Una de las cuestiones que más ha sorprendido respecto del gobierno de Alberto Fernández refiere al “festival” de nombramientos de personas de dudosa catadura ética y moral. Algunos incluso con grueso prontuario judicial.

Ayer mismo, la agencia de noticias Télam “oficializó” la designación de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, a pesar de los severos cuestionamientos que acopia en su haber.

Dicho sea de paso, el regreso de la mujer a esa cartera había sido anticipado por Tribuna de Periodistas el lunes pasado.

No es el peor de los casos: el presidente ha convocado a tipos como Agustín Rossi, quien “perdió” un misil en su anterior gestión; Aníbal Fernández, relacionado al mundo narco; Claudio Moroni, mega denunciado por sus desaguisados al frente de la SSN; Felipe Solá, sospechado de vender permisos de pesca durante el menemismo; y otros.

¿Qué clase de mensaje intenta llevar a la sociedad el jefe de Estado? ¿Dónde quedó aquello de que volvían “mejores”?

Como sea, en el contexto de nombramientos insólitos —por calificarlos de alguna manera—, el Boletín Oficial se ha plagado de designaciones que personas que no cumplen “con los requisitos mínimos”. Textual.

Lo curioso es que se trata de cargos ostentosos y de alta relevancia a la hora de toma de decisiones desde el Estado, pero que son cubiertos por personas que no cuentan con las exigencias de rigor que exige la normativa vigente.

No es un dato menor: oportunamente se cuestionó la designación de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción por no ser abogada. Y finalmente esas inquietudes tuvieron razón de ser en vista del desastre que terminó haciendo la mujer en esa dependencia.

Ergo, los requerimientos que se piden a la hora de ocupar un cargo en el Estado no son un capricho. Tienen una razón de ser.

Por eso sorprende lo que ocurre en estas horas, donde cada día el Boletín Oficial aparece plagado con media docena de nombramientos que no cumplen los “requisitos mínimos”.

Cuando se ha consultado a las fuentes pertinentes, la excusa es siempre la misma: “Son cargos temporales, no permanentes”. Es cierto, en el 90% de los casos se aclara que es por 180 días —poco más, poco menos—, pero ello vuelve a la cuestión aún más suspicaz.

¿Cuál es el sentido de nombrar a las apuradas alguien que no ostenta la capacidad que se requiere para un cargo de importancia? ¿Realmente son designaciones temporarias? Habrá que esperar y ver.

Entretanto, las dudas pasan por otros lares: ¿No hay personas idóneas para ocupar los cargos de marras? ¿O es que se deben tantos favores políticos a tanta gente?

Por ahora, solo preguntas sin respuesta.