En las últimas horas, el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, le escribió una carta abierta al Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Allí, en lenguaje coloquial, le advierte al mandatario provincial que “la Ley de Salud Mental aniquila tu provincia”. La misiva dice textual:
Estimado Alfredo Cornejo, no deseo dirigirme al Lic. en Ciencias Políticas ni la Master en Desarrollo, ésta misiva es destinado al ser humano que gobierna Mendoza, con respeto y afecto, pero marcando yerros que desequilibran la vida diaria de la región que otrora gobernara Don José de San Martín.
La ley de Salud Mental propone que el adicto consuma hasta que decida no hacerlo, además que sea internado en caso de que ese afectado preste consentimiento y acentúa éste ítem prohibiendo la internación compulsiva considerándola secuestro, lo que permite retirar el título del profesional interviniente además de procesarlo como secuestrador con penas que van de 8 a 15 años de cárcel efectiva. Obviamente, un médico recibe a una familia con un adicto en crisis y huye despavorido.
¿Cómo puede un adicto en pleno brote psicótico o esquizofrénico elegir por su salud o por su vida?
La ley 26.651 propone la externación inmediata, a manos de una Asistente Social, de todas las personas que por su adicción están internados en centros de rehabilitación o centros de Salud Mental.
Entiende, esta norma, la prevención de drogas como una tarea a desarrollar entre las personas consumidoras de drogas para que consuman menos y eviten daños o los reduzcan, dejando taxativamente de lado a quienes realmente necesitan información preventiva que son los que aún no han tocado las sustancias.
Debemos agregar a éste concierto de anormalidades, que la reglamentación de la ley que se encuentra resguardada en el Ministerio de Salud de la Nación, prohíbe la creación de Centros de rehabilitación en todo el territorio nacional y propone la desaparición para 2020 de todo centro monovalente en la República. Los centros llamados monovalentes por la norma son los espacios de rehabilitación de adictos. Quienes dieron forma a ésta ley, consideran a éstos espacios como campos de concentración cuando realmente son Centros de Humanización del afectado por las drogas.
Llevar a un adicto en crisis a un hospital general, como lo propone la ley de Salud Mental, es poner en riesgo no solo la salud del paciente que no puede ser atendida integralmente por padecer una dolencia crónica sino que sitúa en riesgo inminente al resto de los pacientes que ocasionalmente estén en el nosocomio. Imagine usted a un adicto en pleno brote psicótico o una alteración esquizofrénica al lado de un familiar suyo en la guardia del hospital.
La implementación de la Ley de Salud Mental en su provincia ha eyectado a niños que llegan a Casa Cuna casi en su totalidad con vestigios de cocaína en sangre.
Usted recuerda el homicidio de la periodista Paula Giglio a manos de Pallero, un adicto que fue externado por una Asistente Social que se apoyó en la ley de Salud Mental provocando que ese adicto con claros desequilibrios mentales pusiera fin a la vida y los sueños de una ciudadana mendocina cuya culpa fue ir a la intendencia a cobrar la pauta publicitaria de su programa de radio.
Hoy los diarios hablan de otro ciudadano que no fue atendido en tiempo y forma por ésta ley homicida y que intentó terminar con la vida de su mujer embarazada y atacó dos policías logrando su cometido.
Debe mirar además, aquella joven que pisó con el auto dos veces a su pareja por una cuestión de celos.
He visitado varias veces la provincia que hoy usted gobierna, la primera fue en 2007 encabezando una marcha que finalizó detrás del Cementerio de Las Heras donde ya en aquellos días los más chicos se juntaban a drogarse.
Hay muchas madres angustiadas en su Provincia porque no encuentran la forma de atender a sus hijos cuando el deterioro de las drogas se hace visible en el seno familiar, por lo cual es su responsabilidad buscar maneras de ayudar a éstas familias dejando de lado los incomprensibles frenos de ésta ley que destroza a toda la sociedad que usted está gobernando.