Cristina Kirchner enfrenta múltiples procesamientos y parece próxima a ser condenada en muchas de ellas.

En un año electoral, ello es todo un inconveniente, no desde lo legal, porque no la afecta, pero sí desde lo ético.

No obstante, Mauricio Macri también tiene que brindar algunas explicaciones por causas judiciales que lo jaquean. Estas son solo algunas de ellas, las que más lo complican:

Panamá Papers

Macri figura entre los políticos incluidos en la investigación internacional sobre paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma.

El portavoz oficial de Macri, Iván Pavlovsky, dijo que el presidente no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella.

Sin embargo, el 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.

Pronto, Tribuna de Periodistas reveló la existencia de otra sociedad off-shore creada en Panamá en la década del 80, denominada Kagemusha.

A raíz de la revelación de este portal, la Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia, a través del cual se confirma que Macri formaba parte del directorio de Kagemusha.

Prontamente, apareció el juez en lo Civil Andrés Fraga, quien fue denunciado por maniobras para desvincular a Macri de la investigación.

La jueza Marcela Pérez Pardo, que integra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, pidió que se investigue una posible actuación irregular del magistrado.

Causa por el Soterramiento del Sarmiento

En noviembre de 2016 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques denunciaron ante la Justicia la posible falta de transparencia en un incremento presupuestario a una obra previamente licitada, a favor de una empresa dirigida por su primo Ángelo Calcaterra.

Mediante el decreto 797/2016, Macri asignó al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento unos 3.000 millones de dólares.

Causa Correo Argentino

El 14 de febrero de 2017 el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Mauricio Macri y Oscar Aguad, —ministro de Telecomunicaciones—, por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación a la deuda del Correo Argentino.

En ese acuerdo el Estado aceptó una quita del 98,82 % de la deuda, en beneficio de Correo Argentino S.A., propiedad de la familia presidencial.

Asimismo se conoció que la Enacom, desistió de cobrarle ese mismo mes una multa por casi 300 mil pesos a la empresa propiedad del grupo Macri que ya tenía sentencia de segunda instancia en favor del Estado.

A pesar de que el Estado le había ganado el juicio a la empresa, la Enacom decidió no cobrarle la deuda.599​ Debido a esta acción, se inició una causa penal investigada por el Juzgado Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, por una maniobra que intentó utilizar el gobierno de Mauricio Macri para condonar una multa del Correo Argentino S.A, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, advirtiendo según el denunciante una deliberada estrategia de “resolver” de inmediato los conflictos judiciales vinculados a las empresas de la familia presidencial.

La deuda original asciende a $ 296,2 millones de pesos.​ Finalmente fue imputado por los delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública luego de que se conociera que el Estado le condonó una deuda millonaria a una empresa del grupo Macri, que administraba el Correo Argentino.

Según calculó la fiscal Gabriela Boquín la deuda implicaría un perjuicio de más de 70 mil millones de pesos para el Estado.

Causa acuerdo holdouts

En otra causa penal, la Justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos “buitre” y por la que es acusado de posible estafa y fraude contra el Estado.

El acuerdo es investigado por irregularidades tales como falta de informes que sustenten los montos demandados, acuerdos firmados a mano alzada, la no individualización de los títulos incorporados, que en la mayoría de los casos se pagó más de lo acordado en las sentencias y que no haya documental que avale qué títulos se abonaron, para el cual el país emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996 según el Financial Times.

En noviembre de 2016 un nuevo fondo volvió a denunciar a la Argentina. ​El 26 de abril de 2016 Argentina le realizó un primer pago de 9.300 millones de dólares -el cual fue calificado por el fiscal Federico Delgado como una gigantesca estafa al Estado nacional. ​

Tras meses de investigaciones, el fiscal del caso declaró que "el endeudamiento por 16.500 millones de dólares que encaró la gestión macrista para luego cancelar en efectivo 12.500 millones de la misma moneda a los bonistas en default, fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional".

Caso Avianca

En 2016 a pocas semanas de asumir Mauricio Macri la presidencia del país, dio de baja la flota oficial al tiempo que descartó viajar en la empresa Aerolíneas Argentinas, eligiendo vuelos privados de la empresa Macair Jet perteneciente al Grupo Macri, que de este modo sería la empresa directamente beneficiada con contrataciones del Estado.

El 27 de diciembre, el periodista Nicolás Pizzi reveló la creciente influencia de la firma aérea ligada al Grupo Macri y vinculó esto a las “decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri sobre el manejo de la flota oficial”. De este modo el Estado contrataría aviones del Grupo Macri para viajes oficiales a partir de enero de 2016.

La medida fue calificada como verdadero negociado millonario con el Estado que involucra a una de las empresas familiares del presidente.

El secretario General de APLA, denunció la implementación de una política de apertura del mercado aéreo a capitales privados que terminan mezclándose con intereses privados de la familia presidencial.

