La ley de Movilidad Jubilatoria promulgada esta semana por Alberto Fernández establece que los haberes de la clase pasiva se actualizarán desde marzo con una formula que combina el crecimiento de la recaudación de la Anses y de los salarios.

Esa fórmula se aplicará a las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Previsional del Adulto.

En tal contexto, Tribuna de Periodistas entrevistó a Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, quien advirtió: “El tema yo creo que ha sido mal planteado. Discutir la fórmula es como tratar de hacer un edificio a partir del piso diez. El problema básico es cómo hoy el haber del jubilado tiene que recomponerse, perdió el 40% el poder adquisitivo en los últimos 3 años”.

En ese sentido detalló que “20 puntos perdieron en 2018/2019 en relación con la inflación. Lo decía el entonces candidato y actual presidente (Alberto Fernández), que hizo campaña prometiendo los 20 puntos recomponiendo las leliqs, se suspendió la ley de movilidad y a partir de esa emergencia los decretos de este año fueron hacia la baja”.

Aseguró que algunos de esos decretos fueron “más disparatados, como el reajuste de marzo, porque se aplicaron indicies decrecientes desde el 11,56% que se aplicó a las mínimas, las mínimas eran de 14 mil pesos y a partir de un criterio mal planteado, de principio de solidaridad, fueron decrecientes”.

“Se llegó a los valores de haberes más altos a un (aumento del) 3.7%, se acható la pirámide y se distorsionó la relación de quienes lo componían. A quien le pagaron el 3 o el 4 en lugar del 11,56% le bajaron el haber sobre el cual se van haciendo los cálculos sucesivos” explicó.

Por tanto, analizó que “llega un momento en donde la pérdida termina siendo notoria y se convierte inexorablemente en juicio”.

“En este breve relato vemos que el haber del jubilado perdió el 40% del poder adquisitivo. Si no se recompone eso, ninguna fórmula puede resolver el problema, porque la base sobre la cual se calcula… tomemos el mes de diciembre, donde se reajustó el 5% por decreto. Ese 5% para las mínimas que eran 18.100 (pesos), fueron 900 pesos, es decir 30 pesos por día. Estamos hablando de una canasta del 6 de octubre que era de 49 mil pesos, por lo cual me parece que el fondo de la cuestión era ver esa recomposición. No se hizo y se debatió la fórmula porque lo que asistimos es a un aspecto de la seguridad social relacionado con la macroeconomía y me parece, como todos los gobiernos, (el actual) quiere resolver la incidencia de la masa de recursos de la seguridad social como es en relación a los puntos que ocupa del Producto Bruto Interno” pormenorizó.

“¿Qué se hizo en relación a eso?, este año los decretos fueron hacia la baja. El sistema se ahorró 100 mil millones de pesos, lo dice ANSES. Traducido, si se ahorró es porque se le pagó menos a los jubilados”, añadió en tal sentido.

Por lo que consideró que “entonces lo que se hace es tratar de que el año que viene continúe el ahorro y si es posible, que a su vez se ahorre más, que haya una menos incidencia sobre el Producto Bruto Interno”.

Al se consultado sobre el fallo que le permitió a la vicepresidenta Cristina Fernández cobrar dos pensiones, sin pagar Ganancias y con retroactivos además de su sueldo, el especialista contestó que “lo que se está planteando es una cuestión más allá de lo simbólico, porque hay una legislación que ampara este tipo de situación, por lo cual muestra que todos somos iguales ante las ley, pero algunos son más iguales que otros”.

Asimismo aseguró que “no son términos autoacordados, la ley que invoca la ex presidente es una ley del año 93 que nunca fue reformada y ante algún conflicto los políticos dicen ‘no, pero las jubilaciones de privilegio’ y fueron desapareciendo todas menos las del sistema político”.

