Finalmente, el bendecido para conducir la cartera de Salud de la Nación no fue Pablo Yedlin, como había trascendido en un principio. Cristina Kirchner decidió bajarlo de un “plumazo” por sus vínculos con Juan Manzur, caudillo de Tucumán, a quien la expresidenta intenta restarle poder.
Alberto Fernández terminó eligiendo a Ginés González García como aquel que comandará el Ministerio de marras, pero no por voluntad propia sino por exigencia de su compañera de fórmula.
A nivel profesional, nada que reprochar: el exfuncionario se graduó como cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba en 1968 y posteriormente obtuvo varios títulos, uno de ellos el “diplomado” en Salud Pública con Especialización en Administración en Salud (UBA)
La cuestión pasa por otro lado: sus máculas en los días en los que ocupó la cartera de Salud, entre 2002 y 2007, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner.
El primero en señalar sus desaguisados fue el diputado nacional Leonardo Gorbacz, del ARI, quien se presentó en la Justicia y a la vez solicitó a la Oficina Anticorrupción que se “investigue la comisión de posibles actos de corrupción” por parte del ahora designado ministro.
En la presentación, del año 2007, aparecen suspicaces vinculaciones entre distintas empresas que proveen bienes y servicios a hospitales públicos y al PAMI.
Una de esas firmas se llama Cardiopack SA, que tuvo en su directorio entre marzo de 2003 y agosto de 2006, a Carlos Ulises Rancel, quien en el mismo período fue empleado de Ginés y proveedor del Estado a través de… Cardiopack.
Tal cual publicó en su momento diario Perfil, la empresa tenía asentado su domicilio legal en la misma oficina donde están registradas dos empresas del seguro designado ministro: las bodegas Tierras Huanacahe y Santa Eleonora.
En ambas, González García supo ser socio del exsubsecretario de Coordinación del Ministerio, José Marcelo Ondarçuhu, y de Daniel López, médico que también ostenta una empresa de salud, llamada Prestacional Farma SA.
Un año después de la presentación de Gorbacz, fue la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña la que puso el foco en la figura González García, a quien sucedió en el cargo.
En este caso, la exfuncionaria cuestionó el Plan Nacer, implementado durante la gestión de Ginés, respecto del cual acusó “pedidos de coimas, sobreprecios millonarios, encuestas infladas y auditorías millonarias que cuestan hasta cuatro veces más de lo previsto”.
Se trata de un plan donde se invirtieron US$ 430 millones para disminuir la mortalidad infantil y que financió el Banco Mundial para dar cobertura a algo más de 700 mil mujeres y niños de todo el país.
En ese contexto, a través de un pedido de Acceso a la Información Pública, diario Clarín analizó la documentación de respaldo del Plan Nacer y encontró sorpresas de lo más costosas. Por caso, la demanda de uno de los proveedores habituales del Estado que en noviembre de 2007 denunció la fabricación de una licitación, el pago de sobreprecios por varios millones de dólares y un intento de coimas de parte de "algún funcionario" del Ministerio de Salud.
Por caso, Ocaña mandó a detener un pago que le pareció "poco conveniente" para la compra de un sistema de videoconferencias, valuado por el Plan Nacer en casi un millón de dólares. No fue lo único. Al analizar la documentación, se encontraron con sobreprecios en los siguientes rubros:
Se compraron incubadoras por 782.900 pesos cuando el precio de mercado era de 562.000.
Heladeras por 3.935.000 pesos, cuando el precio de mercado era de 1.643.000 pesos.
Vitrinas para medicamentos por 3.095.326 pesos, cuando se conseguían a 1.914.220 pesos.
El escándalo escaló tal nivel que el Banco Mundial decidió abrir un expediente en su oficina de Asuntos Institucionales, en Washington.
Ahora, casi diez años más tarde, a pesar de todo lo antedicho, González García volverá a ocupar el mismo lugar desde el cual supo hacer las trapisondas referidas.
No es casual: su designación es parte de un plan del cual este cronista ya ha dado cuenta, que busca el retorno de viejos negociados en la salud. De la mano de viejos operadores como Héctor Capaccioli, otrora implicado en la mafia de los medicamentos y el lavado de dinero en la campaña de Cristina y Cobos en 2007.
Solo basta prestar atención a lo que hará Hugo Sigman, titular de laboratorios Elea y uno de los principales financistas de la campaña K. Es un hombre que, como sabe decirse, “jamás da puntada sin hilo”.