Fue el 31 de octubre de 2012, casi de casualidad. Investigando una trama de jubilaciones y pensiones “truchas”.

Como una revelación, llegué a un documento que mostraba que la mismísima Cristina Kirchner aparecía como beneficiaria de una pensión no contributiva.

Hice todas las verificaciones del caso, cruzando información por aquí y por allá, y descubrí que la entonces presidenta de la Nación había iniciado el 24 de noviembre de 2010 el pertinente trámite para cobrar ese beneficio (ver al pie).

Pronto tuve en mis manos el expediente 041-27-10433615-4-026-1, donde constaba el derrotero completo de la pensión. Había pasado el 29 de ese mes a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (Pensiones No Contributivas) luego de haber recalado en la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, entonces a cargo del inefable Carlos "Chino" Zannini.

Luego, en tiempo récord, el expediente fue aprobado, con el pertinente comentario: "Su trámite ha sido resuelto en forma favorable”.

De allí, el beneficio fue derivado al Banco Patagonia ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen al 400 en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo curioso fue que, según fuentes de la propia Anses, el trámite se había gestionado a través del Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) de cobertura médica para personas que no cuentan con obra social, a través del Departamento de Liquidación de Pensiones Asistenciales. Casi un fraude.

La primicia fue publicada en este mismo portal a fines de octubre de 2012 y rápidamente escaló a los grandes medios, los cuales replicaron la información citando a Tribuna de Periodistas, como corresponde.

Al mismo tiempo, la revelación me costó el oportuno ataque de los medios alineados al kirchnerismo, entre ellos 678. Era la segunda vez en el año que me dedicaban un informe de tales características.

Seis meses antes me habían “destrozado” por haber denunciado a Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. Trámite que culminó en 2017 con su detención y posterior prisión.

Volviendo a la pensión de Cristina, se me ocurrió recordar aquella trama porque hoy mismo dos diputadas de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Marcela Campagnoli, advirtieron que la vicepresidenta “infringe la ley que imposibilita el cobro de dos pensiones en simultáneo”.

En tal contexto, le pidieron al fiscal de Seguridad Social, Gabriel De Vedia, y a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, que apelen el fallo que habilita la vicepresidenta a cobrar sendos beneficios, que constan de casi dos millones de pesos mensuales libre de impuestos.