El Gobierno no cesa sus equivocaciones ni su vocación antiperiodistica y antidemocrática. Siempre termina realizando declaraciones o acciones que se encuentran en las antípodas de lo que debería representar.

No es casual que desde que inició el mandato la fórmula Fernández-Fernández, se hayan planteado cuestiones que van en contramano con la libertad de expresión, pero por sobre todas las cosas, en contra de la libertad de prensa.

La primera de ellas fue un proyecto presentado por cinco senadoras que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández, en el cual se buscaba que el periodismo no pueda hablar –es decir informar- sobre las causas de corrupción.

¿No representa ello en sí mismo un acto de sinceramiento respecto de las causas judiciales que pesan sobre la vice, sus hijos, exfuncionarios –algunos que volvieron al ruedo político en los últimos meses- y un puñado de empresarios afines?

Luego fue el turno de la denominada “enmienda Parrilli”, con la cual se le permitía a los jueces denunciar si se sentían presionados por “poderes mediáticos”. Claramente ello representa, además, la intención del cristinismo duro de llenar la justicia –sobre todo la federal- de jueces y fiscales “comprometidos con la causa”.

Ahora llegó el turno del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales o “Nodio” –apocope de “no odio”- con el cual se busca controlar los contenidos que publican los medios.

Quien más claro se expresó al respecto fue e diputado nacional Luis Petri, quien aseveró que “Sin libertad de expresión, la democracia se transforma en una fachada”.

Pero los medios son sólo una parte de la intolerancia del gobierno hacia las heterogéneas disidencias de racionalización.

Por caso, desde el oficialismo de turno han “tirado piedras” contra quienes se manifiestan en contra de las políticas que viene llevando a cabo el Gobierno nacional en un abanico de materias.

El primero fue el presidente Alberto Fernández quien aseguró que aquellos que cumplían obsecuentemente las órdenes brindadas desde el Ejecutivo nacional eran personas buenas, deslizando de esta manera que aquellos que concurren a las movilizaciones son gente de mal.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue más lejos aún al analizar que aquellos que se manifiestan “no son la gente, no son todos, no son el pueblo”.

Pregunta para Cafiero III ¿Quiénes son los que marchan? ¿Animales, robots? Que sea más claro.

La necedad de Cafiero nieto no lo deja ver más allá de su propia burbuja ideológica. De hecho llego a decir que Juntos por el Cambio y sus adeptos “están enojados” porque perdieron las elecciones.

Con esa lógica infantil y para nada seria, se podría deducir que el Gobierno está enojado porque el peronismo terminó perdiendo la calle y convocando a una movilización virtual.

De todas formas no son casuales las palabras del ex Midachi “Dady” Brieva, quien admitió que tenía “unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”, en alusión a la manifestación de ayer.

Pero como si todo lo antedicho fuese poco, el Gobierno utiliza un instrumento estatal para aleccionar. Se trata de la devenida agencia de noticias Télam Sociedad de Estado.

Allí, se encargan de darles con un látigo a los funcionarios y Gobiernos con ideologías contrarias a las del oficialismo y, sobre todo, cuando estos analizan la situación en 180º al pensamiento peronista-camporista-kirchnerista.

Sólo a modo de ejemplo se puede mencionar que el pasado lunes, luego de no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional, la agencia de noticias Télam salió a fustigar contra el gobernador de la provincia de Mendoza Rodolfo Suarez.

La agencia Télam publicó una retahíla de artículos que con sólo leerlos deja a la vista la parcialidad ideológica con la que se maneja la empresa estatal.

El foco con el que se escriben los artículos es siempre en respaldo a las decisiones del Gobierno de Alberto Fernández y en contra de, en este caso, un Gobierno provincial radical.

Es en ese sentido que se puede analizar la función del Observatorio de desinformación promovido por Miriam Lewin, la defensora del Público.

Lo que busca el Gobierno que maneja la virtual presidenta Cristina Fernández en los medios es obsecuencia partidaria, obediencia política y parcialidad informativa. Es decir, cualquier cosa menos periodismo.

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