“Las pensiones referidas son no contributivas, es decir tienen la misma naturaleza jurídica que los 300 mil discapacitados que reciben 14 mil pesos. Si esa persona con discapacidad, fallece por ejemplo su mamá o su papá y quiere tramitar la pensión derivada del beneficio de su mamá o su papá, que es de 19 mil pesos, tiene que renunciar a la pensión no contributiva de 14 mil pesos”, comparó.

Por tal motivo, analizó que “estamos viendo que esta disparidad… yo creo que acá hay un tema que es muy grave, que es que se preserva el mundo de las formas en detrimento del mundo real”.

En ese sentido ejemplificó: “Los políticos aprendieron a decir adulto mayor en lugar de viejo y con la discapacidad pasa lo mismo, se cuidan las palabras pero después que esa persona viva con 14 mil pesos no altera a nadie y ato esto con lo que estábamos hablando, el problema hoy que tiene el sistema es que hay 4 millones y medio de jubilados que con esos 19 mil pesos no pueden subsistir. Ni siendo viejo ni siendo joven”.

También hizo una reflexión al mencionar que “en diciembre de este año están cobrando 19 mil pesos que es lo mismo que cobraron en diciembre del año pasado”.

Analizó que “pasó un año donde hubo 43 mil fallecidos por covid de los cuales el 80% son adultos mayores. De los que sortearon la etapa aguda de la enfermedad, hoy tienen otras enfermedades y algunas emanadas de lo que fue esa etapa aguda que necesitan ser rehabilitadas y tratadas, y ninguno la está pudiendo hacer esa rehabilitación porque no se las están ofreciendo por parte del PAMI y fíjese, el adulto mayor no puede con 19 mil pesos tratarse nada y a su vez las familias que podían ayudar al adulto mayor, hoy no lo pueden hacer porque han perdido ingresos, entonces se da una situación que llamamos la ‘cultura esquimal’”.

Respecto de esta cultura explica que “cuando llega el invierno, cuando no hay provisión de pescado fresco, lo que se consume es el pescado seco y el viejo tiene los dientes gastados para roerlo, entonces sale del iglú y se va al pueblo, se va a morir. En el siglo 21 en una sociedad que se supone civilizada va pasando esto”.

En comparación con el caso Adolfo Badaro, destacó que “es más grave porque lo que se repitió… cuando se hacen los reajustes en marzo, se registró el sistema Badaro: se achata”.

“Hasta diciembre de 2001 había convertibilidad, no habían aumentos de jubilaciones ni supuestamente inflación. A partir de ese momento, con inflación y demás, se va perdiendo (poder adquisitivo). Lo que se empieza a hacer a partir del 2003 es aumentar las mínimas y dejar congeladas las de más de 1000 pesos, por lo que era una pirámide y se convirtió en una meseta”, detalló Semino.

En ese sentido, agrega que “ahí se hablaba de distribución de riqueza, pero era distribución de ingreso, porque los haberes más altos mantenían el aumento de los más bajos. Badaro, uno de los de 1000 pesos, va, reclama el aumento que eran 2 millones de Badaros, llega a la Corte y la Corte en el 2006 lo que hace es mandar una exhortación al Congreso que dice: ‘necesitamos una pauta de reajuste que sirva para Adolfo Badaro y para los 2 millones’, y el Congreso no hace nada. En el 2007, en el mes de noviembre, después de la elección surge el caso Badaro con un fallo que dice ‘hay que reajustarle a Badaro conforme la variación del sueldo del trabajador activo en todo ese tiempo que no le reajustaron’, pero esto fue para Badaro, lo que tiene que hacer el Congreso es dictar una norma para todos los Badaros”.

“Por eso en 2008 surge la primera Ley de Movilidad que es la que surge ahora, pero peor porque esa ley toma dos variables para el ajuste: salario y recaudación previsional, es decir, impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social: patrimonio, ganancias, hidrocarburos, cigarrillos e IVA; el más importante. Fíjense que paradoja, el más regresivo es el que más pone, el que más afecta a los pobres. Esto había que discutir, que los demás pobres banquen a los pobres jubilados o que los pobres jubilados se mantengan con su consumo”, culminó Eugenio Semino.