Como se preveía y, tal cual se anticipó en esta columna, la campaña política derivó en el terreno más pantanoso de todos: el judicial.

Principalmente desde el Frente de Todos contra Juntos por el Cambio. En una suerte de venganza por haber subido al ring a Mauricio Macri.

La respuesta del kirchnerismo ha sido directa y brutal: la motorización de una serie de expedientes que complican al expresidente de la Nación. Alguno con más “carne” que otro, pero todos sincronizados. Para que se entienda el mensaje, acaso evidente.

El primero de ellos es el que investiga el presunto espionaje sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. Allí Macri deberá prestar declaración indagatoria el próximo 7 de octubre, lo cual no le quita el sueño.

En charlas reservadas, el expresidente jamás niega que se espió a esas familias pero jura que él nada tuvo que ver. Que fue la picardía de alguien más. Alguien a quien extrañamente no menciona.

Sí le quita el sueño la otra causa, la que disparó involuntariamente su hermano Gianfranco, por supuesta evasión y lavado de dinero por 25 millones de dólares. Que serían de la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas.

“No hay dudas: está probado que fue una efectiva burla a la ley de blanqueo de capitales que se votó en 2016 durante el Gobierno de Cambiemos”, dijo a este cronista un reputado y mediático abogado constitucionalista.

Fuera de lo estrictamente judicial, no hay mayores novedades salvo que Alberto Fernández ha sucumbido a los deseos de Cristina Kirchner y se ha convertido en una especie de “presidente testimonial”. Con esporádicas apariciones en eventos de menor cuantía.

Quienes han tomado el control del gobierno son Juan Manzur y Aníbal Fernández, desde sus ostentosos cargos. Cada uno con sus propias pretensiones —el primero, ser presidente en 2023; el segundo, que lo dejen seguir con sus negocios ilícitos—, pero siempre manejados por la gran titiritera que es la vicepresidenta.

¿O acaso alguno cree que el pedido de Manzur a Martín Guzmán de que “afloje” la billetera proviene de su propia ocurrencia? ¿O las palabras de Aníbal, casi calcadas, quien admitió que se busca poner “plata en el bolsillo de la gente”?

Cristina había dicho justamente eso en sus explosivas misivas, dirigidas al hoy desdibujado Alberto. Interpelando al ministro de Economía, el dueño de la chequera oficial.

El dispendio de dinero no será la única estrategia de campaña del Frente de Todos: habrá promesas de todo tipo para la gente del agro y la ganadería. A efectos de revertir los resultados en los distritos clave donde los K sufrieron un revés electoral.

Ello explica que sea el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, el que empiece a recorrer las provincias “clave”. Ya empezó por La Pampa, donde los K perdieron por más de diez puntos.

Por su parte, Juntos por el Cambio juega otra partida, que surge de la desconfianza hacia el kirchnerismo. Cree que esa fuerza apelará al siempre latente fraude. Sobre todo después de que el colega Carlos Pagni instalara esa posibilidad en su programa Odisea Argentina.

Según el reputado periodista, los K estarían evaluando avanzar en maniobras fraudulentas en el norte del país y en el conurbano bonaerense para sumar votos en las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre.

A tal respecto, Pagni advirtió que dirigentes del propio peronismo no kirchnerista le reconocieron que una manera de obtener votos sería “convencer” a los fiscales al momento del conteo.

Una vez terminada la votación, en el cuarto oscuro los fiscales de cada partido, junto a las autoridades de la justicia electoral, comenzarían el conteo que luego constaría en los telegramas que llegan a los centros de cómputo en todo el país.

Allí, siempre según Pagni, podría intervenir el oficialismo con maniobras que le permitirían obtener hasta un 4% más en el resultado final.

Para desactivar tal posibilidad, los titulares de las principales fuerzas que integran Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, lanzaron un improvisado “Comité de Control Electoral”.

Su trabajo no será nada original: a través de un correo electrónico y un número de Whatsapp, recibirán denuncias de posibles irregularidades relacionadas con los comicios de noviembre.

Fuera de lo que es la campaña en sí, la semana pasada ocurrió un hecho que fue ocultado por los medios de manera parcial: tras 16 allanamientos realizados en simultáneo en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses de San Martín y Tres de Febrero, la Policía Federal Argentina anunció que puso fin a la llamada “Banda de los Autos Antiguos”.

Eso fue público, ningún secreto: lo que nunca se contó es que uno de los allanamientos fue en la sede de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que comanda la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. De hecho, fue el propio titular de la Cámara de Diputados el que “gestionó” en los medios que no apareciera ese dato.

A esta altura hay que mencionar que los autos eran comprados en remates, luego les hacían los papeles legales, y finalmente los arreglaban. Hasta ahí, todo bien: el tema es que los autos de colección eran robados. Y algunos de los documentos probatorios del delito aparecieron en la sede de AYSA. Misterio.

En otro orden de cosas, quien está a punto de volver al Gobierno es Marcelo Saín, otrora titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), personaje polémico si los hay. Protector de poderosos narcos. De hecho, no es casual que sea Aníbal el que lo devuelva a la arena pública, luego de su errático paso por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Como puede verse, poco a poco la Argentina empieza a convertirse en México. Narcotráfico, juego, lavado de dinero y política. Así se empieza. El final ya lo conocemos.


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