Todo arrancó en julio de 2013, cuando los entonces senadores Gerardo Morales, José Cano, Luis Petcoff Naidenoff y Alfredo Martínez, denunciaron que, al momento de que se aprobara su pliego como embajadora y desde 1995, Nilda Garré había sido designada Encargada Titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 57 de Capital Federal, "encontrado en uso de licencia para el desempeño de cargos nacionales, provinciales y municipales de carácter no permanente, situación que se habría extendido de forma prácticamente ininterrumpida en razón de las sucesivas funciones públicas para las que resultó electa o designada".

Los delitos denunciados fueron: defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Y no solo aludía a ella, sino también a otros funcionarios.

Como sea, la otrora ministra de Defensa continuó percibiendo ingresos por la prestación del servicio registral, "extremo que constituiría una incompatibilidad", según aludía la denuncia de Morales, actualmente gobernador de Jujuy, Cano y Martínez.

Prontamente fue sobreseída por la Justicia Federal pero luego la Cámara Federal revocó esa medida por “prematura” y ordenó profundizar la investigación para determinar si cometió delito al cobrar salario como encargada de un Registro Automotor mientras ocupaba distintos cargos en la administración pública.

Puntualmente, la decisión fue de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes “revieron” la medida tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y le ordenaron realizar nuevas medidas de prueba.

“En atención al marco temporal de la denuncia -que se extendería al día de la fecha inclusive pues la última licencia como Encargada Titular del Registro Seccional n° 57 concedida a Garré lo fue hasta el 9 de diciembre de 2019-, deviene necesario incorporar las declaraciones juradas patrimoniales faltantes”, advirtieron incluso los jueces.

Además, se dispuso “a la luz de la nueva normativa vigente, determinar cuál es la situación a la fecha”.

Por otra parte, los camaristas remarcaron como “ineludible que se extremen los recaudos con miras a determinar objetivamente de qué forma se instrumentaron los pagos de emolumentos a la nombrada y por qué montos”.

En ese contexto, en el cual había mucho por investigar y determinar, en los últimos días Garré fue beneficiada con una oportuna falta de mérito. Tribuna de Periodistas accedió en exclusiva al fallo completo, donde se hace referencia a esa situación.

¿Qué significa la falta de mérito? En buen romance, tiene que ver con que no hay elementos para procesarla/condenarla, pero tampoco para sobreseerla. Y siempre termina siendo un beneficio, porque las causas judiciales terminan prescribiendo al paso del tiempo.

Lo curioso es que, quien impulsó la defensa de Garré fue el mismísimo Ministerio de Seguridad, que actuó como querellante desde un principio. Y fue esa misma cartera la que operó para salvarla.

De hecho, en estas horas, hay acciones —y presiones— concretas para “zafar” a los otros procesados, como Esteban Rosa Alves —hombre de oscuros antecedentes, desnudados por este portal—, Eduardo Terada, Julián Dunayevich, Gustavo Sibilla, Liliana Banti, Juan Franchino, Román Argentino Di Santo y Gabriel Armando García.

Lo curioso es que, quien obró el milagro de “zafar” a Garré, fue Martínez de Giorgi, el mismo que ya había querido beneficiarla y cuyo desempeño mereció un “tirón” de oreja por parte de la Cámara Federal por no haber profundizado la investigación judicial sobre la exministra de Defensa.

En el marco del debate que viene sobre la reforma judicial del fuero Federal, sorprende que el referido magistrado no aparezca en la lista de los jueces objetados por Alberto y Cristina. Apenas una impertinente ironía de quien escribe estas líneas.

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