Posteriormente en mayo se vinculó a la firma Mc Air Jet, de la familia Macri con la quiebra de la Aerolínea Sol. Finalmente fue imputado por el fiscal federal Jorge Di Lello junto a su padre Franco, al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y a funcionarios de Avianca por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. En su requerimiento de instrucción, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a Avianca, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.

La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano Avianca.

Causa por Memorándum con Qatar

Se encuentra imputado penalmente en la causa conocida como Memorándum Argentina-Catar, a raíz de la firma de un memorándum secreto de entendimiento con Catar por un acuerdo por 1300 millones de dólares.

La causa está a cargo del juez Rafecas y de la fiscal Paloma Ochoa. En la causa también se encuentran imputados la vicrepresidente Gabriela Michetti,​ el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Presidencia Mario Quintana; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballey; y el ex tenista Gastón Gaudio. Se los imputa por los delitos de estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El 30 de diciembre de 2016 Mauricio Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno argentino, fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones (artículo 174 inciso 5 del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal) en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Memorándum con Catar de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1.300 millones de dólares estadounidenses, con una «estructura offshore», para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez que dirige la investigación es Daniel Rafecas. ​

Mientras se negociaba el acuerdo, el asesor presidencial Horacio Reyser compartió información confidencial del Estado a un empresario amigo, Nicolás Rosendi. Según consta en la causa desde el 28 de julio, cuando Mauricio Macri recibió al emir de ese país, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, hasta el domingo 6 de noviembre, momento en el que se firmó el acuerdo, hubo correos de Estado que se compartieron a empresarios privados. Y estos con la información privilegiada, habrían firmado contratos millonarios con Qatar Investment Authority (QIA) para ser “consejero local” del fondo de mil millones de dólares que se acordó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Según la investigación judicial el intermediario entre el Gobierno y Qatar, Diego Nicolás Rosendi, mantenía vínculos comerciales con Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri y primera dama argentina. El empresario participó en las negociaciones por el fondo de inversión catarí. Rosendi mantiene U$S 7,6 millones en paraísos fiscales y al mismo tiempo pagaba expensas de Juliana Awada en la residencia de un country propiedad de esta. Finalmente se requirió que la investigación involucre también a Rosendi, —socio de Awada—, por las figuras de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias y violación de secretos. ​

Imputación por supuestas coimas al juez Freiler en la Causa por espionaje de 2009

En 2016 el periodista Carlos Pagni afirmó que Daniel Angelici, operador judicial de Mauricio Macri, le dio dinero a un juez en forma de coimas para beneficiar a Macri en la Causa por espionaje en la Ciudad de Buenos Aires (2009), Angelici se habría reunido con Eduardo Freiler, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por una presunta maniobra para favorecer a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Finalmente fue imputado junto al juez Freiler y Daniel Angelici.

En noviembre de 2016 el diputado Julo Raffo presentó una denuncia contra Daniel Angelici y Eduardo Freiler por el supuesto pago de dinero para beneficiar al actual Presidente. Es que el 14 de junio de este año, la Sala I de la cual Freiler forma parte, confirmó el sobresimiento de Macri en la causa por las escuchas ilegales, por supuesto delito de cohecho o prevaricato. Luego del sorteo, la denuncia se tramita en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.

Freiler pidió dinero a Angelici para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales y sobreseerlo. El 12 de diciembre la jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó a declarar como testigo de la causa a Carlos Pagni.​ Posteriormente Pagni ratificaría ante la justicia sus dichos.

Imputación penal por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El fiscal Jorge Di Lello inició una investigación penal a raíz de una denuncia contra el Presidente y gran parte de su gabinete por haber pasado por alto el Congreso Nacional antes de rubricar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La denuncia fue efectuada por el economista Claudio Lozano y por el Movimiento Popular La Dignidad y por el Observatorio del Derecho a la Ciudad quien había denunciado al presidente y a los integrantes de su Gabinete de ministros vinculados con el área de Finanzas.

Tramita en el expediente N° 13777/2018 caratulado “Macri, Mauricio s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

El fiscal federal dejó a criterio del juez federal Julián Ercolini el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI que deberá ser resuelto en los próximos días. Así también solicitó la producción de varias pruebas.

Otras imputaciones

También se encuentra imputado en otras causas penales, entre ellas en la causa por el decreto de blanqueo de capitales a familiares, por la que resultó imputado por el fiscal Guillermo Marijuan ante una denuncia de la diputada Victoria Donda.

En abril de 2017 sumó una nueva imputación cuando el fiscal federal Franco Picardi pidió investigarlo junto al ministro de energía Aranguren, ante la sospecha de que el incremento de tarifas fue con la intención de favorecer a empresarios que incursionaron en el rubro energético como Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin, todos ellos cercanos a Macri.

El 7 de septiembre de 2017, el fiscal Delgado imputó a Macri por encubrimiento sobre el caso Santiago Maldonado e impulsó una investigación para determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se encubrió la desaparición de Santiago Maldonado.