Nada de lo que hace el kirchnerismo lo hace por lo que dice que lo hace.

Todo lo que hace esconde una segunda (y verdadera) intención oculta.

Recuerdan ustedes durante la última etapa de su anterior régimen, lanzó la llamada “democratización de la justicia”, un proyecto que vendió como el necesario para que la Justicia estuviera del “lado de la gente” y dejara de “defender a los poderosos”, pero que en realidad escondía el objetivo de coparla con gente propia a través del engendro “Justicia Legítima”.

Recuerdan que el proyecto preveía la elección de los jueces dentro de las listas de los partidos políticos en una inédita iniciativa para politizar el poder judicial, un poder que, por la exigencia de su imparcialidad, debe estar ajeno a toda injerencia política.

Ese proyecto fue abortado porque el kirchnerismo había perdido ya “pull” político en la sociedad y está veía con malos ojos todo lo que proponía.

Pero eso no lo detuvo. Dejo la idea en stand by hasta su regreso al poder.

Ahora que lo concretó, vuelve a la carga con una versión aggiornada de la idea a la que le ha dado el pomposo nombre de “reforma judicial” (siempre es mejor que estas iniciativas tengan nombres rimbombantes para dar la idea de que algo nuevo y mejor empieza con ellas).

Pero en realidad la reforma que el kirchnerismo persigue no es otra que la misma de siempre: copar el poder judicial con gente propia.

De ese modo nadie podrá decirle que las instituciones no funcionan: funcionarán manejadas a su antojo y por gente de su propia tropa.

Es lo mismo que llegar al poder para robar con robos “permitidos” por una ley aprobada con su mayoría: “no hay robo, hay aplicación de la ley”, dirán con sarcasmo.

De la misma manera sucede con todos los regímenes que reforman las constituciones democráticas por otras a la medida de sus antojos: perfeccionada la reforma nadie les podrá decir que su gobierno no es “constitucional”.

Recuerdan la proverbial imagen de Chávez blandiendo su liliputiense versión de su propia Constitución para afirmar a los cuatro vientos que todo lo que hacía estaba refrendado por ese texto. ¡Y cómo no lo iba a estar si el texto lo había hecho redactar él a su medida como si le hubiera encargado un traje a un sastre!

Este caso es igual: se copa la Justicia mediante “reformas judiciales” hechas a la medida del régimen para que luego ese poder refrende sus desaguisados, los individuos estén sin defensa frente al Estado (que “es” ellos, claro) y lo que ellos decidan sea irrebatible y encima “institucional”, porque nadie podrá decir, en sentido estricto, que la Justicia no funciona.

Este proyecto se vende a la sociedad como destinado a “diluir” el poder de los actuales juzgados federales de Comodoro Py.

Aprovechando el gran desprestigio que rodea a todos esos jueces, el gobierno nos quiere convencer que, con su aumento, el funcionamiento mejorará. Para ello, por la vía de fusionarlos con los juzgados penales económicos, quiere llevar su número a un poco más de medio centenar.

Se trataría de alrededor de cuarenta jueces netos nuevos. ¿Con quien creen ustedes que llenarán esas plazas?

Pues, claramente, con integrantes de Justicia Legítima.

Por otro lado se busca la constitución de una comisión de “notables” (de nuevo la pomposidad) para que estudie la reforma del Consejo de la Magistratura y de la mismísima Corten Suprema.

Para esta, según se dice, tienen reservada la idea de partirla en tres salas (es el constante repiqueteo de Zaffaroni) de cinco jueces cada una y con jurisdicción sobre temáticas exclusivas que no podrían ser del entendimiento de las otras salas.

Se recortaría el acceso al uso del recurso extraordinario por parte de los ciudadanos y la Corte, en los hechos, pasaría a funcionar como una cámara de apelaciones más.

El proyecto no podría ser más disparatado. La Constitución organizó la Corte como un tribunal único, con competencia para decidir en todas las temáticas traídas ante los estrados de la Justicia por los ciudadanos en defensa de sus derechos, de modo definitivo mediante el uso del recurso federal.

Pretender reformar ese espíritu y ese formato por una ley es claramente inconstitucional.

No se puede privar a un juez de la Corte de entender en el tratamiento de una causa judicial cualquiera sea su temática porque la Constitución así lo quiso y dispuso expresamente.

Para que la Corte opere de manera diferente no habría otro camino que reformar la Constitución.

Privar a los ciudadanos del uso del recurso extraordinario es un arma más para ponerlo en un pie de notable desigualdad con el Estado, que verá aún más facilitado su camino para restringir derechos.

Pero, de nuevo, intentando un análisis técnico de buena fe sobre el particular caemos en la trampa kirchnerista y dejamos de lado el poner la atención en lo que verdaderamente hay detrás de la idea, es decir, generar “vacantes” para la “colocación” de gente propia.

Imaginen ustedes una Corte integrada por quince jueces: de un golpe ubicarían en el más alto tribunal a 10 de los suyos: una jugada de ajedrez para alcanzar el poder absoluto y el completo sojuzgamiento social.

Estamos ante un peligro mayúsculo y ya desenfrenado. Los derechos civiles y las libertades de cada uno están a punto de quedar en manos de una nomenklatura totalitaria que solo busca el poder absoluto, el pensamiento único y la impunidad para sí misma.

El presidente Fernández, si se presta a esto, pasará a la historia como una marioneta triste, como un engranaje útil para ellos pero lamentable para la suerte de los argentinos.

Su paso por el sillón de los presidentes solo habrá servido para que se perfeccione una servidumbre atroz sobre la sociedad y para que impere una riqueza obscena en manos de unos pocos que miran cómo el pueblo se debate en la miseria.

El presidente, cuando cada mañana se mire en el espejo, debería ver cómo éste le devuelve la imagen de la deshonra.

Aunque, al recordar los secretos contenidos de su pacto con la vicepresidente, poco le importe la moralidad de esos pequeños detalles.