Pocos lo saben y, quienes lo saben, casi que no lo recuerdan. Ocurrió a fines de octubre de 1994: entonces, el recientemente designado interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Aníbal Fernández, estuvo prófugo de la Justicia.

En ese entonces, diario La Nación tituló: "Siguen buscando al intendente quilmeño", cargo que ocupaba el hoy funcionario K.

A su vez, diario La Prensa del mismo día decía: "Orden de captura para el intendente de Quilmes". La siguiente foto no deja mentir al respecto:

Parte del escándalo fue la contratación de un estudio jurídico para negociar la deuda del municipio de Quilmes con la empresa Aguas Argentinas.

Entonces, la concejala del Frente Grande María del Carmen Alburúa denunció a la Dirección General de Servicios Sanitarios la situación de marras. Es decir, el hecho de haber contratado a un grupo de abogados ajenos al organismo para llevar adelante las negociaciones con el Ente Regulador de Aguas.

La designación del estudio había sido autorizada por medio de un decreto firmado por el inefable Aníbal.

Cuando llegó el momento en el cual la justicia le pidió la captura al entonces intendente, este último se escondió en una quinta que tenía en Florencio Varela, para aparecer solo una vez que la Cámara de Apelaciones le concedió el hábeas corpus que habían solicitado sus abogados, Federico Domínguez, Marcelo Ordoqui y María del Carmen Falbo.

Esta última sería más tarde Procuradora de la Suprema Corte bonaerense. Ninguna casualidad.

Hoy en día Aníbal gusta renegar de esos hechos y niega haber sido prófugo de la Justicia. Sin embargo, el siguiente documento lo refuta:

Como dice aquella frase del saber popular, “nadie resiste el archivo”.