuerzas de seguridad argentinas. Por lo pronto, el Gobierno prohibió el ingreso al país de 64 personas, integrantes de organizaciones ecologistas y anti-globalización que iban a participar de esta cumbre de la OMC, a fin de prevenir eventuales disturbios.

En tanto, más tarde en el mes, hacia el 19 y 20 de diciembre, se prevé que agrupaciones de izquierda marchen al cumplirse el 16° aniversario del estallido que provocó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

Un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir durante diciembre en el ámbito estatal se registró hace pocos días en la Legislatura porteña, donde un grupo de empleados de ese cuerpo parlamentario interrumpió una sesión en demanda de un plus salarial mayor que los 700 pesos ofrecidos. El año pasado, esos mismos trabajadores habían recibido $6.000.

En lo que se refiere a la actividad política en sí misma, se aguarda que las tensiones se mantengan en aumento en el Congreso con los debates en torno de las reformas que promueve el Gobierno, entre ellas, se destaca la laboral, una iniciativa que permanece trabada en el Senado por decisión del bloque de legisladores peronistas que comanda Miguel Pichetto.

El senador patagónico le apuntó a las desavenencia internas dentro de la CGT —expuestas el miércoles pasado en la Plaza del Congreso—, al anunciar que la discusión del proyecto se mantendrá en "stand by" en la Cámara alta hasta después del recambio legislativo previsto para el próximo 10 de diciembre: la nueva configuración del cuerpo implica la participación en el debate de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La líder de Unidad Ciudadana juró el pasado 29 de noviembre y se espera que asuma un rol protagónico en el Senado en su intento por resistir las propuestas del Gobierno.

Está claro que Macri postergó el lanzamiento de su paquete de reformas hasta después de las elecciones de medio término del 22 de octubre, a la espera del resultado de esos comicios, sabiendo que Cristina muy probablemente buscaría convertirse en la Cámara alta en la "abanderada" de la oposición.

En definitiva, es la "grieta" la que le ha permitido a Cambiemos llegar hasta donde llegó, ¿o no?

San Luis, en pie de guerra

A priori, se supone que las deliberaciones más acaloradas se producirán en torno de las reformas laboral y previsional, y del proyecto de ley de Presupuesto 2018, tomando en cuenta que, por ejemplo, el Pacto Fiscal ha sido previamente acordado entre la Casa Rosada y las provincias.

Sin embargo, existe un distrito que se mantiene en pie de guerra: San Luis, el feudo de los Rodríguez Saá.

Es más, según pudo averiguar la Agencia de Noticias NA, "el Alberto", el gobernador, tiene planeado reunirse el próximo miércoles con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, por la deuda que la Nación mantiene con esa provincia.

El monto actualizado asciende a unos 17.000 millones de pesos, aunque Alberto Rodríguez Saá entiende que esa masa de dinero en disputa podría incluso rondar los $20.000 millones en el caso de aplicarse intereses "más agresivos".

Hace poco más de dos años, el 24 de noviembre de 2015, la Corte falló en favor en San Luis en su reclamo por fondos de la coparticipación federal retenidos por la Nación para financiar a la ANSeS y a la AFIP.

La Nación, sin embargo, no acató el fallo aún y, según contó "el Alberto", le propuso a San Luis rubricar el Pacto Fiscal a cambio de desistir de seguir adelante con sus reclamos judiciales y de unos 2.000 millones de pesos en 10 años pagaderos en bonos, a razón de $200 millones por año.

En definitiva, San Luis le bajó el pulgar a la propuesta de Macri y Rodríguez Saá, fortalecido tras el resultado electoral alentador que obtuvo la familia gubernamental en octubre pasado en su terruño, prevé acudir a Lorenzetti en demanda de "justicia".

Mapuches en acción

Como si todos estos frente de tormenta fueran pocos para el Gobierno en el epílogo del año, los mapuches que reclaman tierras en la Patagonia continúan activos, mientras el presunto líder de la facción argentina de la RAM, Facundo Jones Huala, sigue en prisión en la localidad chubutense de Esquel, a la espera de ser extraditado a Chile.

"Hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos de Macri y (la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia) Bullrich", comentó días atrás en una radio Jones Huala, acusado en el país trasandino de haber prendido fuego una casa con sus habitantes adentro, entre otros delitos.

Considerado uno de los fundadores de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Jones Huala, llamó a una "rebelión" mapuche en la Patagonia y en el Gobierno consideran a los integrantes de ese grupo radicalizado como una amenaza latente: "Algunos actos que realizan parecen terrorismo", sostuvo en las últimas horas la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Supuestos miembros de la RAM eran los que cortaban la Ruta Nacional N°40 en la Patagonia cuando fueron reprimidos por personal de Gendarmería nacional el 1° de agosto pasado y en medio de ese operativo perdió la vida Santiago Maldonado; semanas más tarde, otro joven llamado Rafael Nahuel murió baleado en un intento de desalojo de tierras tomadas encabezado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Ocurrió en la zona de Villa Mascardi, cerca de San Carlos de Bariloche, donde un grupo de mapuches había ocupado unos terrenos en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En este contexto, en el Sur temen que a medida que cobre fuerza la posibilidad de que Jones Huala sea extraditado a Chile, donde planean juzgarlo por actos de terrorismo, se produzcan más incidentes con mapuches que resistan su traslado y busquen cumplir con ese llamado "a la rebelión" que lanzó su líder tras las rejas.