Antes de poder arrepentirse por haber hablado de la “narcodemocracia” en épocas de Menem, Gustavo Béliz –actual ministro de Justicia- volvió a centrarse en el foco de la tormenta al aparecer involucrado en una escandalosa denuncia que, inentendiblemente -y como es su costumbre ya-, no reflejaron los principales diarios del país. Hablamos de los oficialistas Clarín, La Nación y Página/12 y la periferia de los medios que controlan.

El 5 de noviembre de este año, el Juez en lo Penal Económico Julio Cruciani denunció que una investigación por un fraude multimillonario en la Aduana se encontraba prácticamente paralizada a causa del proceder de “sospechosa ilicitud” por parte del opusdeísta Beliz, quien, según Cruciani, viene obstaculizando desde hace meses la tramitación de la causa.


Empezando por el principio

Este escándalo comenzó con otro escándalo: hace meses la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados impulsó una investigación sobre una millonaria evasión con lo que se conoce “régimen de importación temporaria”, un sistema que se utiliza para ingresar al país objetos que entran como bienes de importación, y que se utilizan y luego salen nuevamente, por lo cual no se paga ningún impuesto.

Según Cruciani, como importación temporaria se introducen al país tractores y maquinarias, pero de “forma grosera como ser plantas fabriles con equipamiento completo”.

“El problema es que nadie controla los bienes que ingresan de esa forma, y el dinero que se mueve alrededor, ya que al no pagar impuestos con este régimen hay para repartir de todos los colores y para todos”.

Según presume el magistrado, en la red de corrupción entran todos, “desde el policía que gana 500 pesos al agente de Prefectura o el vista de Aduana, pero la gran corrupción está en los altos niveles de decisión de la Policía, Gendarmería, Aduana, y del propio Gobierno, donde ‘la mafia aduanera’ opera con una impunidad desde siempre”. Según Cruciani para investigar esta causa había seleccionado personal que le parecía incorruptible y eficiente.

De esta manera la investigación habría comenzado a rendir sus frutos, con incautación de bienes y comprometedora documentación. En ese marco, el entonces jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, concurrió al despacho de Cruciani para plantearle que por orden de Béliz tenía que trasladar a todo el personal afectado a esa investigación.

El indignado magistrado desautorizó a Beliz y ordenó al policía que se abstuviera de remover a los investigadores, advirtiéndole que, si no hacía lo que le ordenaba, lo procesaría por desobediencia.

Tiempo después, Giacomino relataría que, cuando Béliz se enteró de lo sucedido, le había dicho “a mí no me importa que lo procesen, si yo le digo que se tire al precipicio usted debe hacerlo...”. Al mismo tiempo, el teléfono celular de Cruciani comenzaba a sonar con insistencia: y es que el mismísimo Béliz intentaba contactarlo con el propósito de “aclarar las cosas”. A partir de ese momento, lo sucedido en el despacho del juez es algo reservado sólo al conocimiento de quienes estuvieron en la célebre reunión.

Según reveló el magistrado, hubo un violento cruce de palabras, en las que él le espetó a Béliz que “no se confunda yo no soy el juez Nazareno. En toda mi carrera de juez nunca sufrí presiones como las que estoy padeciendo, ni incluso durante el gobierno menemista”.

El opusdeísta ministro habría retrucado diciendo que “con Menem los jueces eran presionables”, a lo que Cruciani contraatacó aseverando que “conmigo no pasó eso, pero si usted lo dice que fue ministro de Menem...”.

Lo sucedido después es harto conocido por todos: Giacomino fue denunciado –y “renunciado”- públicamente por Béliz con sorprendente apuro. El ministro aseguró que el jefe de Policía estaba “sumariado”.

Según Cruciani, Béliz había mentido. Giacomino no estaba con sumario alguno. “Lo investigué y el subcomisario no estaba sumariado, pero luego comprobé que tras mi charla con Béliz se le inició una persecución judicial, abriéndosele varias causas todas por denuncias anónimas y muy sospechosas, que si bien terminan con una falta de méritos determinaron que el nuevo jefe de la Federal lo pasara a disponibilidad”, confesó el magistrado.

De esta forma Cruciani se quedó sin investigadores de confianza y la causa, hoy en día, naufraga en el mar de la impunidad.


Finalmente

El juez Cruciani está realmente preocupado: "se está tapando el fondo y la gravedad de esta investigación en la Aduana, un contrabando de vieja data por sumas multimillonarias", asegura a quien quiera escucharlo.

Y es que esta causa envuelve una maniobra escandalosa de fraude de importación que involucra a petroleras, autopartes, textiles, insumos químicos, gráfica, e innumerables rubros que realizaron 12.500 importaciones    temporarias en los últimos cinco años sin pagar un peso de impuestos y con maniobras que involucran a toda una mafia aduanera que no funcionaría sin el aval de las altas autoridades.

Según Cruciani las importaciones temporarias “son un verdadero cáncer para la recaudación ya que se puede ingresar una plataforma de perforación y toda la maquinaria complementaria sin pagar impuesto alguno, ya que se garantiza que luego de realizar un trabajo saldrá del país, así como entró”.

Las palabras, salidas de boca de un magistrado, son gravísimas. Y es lamentable que los medios no se hagan eco de ello.

Lo que denuncia Cruciani es un reflejo de lo que es nuestro país.

Y lo que hacen los medios, nos guste o no, es síntoma de lo mismo.