El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, está “cebado”. Tras el “exitoso” programa de congelamiento de precios en bebidas y alimentos, pretende que el control se extienda a otros rubros.

El primero en la mira es el de los medicamentos. “Me parece que se necesita una intervención”, manifestó acaso como una señal de exaltación. “No puede haber consumos esenciales que no estén regulados”, añadió.

“Teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14 mil farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, señalaron las tres cámaras que nuclean a los principales laboratorios del país.

Sorprende la mencionada declaración teniendo en cuenta que el control de precios no fue bien recibido por la extensa lista de problemas que traerá a futuro y que puede presentar en el presente.

De hecho, el funcionario rezongó por la falta de productos de marca Arcor. “Todavía no son desvíos graves, aún no aplicamos ninguna sanción”, señaló.

Entre líneas: ¿“Todavía”? ¿“Aún”? Habrá que esperar un poco de tiempo entonces para que esos faltantes sean mayores, por lo pronto la sanción ya está pensada y lista para aplicar.

Un rubro, dos rubros. ¿Cuántos más?

Si se comenzó a manifestar la intención de expandir el congelamiento de precios a otros rubros, en este caso los medicamentos, ¿por qué no pensar en que la medida seguirá propagándose?

Feletti no es el único que se encuentra exacerbado por la política de intervención de precios. Es que quien hizo mención a la ampliación del programa fue la candidata a diputada por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz.

La candidata bonaerense habló de la necesidad de construir certezas “para una población que le tiene que alcanzar para la canasta básica de alimentos, para los medicamentos genéricos y alcanzarle para vestimenta, textil y transporte y nafta”.

Es decir, básicamente se busca intervenir en lo macro del mercado, eliminando aumentos de precios en donde se pueda.

Es la política de no hacerse cargo. De no hacerse cargo de la inflación, de la emisión, de la carga impositiva, del tamaño del Estado, del descomunal –e innecesario- gasto que se hace desde las arcas públicas, etcétera.

Básicamente se busca que el empresario y/o comerciante sea el solidario, reduciendo los márgenes de ganancias, y en muchos casos éstos resultando nulos o hasta negativos. Ello sucede en un país donde el salario de quienes toman las decisiones está depositado todos los meses, por lo que no tienen de qué preocuparse.

La patria es el otro

Pedir la solidaridad de los demás sin hacer un mea culpa no es una actitud extraordinaria de este Gobierno, es el formato que utiliza con el propósito de desprenderse de las responsabilidades.

El mejor de los ejemplos fue explicado este mismo martes en Tribuna de Periodistas por el colega Adrián Simioni, haciendo referencia a la petición que le hizo el presidente Alberto Fernández al Fondo Monetario Internacional para conseguir facilidades de pagos en caso de adoptar la utilización de energías limpias.

“Merkel escucha al presidente de este otro país que, mientras sigue subsidiando las energías sucias, pide que los contribuyentes alemanes ahora pongan plata en el FMI para que el FMI le ayude a la Argentina con las energías limpias”, explicitó respecto de la contradicción de esta solicitud.

En tal sentido, finalizó su columna redactando: “Si lo escuchó, Merkel debe pensar que Fernández es un buen presidente; un buen presidente para un país de chantas e irresponsables que creen tener derecho a que los demás vengan siempre a sacarles las papas del fuego”.

Nunca fue mejor descripta la idiosincrasia de un Gobierno que se autodenomina popular y que de popular tiene lo mismo que de coherente.

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